La exhibición de una lista de periodistas, medios de comunicación, analistas y opositores presentada por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, durante la conferencia “Derecho de Réplica”, provocó una nueva ola de preocupación e indignación en sectores del periodismo mexicano, al considerar que señalar públicamente desde el poder a quienes ejercen una postura crítica puede convertirse en un mecanismo de intimidación y estigmatización. Entre los nombres mencionados aparecen Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Lourdes Mendoza y otros comunicadores, además de medios como EL UNIVERSAL, Latinus, ADN40 y Aristegui Noticias.

El episodio resulta particularmente contradictorio si se recuerda que en 2021 la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sentenció que hacer listas con amenazas implícitas era una característica del fascismo y defendió que en la llamada Cuarta Transformación existía libertad de expresión. Cinco años después, es el propio gobierno emanado de Morena el que coloca públicamente nombres de periodistas y medios dentro de un supuesto esquema de coordinación contra la administración federal.

La inconformidad no tardó en aparecer. El periodista Héctor de Mauleón cuestionó que, si una lista semejante hubiera sido elaborada por otro gobierno, “las buenas conciencias estarían ardiendo”; Sergio Sarmiento resumió el señalamiento al afirmar que los periodistas son ahora “villanos según la 4T”, mientras Denise Dresser cuestionó que el oficialismo haga precisamente aquello que durante años reprochó a gobiernos anteriores.

Y aquí hay una pregunta que el poder debería responder: ¿desde cuándo investigar, cuestionar, criticar o publicar información incómoda convierte a un periodista en enemigo del gobierno? El periodismo no está para aplaudir al poder, cualquiera que sea su partido o ideología; está para preguntar, investigar, contrastar versiones y poner frente a los ciudadanos aquello que los gobernantes preferirían mantener fuera del escrutinio público.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas convirtió buena parte de la estrategia oficial de comunicación en una permanente confrontación con medios y periodistas críticos, descalificando informaciones como “mentiras” o “campañas de desinformación”. La propia Presidencia de la República ha utilizado mecanismos de contraste contra publicaciones periodísticas, mientras que ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa espacios como “Derecho de Réplica” para responder a lo que considera información falsa.

Pero una cosa es responder con información, datos y argumentos y otra muy distinta es elaborar listas desde las estructuras del poder para identificar públicamente a quienes resultan incómodos. La crítica puede ser dura, equivocada o incluso injusta; la respuesta democrática, sin embargo, debe ser el debate y no la estigmatización. Y si un periodista incurre en una falsedad, existen mecanismos legales para exigir una aclaración o una réplica.

La preocupación adquiere todavía mayor dimensión en un país donde ejercer el periodismo continúa representando un riesgo. Reporteros Sin Fronteras señala que México ocupa el lugar 122 de 180 países en su clasificación mundial de libertad de prensa de 2026 y el 160 en materia de seguridad; además, reporta siete periodistas asesinados en México durante este año.

Por eso, desde CCO Noticias expresamos nuestro respaldo a todos los periodistas y medios de comunicación que ejercen su profesión con responsabilidad y libertad, independientemente de sus posiciones políticas. La democracia necesita periodistas incómodos, críticos y libres; necesita medios que puedan cuestionar al gobierno sin temor a ser señalados desde las oficinas del poder. La libertad de expresión no se concede desde Palacio Nacional: es un derecho constitucional que debe defenderse precisamente cuando incomoda a quienes gobiernan.