La Primera Comisión de la Comisión Permanente aprobó un dictamen para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una auditoría integral de los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno de Nuevo León, con especial atención en contratos de prestación de servicios y obras públicas ante señalamientos sobre posibles sobrecostos.

El documento, aprobado el pasado 12 de agosto, plantea que la fiscalización permita revisar la trazabilidad de los recursos, las cadenas de subcontratación, la identidad y capacidad operativa de los proveedores, las transferencias a terceros y la correspondencia entre los pagos efectuados y los servicios u obras efectivamente acreditados. La Comisión también pide que, de encontrarse irregularidades, se deslinden responsabilidades y, en su caso, se promuevan las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.

El dictamen recoge diversos señalamientos públicos relacionados con la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, entre ellos posibles actos de corrupción, uso indebido de recursos públicos, triangulación de recursos mediante proveedores, eventuales conflictos de interés y posibles operaciones de facturación falsa o lavado de dinero.

De manera particular, se refiere a reportajes que han documentado presuntas operaciones entre una empresa proveedora del Gobierno de Nuevo León, sociedades vinculadas y un despacho jurídico del que el gobernador ha reconocido haber sido socio. El propio mandatario ha negado cualquier irregularidad y ha sostenido que las relaciones comerciales señaladas son anteriores a su administración.

Ante ello, la Primera Comisión estableció que ninguna conclusión sobre posibles responsabilidades puede anticiparse, por lo que cualquier determinación deberá surgir exclusivamente de la revisión de contratos, pagos, comprobantes y demás elementos probatorios por parte de las autoridades facultadas.

La propuesta también plantea revisar expedientes de contratación, registros contables, comprobantes de pago, convenios modificatorios, estimaciones de obra y actas de entrega-recepción, con el propósito de preservar información relevante y detectar, en su caso, riesgos que pudieran afectar el patrimonio federal.

El exhorto enfatiza que la eventual auditoría no busca sustituir las facultades constitucionales de la ASF ni anticipar culpabilidades, sino solicitar que el órgano fiscalizador valore la procedencia de una revisión integral y determine las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. Todo el proceso, puntualiza el documento, deberá realizarse bajo los principios de debido proceso, presunción de inocencia y autonomía de las autoridades fiscalizadoras.

Con este dictamen, el Congreso coloca bajo revisión los recursos federales ejercidos por Nuevo León y abre la puerta a una fiscalización que deberá determinar si los señalamientos sobre contratos, proveedores, subcontrataciones y posibles sobrecostos corresponden a irregularidades comprobables o, en su caso, a operaciones realizadas conforme a la normatividad.