El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que la cancelación de visas por parte de Estados Unidos debe analizarse con “cabeza fría” y bajo criterios jurídicos, pues, a su juicio, una medida de carácter migratorio o administrativo no puede presentarse automáticamente como la existencia de un expediente judicial en contra de una persona.

A través de sus redes sociales, el senador de Morena cuestionó las interpretaciones políticas que se han hecho alrededor de la cancelación de visas y consideró que este tipo de decisiones forman parte de una estrategia de presión que calificó como “arquitectura psicológica y política”. Por ello, llamó a evitar conclusiones anticipadas y a mantener el análisis dentro del marco normativo correspondiente.

Mier Velazco también criticó a quienes, desde sectores de la oposición, respaldan las decisiones de Washington y las utilizan como argumento para confrontar al Gobierno de México. Sin mencionar nombres, calificó estas posturas como expresiones del “conservadurismo entreguista” y cuestionó que algunos actores políticos, dijo, pretendan validar la injerencia extranjera en asuntos nacionales.

El coordinador parlamentario planteó que, frente a este escenario, la respuesta debe mantenerse alejada de la confrontación mediática y sustentarse en principios jurídicos e institucionales. En ese sentido, resumió su posición en tres elementos: cabeza fría, rigor normativo y una defensa firme de la soberanía nacional.

El pronunciamiento ocurre en medio de la controversia generada por la cancelación de visas estadounidenses a figuras vinculadas al ámbito político mexicano y de las distintas interpretaciones sobre las razones que pueden estar detrás de estas medidas. Para el senador, el debate no debe reducirse a descalificaciones políticas ni utilizarse como sustituto de una investigación formal.

Mier Velazco sostuvo así una posición de defensa de la soberanía y llamó a distinguir entre una decisión administrativa de Estados Unidos y la existencia de responsabilidades jurídicas acreditadas, al tiempo que cuestionó que actores políticos mexicanos utilicen este tipo de medidas para alimentar disputas partidistas.

Su mensaje se inscribe en la creciente tensión del debate político nacional en torno a la relación México-Estados Unidos, particularmente cuando decisiones tomadas por autoridades estadounidenses son utilizadas por distintos sectores para respaldar o cuestionar al Gobierno mexicano.