El senador del PAN, Marko Cortés Mendoza, calificó como “vergonzosa” la abstención de México en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante la votación de una resolución destinada a convocar de manera urgente a los ministros de Relaciones Exteriores del continente para analizar la grave crisis democrática que atraviesa Nicaragua. El legislador panista cuestionó la posición adoptada por el gobierno mexicano y sostuvo que con ella México se colocó, nuevamente, “del lado equivocado de la historia” en materia de democracia y derechos humanos.

La resolución fue aprobada el miércoles con 29 votos a favor, uno en contra —emitido por Brasil— y la abstención de México, y plantea convocar una reunión de consulta de los cancilleres para considerar la situación nicaragüense. El documento sostiene que los acontecimientos recientes en ese país constituyen un asunto urgente y de interés para los Estados americanos, particularmente ante el deterioro de las condiciones democráticas y la ausencia de garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos.

La controversia se produce después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones, en una decisión que profundiza el proceso de concentración del poder que organismos interamericanos han venido documentando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las recientes reformas constitucionales impulsadas por el régimen Ortega-Murillo consolidan la concentración del poder y son incompatibles con principios democráticos y con el ejercicio efectivo de los derechos políticos.

El representante de México ante la OEA, Alejandro Encinas, defendió la abstención de México durante la sesión y argumentó que la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza para la paz o la seguridad hemisférica. Explicó que caracterizarla de esa manera podría abrir la puerta a acciones que excedan las facultades de la organización y afectar los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias. También advirtió que una actuación de ese tipo podría profundizar la confrontación y generar una mayor desestabilización.

La postura mexicana fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostuvo que la decisión responde a los principios constitucionales que rigen la política exterior mexicana, particularmente el respeto a la autodeterminación de los pueblos. La mandataria explicó que la posición de México no depende de que ella o el representante ante la OEA estén de acuerdo o en desacuerdo con la situación interna de Nicaragua, sino de los principios que, dijo, establece la Constitución para la actuación internacional del país.

Sin embargo, Marko Cortés cuestionó precisamente esa política exterior y afirmó que el gobierno mexicano está haciendo “la vista gorda” ante lo que calificó como una dictadura. El senador panista sostuvo que la población nicaragüense no necesita discursos que nieguen o minimicen la realidad que enfrenta, sino respaldo internacional frente a las restricciones democráticas y las violaciones a los derechos humanos.

Los señalamientos del legislador ocurren en un contexto en el que organismos del sistema interamericano han elevado sus alertas sobre Nicaragua. En febrero pasado, la CIDH describió al país como uno de los escenarios más críticos de la región en materia de derechos humanos y señaló que persisten el control y la vigilancia estatal contra personas consideradas opositoras, además de restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y manifestación. La Comisión también documentó la disolución forzada de más de 5 mil 600 organizaciones de la sociedad civil.

La CIDH volvió a pronunciarse recientemente contra las reformas constitucionales nicaragüenses y llamó a restablecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan elegir y ser elegidos mediante elecciones libres, auténticas, periódicas y competitivas. También advirtió que la represión transnacional, la migración forzada y otras consecuencias de la crisis representan desafíos para otros países de la región.

En este escenario, el diferendo político entre el PAN y el gobierno federal coloca nuevamente en el centro del debate la doctrina de política exterior mexicana. Mientras la administración de Sheinbaum sostiene que su abstención responde a los principios de soberanía, autodeterminación y no intervención, la oposición considera que esos principios no deben utilizarse para evitar una postura firme frente al deterioro democrático y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

El debate trasciende, por tanto, una votación en la OEA: enfrenta dos visiones sobre el papel que México debe desempeñar ante las crisis democráticas de América Latina. Para el gobierno federal, la prioridad es preservar los principios tradicionales de la política exterior mexicana; para Cortés y la oposición, México debe asumir una posición más activa en defensa de la democracia y los derechos humanos, particularmente ante un régimen que, según organismos interamericanos, ha profundizado la concentración del poder.