El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de México votó en contra de la expedición de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al considerar que la reforma representa un retroceso en las garantías para que la ciudadanía conozca y vigile las actuaciones de las autoridades.

A nombre de la bancada priista, el diputado Eduardo Zarzosa señaló que el nuevo ordenamiento, presentado como parte de un proceso de armonización legislativa, reduce el nivel de protección existente en materia de transparencia y acceso a la información, además de contravenir el principio de progresividad de los derechos humanos.

El principal cuestionamiento del PRI se centra en la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) como organismo autónomo y su sustitución por un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría.

De acuerdo con Zarzosa, esta modificación implica que la nueva autoridad carecerá de independencia orgánica y presupuestaria, mientras que su titular podrá ser designado y removido libremente por el Poder Ejecutivo. Para el legislador, esta situación representa una disminución de las garantías institucionales que deben existir para proteger el derecho de las personas a acceder a información pública.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación entre los priistas es el nuevo esquema para revisar las solicitudes de información y resolver posibles controversias. La legislación contempla que la autoridad obligada a proporcionar información sea también la encargada de evaluar su propia actuación y atender las impugnaciones que se presenten.

Desde la perspectiva del PRI, este mecanismo sustituye un modelo de revisión externa, independiente y especializada por otro en el que los propios poderes públicos terminarían revisando sus decisiones y, en los hechos, determinando si están obligados a entregar la información solicitada.

La bancada advirtió que el cambio no debe considerarse únicamente una modificación administrativa, debido a las consecuencias que podría tener para quienes recurren a los mecanismos de transparencia para conocer el uso de los recursos públicos, las decisiones gubernamentales o el desempeño de los funcionarios.

“No son datos menores, son señales de alerta, son advertencias muy claras de lo que provocará la ausencia de una autoridad independiente. Porque cuando la transparencia se debilita, también se debilita la capacidad ciudadana para controlar los excesos del poder”, sostuvo Zarzosa.

El legislador consideró que contar con una institución independiente resulta fundamental para garantizar que las autoridades cumplan con sus obligaciones de transparencia, particularmente cuando existe una negativa para proporcionar información o cuando una persona considera que su solicitud no fue atendida de manera adecuada.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, el problema también alcanza la protección de los datos personales. La bancada alertó que las consecuencias de la implementación de la nueva legislación podrían recaer directamente en las y los mexiquenses, tanto cuando soliciten información pública y no obtengan una respuesta satisfactoria como cuando sus datos personales sean vulnerados o expuestos.

La discusión sobre la nueva legislación se inscribe así en un debate más amplio sobre el equilibrio entre las instituciones públicas y los mecanismos de vigilancia ciudadana. Mientras la reforma plantea una nueva estructura para atender las obligaciones de transparencia, el PRI sostiene que eliminar la autonomía del órgano especializado puede reducir la capacidad de la sociedad para exigir cuentas a los gobiernos.

El voto en contra del PRI refleja, en ese sentido, su rechazo a un modelo en el que las autoridades puedan terminar siendo juez y parte frente a las solicitudes de información. Para los legisladores priistas, la existencia de una instancia independiente no constituye un elemento accesorio, sino una garantía para que el derecho de acceso a la información pueda ejercerse frente al propio poder público.

Zarzosa insistió en que el acceso a la información es una herramienta fundamental para la ciudadanía y que cualquier modificación legislativa debe fortalecer, y no disminuir, las garantías para ejercerlo. Bajo ese argumento, el PRI decidió rechazar el dictamen y advirtió que los efectos de la nueva legislación serán experimentados directamente por la población mexiquense cuando enfrente negativas de información o eventuales vulneraciones a sus datos personales.