Senadoras, senadores, especialistas, fiscalías, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, familiares de víctimas y sobrevivientes participaron en mesas de diálogo convocadas por el Senado de la República para analizar y enriquecer la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El ejercicio tuvo como objetivo incorporar experiencias, propuestas técnicas y estándares nacionales e internacionales para fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia feminicida.

Las mesas de trabajo fueron organizadas por las comisiones para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera, que presiden Martha Lucía Mícher Camarena, Javier Corral Jurado y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, respectivamente. Durante la jornada se analizaron seis grandes ejes: prevención de la violencia feminicida y políticas públicas; investigación, debida diligencia y análisis de contexto; tipo penal, tentativa y agravantes; derechos de las víctimas, reparación integral y orfandad; coordinación institucional y sistemas de información, así como la implementación de la nueva legislación.

Al inaugurar los trabajos, Manuel Huerta destacó que se trató de un espacio plural y especializado para identificar los principales obstáculos que enfrenta el Estado en la prevención e investigación de los feminicidios. El senador de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, señaló que la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la capacidad institucional y garantizar que las mujeres que soliciten ayuda encuentren autoridades cercanas, sensibles y preparadas para responder oportunamente.

Desde la oposición, la senadora priista Carolina Viggiano Austria informó que formulará 14 propuestas para modificar el proyecto, sin alterar su estructura general, mediante adiciones, precisiones y ajustes a diversas disposiciones. A su vez, Paz López, representante de ONU Mujeres, planteó reforzar los sistemas de información y registros homologados, mientras que Teresa Hernández Suárez, de Cincuenta Más Uno México, llamó a transformar al Estado de una instancia reactiva a una institución verdaderamente preventiva y protectora.

Uno de los temas centrales fue la investigación del feminicidio. La senadora Ana Francis Chiquete Elizalde informó que se recibieron 29 propuestas sobre 43 artículos y ocho transitorios, orientadas a garantizar investigaciones exhaustivas, imparciales, oportunas y con perspectiva de género. Entre las propuestas destacó la creación de unidades especializadas en las fiscalías, mejorar el acceso a información de compañías telefónicas para evitar retrasos en las investigaciones y fortalecer el principio de debida diligencia conforme a estándares internacionales.

También se plantearon modificaciones para reconocer expresamente distintas formas de violencia y garantizar una protección más amplia a las víctimas. La activista María Elena Ríos propuso incluir sustancias tóxicas, explosivos y líquidos a altas temperaturas como elementos en la tentativa de feminicidio, mientras que familiares de víctimas y sobrevivientes exigieron evitar la revictimización, reconocer la importancia de sus testimonios y establecer responsabilidades para quienes encubran a agresores u obstaculicen las investigaciones.

En materia penal, Javier Corral Jurado advirtió que el proyecto requiere una revisión jurídica cuidadosa, particularmente por las sanciones previstas de hasta 70 años de prisión o más, con el propósito de evitar interpretaciones que puedan generar impugnaciones. Sobre la tentativa de feminicidio, sobrevivientes y especialistas solicitaron que sea reconocida expresamente como agravante y que no pueda ser reclasificada como simple violencia doméstica, mientras que también se propuso crear un registro nacional de sobrevivientes de tentativa de feminicidio.

Las mesas incluyeron además propuestas para reconocer la sumisión química como una forma de violencia, incorporar disposiciones específicas para atender los transfeminicidios y fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Organizaciones civiles plantearon que la reparación integral tenga un enfoque transformador y que el Estado asuma una responsabilidad efectiva frente a las víctimas y sus familias.

Otro eje fue la capacidad institucional para aplicar la nueva legislación. La senadora Virginia Magaña Fonseca advirtió que aprobar una nueva ley no será suficiente si las instituciones carecen de recursos humanos, técnicos y presupuestales para cumplir sus obligaciones. También se propuso garantizar intérpretes y traductores de Lengua de Señas Mexicana en las instancias que atiendan casos de feminicidio, así como materiales accesibles para mujeres con discapacidad auditiva.

Fiscalías estatales plantearon, además, precisar figuras de autoría correspectiva o indeterminada para evitar que la participación de varias personas en un feminicidio genere vacíos legales que permitan la liberación de responsables. Finalmente, durante la mesa sobre implementación de la ley, organizaciones como EQUIS Justicia para las Mujeres y México Unido contra la Delincuencia propusieron fortalecer la gestión de riesgos y aclarar que la prisión preventiva de una persona imputada no significa necesariamente que haya desaparecido el riesgo para las víctimas.

El ejercicio realizado en el Senado busca, de esta manera, ampliar la discusión de la iniciativa presidencial antes de su eventual aprobación, incorporando las experiencias de quienes han enfrentado directamente la violencia feminicida y las aportaciones de especialistas, fiscalías, organizaciones sociales y legisladores. El objetivo planteado es construir un marco legal que no sólo establezca sanciones más claras, sino que fortalezca la prevención, la investigación, la protección de las víctimas y la capacidad de las instituciones para evitar que los feminicidios permanezcan impunes.