La Secretaría de Gobernación marcó distancia frente al regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa y aclaró que su reincorporación al cargo obedeció exclusivamente a una decisión de carácter personal, no a una determinación del Gobierno Federal. El deslinde adquiere relevancia porque Rocha Moya retomó este viernes sus funciones después de 112 días de licencia, periodo en el que se sometió a investigaciones de la Fiscalía General de la República por los señalamientos formulados desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez precisó además un punto que contradice la interpretación de Rocha Moya de que su caso habría quedado plenamente esclarecido: las carpetas de investigación de la FGR continúan abiertas y están relacionadas con las diez personas señaladas por el Departamento de Justicia estadounidense, entre ellas el gobernador sinaloense. Gobernación también señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado reiteradamente a Estados Unidos que entregue las pruebas que sustenten sus acusaciones y dejó en manos de la FGR proporcionar la información adicional que considere pertinente conforme avancen las indagatorias.

El deslinde oficial coloca un matiz importante sobre el discurso con el que Rocha Moya justificó su regreso. El mandatario afirmó que después de 112 días de investigación no existían elementos que acreditaran su participación en algún delito y anunció su reincorporación “con la frente limpia y en alto”. Sin embargo, SEGOB no habló de una exoneración ni de un cierre de las investigaciones; por el contrario, confirmó que las indagatorias siguen su curso y que corresponde a la Fiscalía determinar qué información puede hacerse pública.

El asunto ocurre además en un momento especialmente delicado para la relación México-Estados Unidos. En abril, fiscales estadounidenses acusaron a Rocha Moya y a otros funcionarios, según Reuters, de presunta colaboración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para facilitar actividades de narcotráfico a cambio de apoyo político y sobornos. Rocha ha negado las acusaciones y sostiene que se trata de señalamientos políticamente motivados; Estados Unidos, hasta ahora, no ha anunciado una respuesta pública a su regreso al cargo.

Así, mientras Rocha Moya presenta su retorno como una reivindicación de su inocencia, el propio Gobierno Federal deja claro que el expediente no está cerrado. La frase de SEGOB —“decisión de carácter personal”— también abre una pregunta política inevitable: si la reincorporación no fue una determinación federal, ¿quién asumirá la responsabilidad política por las consecuencias de que un gobernador señalado por autoridades estadounidenses vuelva a ejercer plenamente el poder en Sinaloa mientras las investigaciones mexicanas permanecen abiertas?