Por Daniel Lee

El Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de cerrar una etapa de trabajo que, en el papel, deja avances importantes para garantizar el voto de las y los mexicanos que viven fuera del país. Credencialización, registro, voto postal, electrónico y presencial, nuevas herramientas digitales y coordinación con los organismos electorales locales forman parte de una estrategia que, sin duda, representa un paso adelante. Pero hay una pregunta que no puede quedar fuera del balance: ¿estos avances están logrando que más mexicanos en el exterior voten realmente?
Porque una cosa es perfeccionar la maquinaria electoral y otra muy distinta conseguir que millones de connacionales se incorporen efectivamente a la vida democrática del país.
El informe final de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, correspondiente a septiembre de 2025-agosto de 2026, reporta ocho sesiones y 37 asuntos atendidos, con ocho de diez compromisos concluidos. También destaca el Plan Integral de Trabajo para los procesos electorales locales 2026-2027, así como la coordinación entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales.
Todo eso es necesario. Pero no es suficiente.
Los propios números obligan a mirar el problema con mayor severidad. Al 13 de agosto de 2026, el INE registraba 1.67 millones de personas en el padrón electoral del extranjero, pero apenas 791 mil en la lista nominal con credencial confirmada. Además, se habían entregado poco más de 1.96 millones de credenciales para votar desde el extranjero.
La brecha es demasiado grande para conformarnos con celebrar mejoras administrativas.
México tiene una comunidad migrante enorme, profundamente vinculada económica, familiar y socialmente con el país. Son mexicanos que trabajan, envían remesas, sostienen hogares, construyen patrimonio y mantienen vínculos permanentes con sus comunidades de origen. Sin embargo, cuando llega la hora de participar políticamente, demasiadas veces encuentran trámites, desconocimiento, obstáculos tecnológicos o simplemente una oferta institucional que todavía no logra hablarles en sus propios códigos y desde sus propias comunidades.
El INE está intentando corregir esa realidad. La nueva identidad gráfica, el sitio votoenelextranjero.mx, WhatsApp y la aplicación “Mi INE, mi voto donde esté” son herramientas útiles. También lo es la evolución del voto electrónico por internet y la plataforma que unifica el procesamiento de las solicitudes para las tres modalidades de sufragio: postal, electrónico y presencial.
Pero la tecnología no puede convertirse en una nueva barrera.
El reto no es simplemente digitalizar el voto. Es democratizarlo. Y eso significa llegar al mexicano que vive en una gran ciudad estadounidense, pero también al trabajador que está disperso, al joven que nunca ha votado, a quien tiene una credencial vencida, a quien desconoce los procedimientos y a quien desconfía de que su participación realmente tenga consecuencias.
Hay otro desafío todavía mayor: la representación política.
En 2027, las y los mexicanos residentes en el extranjero podrán participar en elecciones para diez gubernaturas y cuatro diputaciones migrantes en Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca. Además, contarán con tres modalidades para votar: postal, electrónica y presencial.
Eso convierte al proceso 2026-2027 en una prueba decisiva.
Ya no basta con decir que México tiene una democracia incluyente. Hay que demostrarlo con participación, representación y resultados.
El voto migrante no debe ser tratado como un apéndice electoral ni como un asunto administrativo del INE. Es un componente de la democracia mexicana y un derecho que debe ejercerse sin fronteras. Quien vive fuera del territorio nacional no deja de ser ciudadano mexicano por cruzar una frontera. Tampoco pierde el derecho a opinar sobre el rumbo del país que dejó atrás, sobre las autoridades que gobiernan su estado o sobre las decisiones que afectan a su familia.
Por eso, el balance de la Comisión debe ser punto de partida, no punto final.
Es un hecho: La democracia mexicana tiene una deuda histórica con sus migrantes. Reducirla exige mucho más que tecnología y campañas institucionales: requiere cercanía, información, representación y voluntad política.
Porque los mexicanos que viven fuera del país siguen siendo parte de México. Y si su voz cruza fronteras todos los días para sostener a sus familias y comunidades, su voto también debe poder hacerlo.
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