PUEBLA, Pue.— Durante años, una deuda se convirtió para cientos de familias productoras de Puebla en una preocupación permanente. En algunos casos, detrás de los créditos había propiedades, tractores y otros bienes entregados como garantía; en otros, los intereses acumulados hicieron prácticamente imposible cubrir los adeudos. Hoy, para más de mil personas, esa historia comienza a cambiar.

El programa “Volver a Crecer”, impulsado por el Gobierno de México, permitió que mil 115 personas en Puebla concluyeran los créditos que mantenían con la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FND). De este universo, 314 son mujeres y 801 son pequeños productores, quienes ahora tienen la posibilidad de recuperar su patrimonio, mejorar su historial crediticio y acceder nuevamente a financiamiento formal.

La directora general del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, informó que las acciones realizadas en Puebla representan un beneficio estimado en 600 millones de pesos. Durante el acto, fueron entregadas 489 cartas finiquito de liberación de adeudos, documentos que representan para las familias no sólo el cierre de una obligación financiera, sino también el inicio de una nueva etapa.

El programa contempla, además, atención para quienes todavía mantienen algún saldo. En Puebla fueron atendidas 34 personas pertenecientes al segmento de descuento, mientras que quienes aún tienen adeudos pueden acceder a un esquema que contempla 30 por ciento de descuento para la reestructura de sus créditos.

Fernández Balboa explicó que “Volver a Crecer” surgió por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, emitida el 8 de mayo, como respuesta a las dificultades que enfrentaron familias productoras afectadas tanto por fenómenos naturales como por prácticas indebidas de despachos de crédito.

La medida permite liberar los adeudos de mujeres que tenían créditos superiores a 397 mil pesos, así como de pequeños productores con créditos mayores a 248 mil pesos, bajo los criterios establecidos por el programa.

Uno de los aspectos centrales de este proceso es que la liberación no se limita a informar que una deuda terminó. El beneficio incluye la entrega de la carta de finiquito, el desistimiento de acciones legales, la liberación de garantías y la actualización del historial en el buró de crédito. Con ello, las personas beneficiarias recuperan condiciones para buscar nuevos financiamientos y continuar con sus actividades productivas.

El trámite, de acuerdo con las autoridades, es personal, gratuito y sin intermediarios, y puede realizarse mediante atención directa en 48 módulos y sucursales. En Puebla, la directora general del INDEP reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier para alcanzar los resultados anunciados.

Para el mandatario estatal, el significado de estas acciones trasciende las cifras financieras. “El Humanismo Mexicano significa ponerse del lado de quienes más lo necesitan”, afirmó, al recordar que detrás de cada crédito existe una familia que, en determinados casos, puso como garantía el título de una propiedad o la factura de un tractor.

Por ello, Armenta Mier consideró que la liberación de las obligaciones representa mucho más que el cierre de una cuenta bancaria. Se trata, dijo, de recuperar la paz, el patrimonio y la posibilidad de comenzar de nuevo.

El gobernador instruyó a la Secretaría de Gobernación mantener la coordinación con el Gobierno de México para que más productoras y productores poblanos puedan conocer y acceder a este beneficio. Paralelamente, reiteró su compromiso con el sector agropecuario mediante una inversión histórica de mil 700 millones de pesos, que contempla la adquisición de mil 800 equipos agrícolas, distribución de semillas y fertilizantes, trabajos de barbecho y rastra, apoyo para diésel y el objetivo de reactivar 400 mil hectáreas para 2027.

La estrategia se desarrolla en el contexto de la liquidación de la Financiera Nacional, institución que dejó de operar en 2023 luego de enfrentar señalamientos relacionados con prácticas indebidas, una gestión ineficiente y una cartera vencida acumulada durante administraciones anteriores. El INDEP fue designado como único liquidador y actualmente encabeza el proceso.

En este escenario, “Volver a Crecer” busca convertir una situación de endeudamiento prolongado en una oportunidad para recuperar la capacidad productiva. El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, señaló que las y los delegados acudieron directamente a las comunidades para informar a las familias que sus deudas habían llegado a su fin.

El impacto de la medida puede observarse también en las historias de quienes recibieron sus documentos. Isabel Arellano Guerrero describió la carta finiquito como el cierre de una etapa y una oportunidad para recuperar la esperanza de trabajar y comenzar nuevamente.

En Amixtlán, el productor de café Felipe Santiago recordó que hace dos décadas adquirió una deuda para invertir en sus cultivos. Con el paso del tiempo, los intereses hicieron que el compromiso se volviera prácticamente impagable. La liberación del adeudo, afirmó, representa dejar atrás una preocupación que durante años pesó sobre su economía.

Una situación similar vivió Elena Montalvo Sánchez, de Eloxochitlán, quien celebró el fin de una obligación que comprometía las finanzas de su familia. Ahora, explicó, podrá concentrar mayores esfuerzos en el cultivo de café.

En Piaxtla, el productor de jitomate en invernadero Cristian Carrera resumió el impacto del programa después de una década marcada por el adeudo: alivio y tranquilidad.

Son historias que muestran la dimensión social detrás de una política financiera. La cancelación o reestructura de un crédito no sólo modifica un registro contable; puede significar que una familia deje de temer por una propiedad, que un productor vuelva a invertir en su parcela o que una persona recupere la posibilidad de solicitar financiamiento para fortalecer su actividad económica.

Con “Volver a Crecer”, los gobiernos federal y estatal plantean así una política orientada a brindar certeza jurídica y recuperar la capacidad productiva de quienes fueron usuarios de la extinta FND. Para las familias beneficiarias, el fin de una deuda representa la posibilidad de mirar nuevamente hacia adelante.