El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, afirmó que el cambio de funcionarios y los movimientos en la gubernatura de Sinaloa no resolverán la profunda crisis de seguridad, gobernabilidad e instituciones que enfrenta la entidad, por lo que consideró indispensable construir un plan de Estado que permita recuperar las capacidades institucionales, fortalecer la seguridad y garantizar recursos para el desarrollo.

Durante su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, acompañado por los especialistas Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, el coordinador parlamentario del PRI sostuvo que el principal problema de Sinaloa es el debilitamiento de sus instituciones, situación que, advirtió, impide recuperar la paz y retomar una ruta de desarrollo. Cuestionó la credibilidad del Poder Judicial, del Congreso estatal, de la Fiscalía y de las corporaciones policiacas, a partir de diversos episodios registrados durante la actual administración.

Moreira Valdez también puso en duda que el nombramiento de la gobernadora interina represente un cambio de fondo, al recordar que anteriormente se desempeñó como diputada y secretaria de Educación durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. En este sentido, consideró que sustituir personas sin modificar las estructuras políticas e institucionales que han operado en el estado no permitirá enfrentar las causas de la crisis.

El legislador priista subrayó además que la reconstrucción de Sinaloa requiere recursos económicos suficientes. Señaló que los estados han perdido capacidades financieras durante los últimos años y que la falta de presupuesto limita la posibilidad de renovar las corporaciones policiacas, fortalecer la prevención del delito, ampliar el número de jueces y ministerios públicos, mejorar sus condiciones laborales y proteger al personal encargado de la seguridad y procuración de justicia.

Ante este escenario, Moreira Valdez planteó que Morena no debería participar en las próximas elecciones de Sinaloa, bajo el argumento de que la reconstrucción institucional requiere romper con las estructuras políticas que, desde su perspectiva, han permitido el deterioro de las instituciones y la seguridad en la entidad.

Miguel Ángel Sulub señaló que Morena ha mantenido una posición contradictoria frente al caso de Rubén Rocha Moya, pues inicialmente se resistió a promover acciones en su contra y defendió al gobernador ante los cuestionamientos, mientras que posteriormente, tras su reincorporación al cargo, el propio partido terminó exigiéndole que solicitara nuevamente licencia.

Sulub sostuvo que lo ocurrido en Sinaloa constituye un reflejo de problemas presentes en otras entidades del país, particularmente por el incremento de la inseguridad y el debilitamiento de instituciones fundamentales como las fiscalías, los ministerios públicos y los poderes judiciales.

Por su parte, Mario Di Costanzo calificó como una “burla de Morena” el episodio político protagonizado por Rocha Moya y consideró que representa la aplicación de la denominada “teoría gatopardiana”, consistente en hacer cambios para que, en los hechos, todo permanezca igual. Afirmó que la situación constituye una tragedia para Sinaloa y que una solución de fondo requiere modificar las condiciones políticas, institucionales y económicas que han generado la crisis.

Rubén Moreira concluyó que Sinaloa necesita mucho más que cambios de funcionarios: requiere reconstruir sus instituciones, recuperar capacidades de investigación y procuración de justicia, fortalecer las corporaciones de seguridad y garantizar presupuesto suficiente. Advirtió que el caso sinaloense evidencia un problema de alcance nacional, caracterizado por el debilitamiento institucional, el avance de la violencia y la ausencia de estrategias de largo plazo para recuperar la gobernabilidad y la paz.