Roberto Vizcaíno

Que la oposición reclame, repudie y cuestione la reinserción del senador sinaloense Enrique Inzunza a su escaño en el Senado, y si los reporteros y sus medios le exigen explicaciones y definiciones, es algo normal en su circunstancia.
Qué a los fiscales norteamericanos que demandan formalmente al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum su captura para ser extraditado a fin de ser enjuiciado en un tribunal de Brooklin donde tiene un juicio abierto por vínculos con el Cartel de Sinaloa, y si se les desorbitaron los ojos y exclamaron “¡WHAT!”, ante la bienvenida y reparto de abrazos, de comentarios en corto, al oido que le dieron sus amigos y excompañeros de bancada senatorial de Morena ayer en el Pleno del Senado, es igualmente comprensible.
Lo que no es normal ni comprensible es por qué la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, la líder nacional de Morena Ariadna Montiel, los gobernadores de Morena, las bancadas legislativas en la cámara alta y en San Lázaro, Ricardo Monreal que habló de “cisma” en el caso de Rocha Moya, y los otros muchos que reaccionaron exigiéndole prudencia, sensatez y mesura, y pedirle que volviera a pedir licencia al gobernador Rubén Rocha Moya cuando hace un par de semanas retornó sorpresivamente a su cargo en Sinaloa, ahora dejan que el senador-poeta de Badiraguato retome sus tareas legislativas sin demandarle nada.
Todos ellos se quedaron calladitos – ¿Por qué así se ven más bonitos? -, viendo cómo Inzunza cruzaba pasillos y plazas del Senado para finalmente llegar trajeado y peinado al Pleno para sentarse en su escaño de primera fila y ver la llegada del doctor Higinio Martínez a la presidencia del Senado.
RESCATE DE HECHOS
Hoy, en este escenario y contexto, es importante recobrar los hechos:
Y los hechos indican que el 28 de abril anterior cambió su destino -él tenía todo planchado (como se dice en política), para ser el candidato de Morena a Gobernador de Sinaloa en 2027 y ser el sucesor de su amigo, compadre y socio el gobernador Rubén Rocha Moya-, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos requirió al Gobierno de México vía el Departamento de Estado, su detención con fines de extradición junto con la del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya y 8 colaboradores más por narcotráfico y tráfico y posesión de armas.
Las imputaciones formales son: asociarse al Cartel de Sinaloa para conspirar y enviar narcóticos a EU, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos a cambio de sobornos y protección política.
El comunicado de las autoridades de justicia dice que a Inzunza, Rocha Moya y demás implicados:
«Se les acusa de haberse aliado al Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos».
El caso fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla por el Fiscal Federal Jay Clayton, y por el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, Terrance C. Cole, con base en una acusación de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos a cargo del caso son: Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles.
Todo eso fue retomado por el Departamento de Justicia para exigir la detención del gobernador, el senador y un alcalde en funciones surgidos del partido Morena y otros 7 implicados y luego ser extraditados a EU para ser juzgados en NY, no por una oficina de esa dependencia.
«El Cartel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas…
«El Cartel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo», agregó el fiscal federal Jay Clayton.
Junto con Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el Departamento de Justicia de EU acusa a:
A Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa y al general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública Estatal en Sinaloa, quienes ya se entregaron a la justicia norteamericana y negocian para ser colaboradores en este caso.
Esta demanda incluye a Dámaso Castro Zaavedra, Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del estado; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado; Jorge Alberto Contreras Núñez, alias A/K/A – “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, ex director Adjunto de la Policía Estatal y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien además es señalado de participar en el secuestro y asesinato de un colaborador y fuente de la DEA, y un familiar de este.
Al dar a conocer el inicio de este proceso, el fiscal Clayton señalo que este proceso significaba para la administración del presidente Donald Trump emitir “un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: que, sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia… que el apoyo de funcionarios corruptos debe terminar…”
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, indicó a su vez el jefe de la DEA, Terrance Cole.
UNO ES ENVIADO AL CADALSO Y EL OTRO ES TOLERADO Y RECONOCIDO
En este contexto, con los mismos cargos y requeridos por las mismas autoridades de EU, el gobernador Rubén Rocha Moya es descartado y hundido rápidamente por la 4T al intentar su reinserción, y el senador Enrique Inzunza por el contrario regresa casi en hombros al Pleno del Senado para sentarse en su escaño de primera fila y convivir y continuar siendo parte de las decisiones del Poder de Morena.
¿Cuál la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué Inzunza sí y Rocha Moya no?

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