El Poder Judicial del Estado de México cerró su primer año bajo la nueva configuración institucional con un balance marcado por dos realidades: por un lado, la puesta en marcha de mecanismos para acercar la justicia a la ciudadanía, la incorporación de herramientas tecnológicas y avances en distintas áreas jurisdiccionales; por otro, una creciente demanda de servicios que mantiene como pendientes el rezago, la falta de personal, la infraestructura insuficiente y los tiempos de resolución.

Durante la sesión solemne y conjunta con los Plenos del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, el Magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, presentó su Primer Informe de Labores 2025-2026, correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a agosto de 2026.

Ante la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, autoridades municipales, integrantes del sector jurídico y representantes de instituciones públicas y sociales, Macedo García expuso los resultados de un año que definió como parte de la transformación derivada de la reforma judicial.

Uno de los principales indicadores revela la magnitud de la tarea: en el periodo informado se iniciaron 289 mil 421 asuntos, es decir, un promedio superior a mil 100 nuevos casos cada día. Frente a esta demanda, los órganos jurisdiccionales concluyeron 187 mil 220 asuntos y emitieron 222 mil 328 resoluciones.

La materia familiar concentró prácticamente la mitad de la actividad, con 137 mil 733 asuntos iniciados, equivalentes al 47 por ciento del total, además de 108 mil 25 resoluciones. Este volumen llevó a implementar Brigadas de Apoyo Jurisdiccional en juzgados familiares de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Cuautitlán, Tlalnepantla y Toluca. En estos órganos, los expedientes concluidos aumentaron 35 por ciento, las sentencias definitivas 34 por ciento y las notificaciones diligenciadas 50 por ciento.

Llevar la justicia hasta las personas

Más allá de las cifras judiciales, uno de los ejes del informe fue el replanteamiento de la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Bajo esta perspectiva se fortalecieron programas como las Audiencias Ciudadanas e Institucionales, el modelo de atención por videoconferencia CONTIGO y, particularmente, Justicia Casa por Casa, considerado el programa insignia de la administración.

Esta última estrategia llevó servicios de orientación y atención directamente a los hogares de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan. Cerca de cuatro mil domicilios fueron visitados; 723 personas recibieron atención, 532 manifestaron interés en continuar con algún proceso de acompañamiento, 50 casos requirieron seguimiento y 42 personas acudieron posteriormente a módulos institucionales.

El objetivo, explicó el Poder Judicial, es reducir las barreras que enfrentan quienes por razones económicas, geográficas o sociales tienen dificultades para acceder a las instituciones de justicia.

La construcción del Plan de Desarrollo del Poder Judicial también buscó incorporar la participación ciudadana y del propio personal. Para ello fueron consultadas más de tres mil personas, se recibieron 200 propuestas técnicas y se organizaron mesas de diálogo en diez municipios.

El ejercicio de escucha también alcanzó al interior de la institución. Se realizaron reuniones con 861 actuarias y actuarios y 320 personas juzgadoras de las cuatro regiones del estado, además de visitas a 105 juzgados, seis salas y tres tribunales de alzada, con el propósito de conocer directamente las condiciones en las que se desarrolla el trabajo jurisdiccional.

Un año con énfasis en violencia de género

Entre las iniciativas que sobresalen se encuentra el Juzgado LIBRE, diseñado como un mecanismo de atención inmediata para mujeres en situación de violencia. La propuesta busca eliminar procedimientos burocráticos que puedan retrasar la protección de las víctimas, por lo que no será indispensable contar con una persona abogada, ratificar una denuncia u observar otros formalismos.

La reforma constitucional que dio origen a este mecanismo fue presentada conjuntamente por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política; el fiscal general José Luis Cervantes Martínez; Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y Héctor Macedo García, en representación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. La iniciativa fue aprobada por el Congreso mexiquense en diciembre de 2025.

En paralelo, el Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emitió 4 mil 543 medidas de protección. Mientras tanto, el Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea concedió 3 mil 145 órdenes de aprehensión y 2 mil 922 órdenes de cateo, además de ratificar 56 medidas de protección.

En los Centros de Convivencia Familiar se contabilizaron 46 mil 732 atenciones a niñas, niños y adolescentes y más de 36 mil convivencias de tránsito, supervisadas y electrónicas.

Tecnología para una justicia más accesible

La modernización tecnológica fue otro de los componentes destacados. El Tribunal Electrónico atiende a más de 170 mil personas usuarias externas y mantiene sus servicios disponibles durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

A ello se sumó el llamado Intérprete de Sentencias, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para convertir resoluciones jurídicas complejas en explicaciones comprensibles para la ciudadanía. Durante su primer mes de operación procesó mil 400 resoluciones.

También se implementó JustiBot, asistente virtual basado en inteligencia artificial que busca ofrecer respuestas inmediatas y accesibles, al tiempo que disminuye la presión sobre los canales tradicionales de atención.

La justicia alternativa registró, por su parte, 21 mil 903 procesos iniciados y 10 mil 56 convenios alcanzados en materias familiar, civil, mercantil, comunitaria, escolar e indígena. Además, fueron formadas y certificadas 126 personas facilitadoras privadas, mientras que 626 participantes acreditaron su preparación en mediación escolar.

Una carga que sigue creciendo

Las estadísticas de las diferentes materias muestran una presión constante sobre los órganos jurisdiccionales. En materia laboral se iniciaron 16 mil 681 asuntos, un crecimiento de 29 por ciento, con 10 mil 550 resoluciones. En materia penal se contabilizaron 32 mil 698 asuntos y 18 mil 299 resoluciones; en civil, 58 mil 301 asuntos y 50 mil 704 resoluciones; mientras que en mercantil se registraron 48 mil 449 asuntos y 33 mil 688 resoluciones.

En segunda instancia fueron iniciados 18 mil 939 asuntos y concluidos 18 mil 228, lo que representa un índice de resolución de 96 por ciento. La materia familiar también registró aquí un aumento significativo, al pasar de 4 mil 177 a 4 mil 964 asuntos, un crecimiento de 19 por ciento.

En los Juzgados de Ejecución se iniciaron 6 mil 590 asuntos, se otorgaron mil cinco preliberaciones y se concedieron 308 beneficios mediante brazaletes electrónicos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia reconoció que los resultados no eliminan los problemas estructurales. Entre los pendientes mencionó el rezago, la falta de personal, la nivelación salarial, la insuficiencia de instalaciones, la conclusión del Código de Ética y, especialmente, los tiempos de resolución que pueden impactar con mayor severidad a las personas en situación de vulnerabilidad.

Coordinación institucional y nueva estructura

Otro de los cambios señalados fue la incorporación formal del Poder Judicial a la Mesa de Paz, participación que, de acuerdo con el informe, permitió superar un esquema de aislamiento institucional. El Poder Judicial participó en 50 reuniones de la Mesa de Paz estatal y en espacios municipales y regionales de Ecatepec, Naucalpan, Chimalhuacán, Toluca y Texcoco, incluyendo Atenco, Tezoyuca y Chicoloapan.

Esta coordinación permitió abordar asuntos como la violencia familiar y plantear capacitación con perspectiva de derechos humanos para policías, particularmente para quienes tienen contacto inicial con las víctimas como primeros respondientes.

Durante el informe también se presentaron los avances del Tribunal de Disciplina Judicial, encabezado por la Magistrada Maricela Reyes Hernández, que reportó acciones para reducir el rezago, nuevas investigaciones y procedimientos disciplinarios, además de la evaluación del desempeño de 84 personas juzgadoras.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial, presidido por el Magistrado Fernando Díaz Juárez, informó sobre medidas de austeridad, reorganización institucional, modernización tecnológica y una política de priorización de recursos hacia juzgados, salas y tribunales.

La gobernadora Delfina Gómez reconoció los avances y sostuvo que la transformación judicial debe reflejarse en una institución más cercana, capaz de llevar sus servicios hasta los lugares donde existen mayores obstáculos para ejercer derechos. También planteó la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del Poder Judicial y manifestó su disposición a buscar, dentro de las posibilidades del Gobierno estatal, una mejor asignación de recursos, al tiempo que refrendó la coordinación entre ambos poderes y el respeto a la autonomía judicial.