En un operativo coordinado contra el crimen organizado en Puebla, autoridades federales y estatales ejecutaron 23 órdenes de cateo simultáneas en el municipio de Esperanza, con un saldo de nueve personas detenidas, entre ellas el presidente municipal, Isaac “N”; la exdirectora de Seguridad Pública municipal, Abigail “N”, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones fueron realizadas por la Fiscalía General de la República, la SSPC y la Guardia Nacional, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades de Puebla, como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad impulsada por el Gobierno Federal. De acuerdo con la información difundida por el funcionario, los detenidos estarían vinculados con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto, particularmente en la carretera Puebla-Veracruz.

Durante los cateos fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal, lo que evidencia el nivel de capacidad logística y armamentística de la organización investigada.

García Harfuch señaló que esta operación se suma a la reciente detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, señalado por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Las autoridades consideran que las detenciones representan un golpe a la capacidad operativa de las organizaciones criminales y a las posibles redes de protección que pudieran haber construido en la región. El objetivo, sostuvo el titular de la SSPC, es impactar directamente en delitos que afectan a transportistas y usuarios de las carreteras, particularmente el robo de carga y pasajeros y la extorsión.

El despliegue en Esperanza coloca nuevamente bajo escrutinio la posible participación o protección de funcionarios municipales en estructuras delictivas, aunque corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos conforme avance el proceso legal.