La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos, lanzó una severa crítica al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política interior y sostuvo que el discurso oficial sobre una supuesta disminución de la violencia no corresponde con la realidad que enfrentan las familias sinaloenses. Desde la tribuna del Senado, afirmó que Sinaloa llega a dos años de una narcoguerra con 730 días de violencia, dolor y desesperación, y cuestionó que el Gobierno Federal presente cifras que, a su juicio, no reflejan la dimensión de la crisis. De acuerdo con los datos expuestos por la legisladora, durante este periodo se acumularon 3 mil 172 homicidios, 4 mil 125 personas desaparecidas, 174 niñas y niños menores de edad asesinados, 344 menores desaparecidos y alrededor de 3 mil familias desplazadas. A este saldo añadió el robo de 12 mil 426 vehículos, pérdidas económicas estimadas en 170 mil millones de pesos, la desaparición de 54 mil empleos y el cierre de aproximadamente 7 mil negocios. Sánchez Ramos sostuvo que detrás de cada cifra existen familias afectadas y comunidades enteras sometidas al miedo, y acusó al gobierno de Morena de intentar minimizar la gravedad de una situación que, afirmó, continúa marcada por violencia, ingobernabilidad, incumplimiento de la ley y violaciones a los derechos humanos.

La priista centró parte de su intervención en cuestionar directamente la responsabilidad política del gobierno de Morena frente a la situación de Sinaloa y lanzó fuertes señalamientos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, a quienes acusó de haber permitido, desde su perspectiva, que el crimen organizado adquiriera influencia en las estructuras gubernamentales del estado. Estas afirmaciones forman parte del posicionamiento político de la senadora y no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre responsabilidades penales. Sánchez Ramos reprochó particularmente que el Segundo Informe de Gobierno no ofrezca, a su juicio, una explicación suficiente sobre el origen y las consecuencias de la crisis sinaloense, mientras el gobierno presume avances que contrastan con el saldo de homicidios, desapariciones, desplazamientos y pérdidas económicas que presentó ante el Pleno. Al concluir su intervención, la senadora se dirigió al escaño de Enrique Inzunza y le entregó carpetas con información sobre homicidios, personas desaparecidas, ataques armados, vehículos robados, menores y jóvenes víctimas de la violencia, además de los daños económicos registrados en la entidad. Con ello, buscó confrontar el discurso oficial del informe con los datos que, afirmó, representan la realidad cotidiana de los sinaloenses, y cerró con un mensaje directo al legislador: “Necesita ver los datos del pueblo de Sinaloa”.