Por Ernesto Zavaleta

El 11 de septiembre de 2001 es una de esas fechas que se quedan a vivir en la memoria.

Hace 25 años, dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas. Otro impactó el Pentágono y un cuarto cayó en Pensilvania. Murieron casi 3 mil personas y, con ellas, terminó una época.

Pero quizá lo más importante no fue solamente lo que cayó aquella mañana.

Fue lo que se levantó después, se levantó un nuevo Estados Unidos. Un país que convirtió la seguridad nacional en una forma de vida.

La Ley PATRIOTA llegó apenas 45 días después de los atentados. Le dio al Gobierno herramientas más amplias para investigar, intervenir comunicaciones, obtener información financiera y compartir inteligencia. La lógica era sencilla: había que encontrar a los terroristas antes de que volvieran a atacar.

Y cuando el miedo entra por la puerta, la privacidad suele salir por la ventana.

Después vino el Departamento de Seguridad Nacional.

El DHS nació de la Ley de Seguridad Nacional de 2002 y comenzó a operar en 2003, integrando 22 agencias y oficinas federales. Fue la mayor reorganización del Gobierno estadounidense en décadas.

Y de aquel mismo reacomodo nació ICE, Immigration and Customs Enforcement.

Migración y seguridad quedaron colocadas bajo el mismo techo.

ICE fue creado en 2003 mediante la fusión de elementos del antiguo Servicio de Aduanas y del Servicio de Inmigración y Naturalización. Su mandato incluyó desde entonces facultades civiles y criminales vinculadas con inmigración, aduanas, seguridad nacional y redes transnacionales.

Ahí está una de las grandes herencias del 11-S.

La migración dejó de ser solamente un asunto laboral, económico o social.

También se convirtió en un asunto de seguridad.

Y esa transformación, que comenzó bajo George W. Bush, terminó llegando hasta Donald Trump… Pero antes hubo guerras.

Afganistán primero.

Estados Unidos lanzó la operación militar contra el régimen talibán el 7 de octubre de 2001, después de que éste se negara a entregar a Osama Bin Laden y a romper con Al Qaeda.

Después vino Irak, luego Siria, Yemen, Pakistán, Somalia. Y una guerra contra el terrorismo que dejó de tener una geografía precisa.

Según el proyecto Costs of War de la Universidad Brown, Estados Unidos ha gastado u obligado alrededor de 8 billones de dólares en las guerras posteriores al 11-S. Las estimaciones académicas colocan en al menos 4.5 millones las muertes directas e indirectas relacionadas con esos conflictos hasta 2023.

Veinticinco años después, la pregunta incómoda sigue ahí:

¿Ganó alguien?

Porque los talibanes regresaron al poder en Afganistán.

Irak no se convirtió en la democracia estable que se prometió.

Al Qaeda perdió capacidad, pero el terrorismo mutó.

Apareció el Estado Islámico, ISIS, una transformación tan radical que Bin Laden los ignoró.

Se multiplicaron las guerras periféricas.

Y Estados Unidos descubrió que una guerra declarada contra un enemigo sin territorio podía no terminar nunca.

También cambió la vida dentro de Estados Unidos.

Aeropuertos convertidos en filtros de seguridad. Vigilancia electrónica. Bases de datos. Controles migratorios. Intercambio permanente de información. Una nueva burocracia de seguridad, una sociedad acostumbrada a que el Estado pregunte más revise más y vigile más.

La propia legislación fue modificándose. En 2015, por ejemplo, la USA FREEDOM Act prohibió la recopilación masiva de registros telefónicos bajo la Sección 215 de la Ley PATRIOTA y estableció otro mecanismo para que el Gobierno pudiera obtener información conservada por los proveedores.

Pero la maquinaria ya estaba construida.

Y entonces llegó Trump.

Y el viejo lenguaje de la seguridad nacional encontró un nuevo enemigo político: el migrante.

Aquí está el giro histórico.

El terrorismo internacional que justificó buena parte de la arquitectura de seguridad posterior al 11-S, dejó de ser el blanco que ahora es la migración irregular.

En su segundo Gobierno, Estados Unidos desplegó soldados en la frontera, restringió las vías de asilo y emprendió una campaña de deportaciones masivas. El propio Gobierno estadounidense sostiene que más de 605 mil personas han sido deportadas y que otras 1.9 millones salieron por cuenta propia.

ICE, creado después del 11-S, volvió a ocupar el centro del escenario.

Y México quedó en medio.

Porque para Washington, la frontera sur dejó de ser solamente una línea territorial.

Es ahora una frontera contra las drogas. Contra la migración. Contra el tráfico de personas. Contra las armas. Contra los cárteles. Y ahora todos estos criminales son los nuevos talibanes.

Estados Unidos quiere que México haga más para impedir que los migrantes lleguen a su frontera.

El endurecimiento migratorio estadounidense ha reducido drásticamente los flujos hacia el norte y ha dejado a miles de personas varadas o establecidas temporalmente en territorio mexicano. En Ciudad Juárez, por ejemplo, los albergues reportan ocupaciones muy inferiores a las de años anteriores.

México y Estados Unidos incluso pusieron en marcha en 2026 un programa binacional para enfrentar el uso criminal de drones en la frontera entre Tijuana y San Diego.
Hace 25 años eran terroristas, después fueron extremistas, luego migrantes, después cárteles, ahora pueden ser drones. Todo tiene un origen común: la convicción de que la seguridad justifica ampliar las capacidades del Estado.

El problema comienza cuando la excepción se convierte en regla. Cuando un concepto tan amplio como “seguridad nacional” permite meter en el mismo cajón al terrorista, al migrante, al narcotraficante y al ciudadano sospechoso.

Y aquí es donde México debe poner atención.

Porque Trump no inventó la maquinaria posterior al 11-S.

La heredó.

La amplió.

Y descubrió que podía utilizarla para otros objetivos.

El águila del DHS, por cierto, acaba de convertirse en un símbolo involuntario de esta época. La dependencia anunció que cambiará la orientación de su sello para que el águila mire hacia las flechas y no hacia la rama de olivo. El secretario Markwayne Mullin justificó el cambio con una frase que resume el momento: “estamos en guerra todos los días”.

Veinticinco años después, hasta el águila parece haber olvidado dónde dejó la rama de olivo.

El 11-S cambió a Estados Unidos.

Cambió al mundo.

Y cambió, aunque a veces no lo queramos reconocer, a México.

Nos dejó una frontera más vigilada, una relación bilateral más asimétrica y un vecino que aprendió que cada crisis puede convertirse en una nueva institución, una nueva ley, una nueva guerra o una nueva facultad para el Estado.

Por eso, a 25 años de la caída de las Torres Gemelas, quizá la pregunta ya no sea solamente dónde estaban las Torres.

La pregunta es: ¿Qué fue lo que levantamos sobre sus cenizas?

Porque las Torres cayeron una mañana.

Pero el mundo que nació después todavía sigue de pie.

Y también sigue cayendo.

Una y otra vez… ahora ¿sobre migrantes y el crimen organizado?

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