El proceso electoral 2026-2027 en el Estado de México comenzó formalmente con una advertencia que atravesó los discursos de prácticamente toda la oposición: la disputa por el poder municipal y legislativo no podrá considerarse democrática si la violencia, el uso de recursos públicos o la intervención de autoridades inclinan la balanza hacia algún partido.

Durante la sesión solemne del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el banderazo de salida para renovar los 125 ayuntamientos y las 75 diputaciones locales estuvo acompañado por una lista de exigencias que colocan al árbitro electoral ante uno de sus mayores retos: garantizar que los más de mil 200 cargos en juego se disputen bajo condiciones de legalidad, seguridad y equidad.

La consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, delineó la dimensión de la elección. El próximo 6 de junio de 2027, 13.2 millones de mexiquenses estarán llamados a las urnas y se prevé la instalación de más de 22 mil casillas en todo el territorio estatal.

En total, serán mil 291 cargos de elección popular los que estarán en disputa, en una entidad que concentra el padrón electoral más grande del país. La magnitud del proceso no sólo está en el número de votantes, sino también en la complejidad geográfica y política de un estado donde convergen grandes zonas metropolitanas, municipios rurales y regiones con distintos niveles de conflictividad.

Pulido Gómez aseguró que el organismo electoral cumplirá con los principios que rigen la contienda y anticipó un proceso sólido, transparente y democrático. Como parte de las innovaciones, el IEEM utilizará por primera vez un sistema informático para realizar electrónicamente el registro de candidaturas, una etapa que implicará revisar requisitos de elegibilidad, paridad, acciones afirmativas y las disposiciones aplicables a coaliciones y candidaturas comunes.

La competencia tendrá además un ingrediente inédito por su amplitud: diez fuerzas políticas podrán presentar opciones ante el electorado. Se trata de Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, PAN, PRI, PRD Estado de México, Podemos Estado de México, PAZ Estado de México y Somos MX.

El IEEM estima que podrían participar más de 17 mil candidatas y candidatos, una cifra que dimensiona la presión administrativa que recaerá sobre la autoridad electoral.

Pero mientras el organismo destacó la preparación técnica, la oposición puso el foco en otro terreno: las condiciones políticas y de seguridad en las que deberán competir.

La priísta Flora Martha Angón Paz pidió evitar actos anticipados de campaña, desvío de recursos públicos y cualquier intento de censura o persecución política contra quienes piensan distinto. Su principal demanda fue que exista una actuación imparcial de las autoridades y que se construya un mapa de riesgos que permita reaccionar con rapidez ante cualquier amenaza.

En un contexto donde la seguridad de las candidaturas se ha convertido en uno de los asuntos centrales de los procesos electorales, Angón Paz fue contundente al advertir que la paridad política no puede separarse de la seguridad de quienes participan en ella.

Desde el PAN, Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo identificó tres riesgos para la elección: la violencia y posible intromisión del crimen organizado, la intervención gubernamental y la propagación de información falsa. Por ello, reclamó al IEEM una actuación independiente y oportuna, con capacidad para sancionar cuando alguno de los participantes rebase los límites establecidos por la ley.

Movimiento Ciudadano también colocó la independencia del árbitro en el centro de su posicionamiento. Anselmo García Cruz pidió una fiscalización estricta y condiciones de competencia equilibradas, además de que las estructuras gubernamentales se mantengan al margen de la contienda.

La inconformidad fue incluso más allá de la jornada electoral. Agustín Miguel Alonso Raya, de Somos MX, sostuvo que la competencia política comenzó desde meses atrás y que algunos partidos llegan al inicio formal con ventajas acumuladas. Por ello, reclamó al IEEM defender su autonomía y actuar para recuperar condiciones de equidad.

Otros partidos plantearon la necesidad de blindar las candidaturas desde su origen. Araceli Casasola Salazar, del PRD, llamó a seleccionar perfiles sin vínculos con organizaciones criminales y pidió proteger la integridad de quienes contenderán. Cristian Campuzano Martínez, de Podemos Estado de México, propuso igualmente impedir que grupos fuera de la ley utilicen las candidaturas como una vía de acceso a las instituciones.

En contraste con el tono de confrontación que suele acompañar los procesos electorales, José Antonio Monroy Mañón, representante de PAZ Estado de México, planteó que la paz debe convertirse en una causa pública y anticipó que su partido evitará la guerra sucia.

Morena, PT y PVEM, por su parte, ofrecieron desarrollar campañas de altura, en una señal de que el oficialismo estatal también busca presentar el proceso como una contienda institucional y ordenada.

El reto, sin embargo, será llevar esos compromisos del discurso a los hechos.

La elección mexiquense no sólo pondrá a prueba a los partidos y a sus candidaturas. También será un examen para el IEEM, que deberá demostrar que puede actuar con rapidez frente a posibles actos anticipados, uso indebido de recursos, violencia política, desinformación o cualquier intento de intervención externa.

Con el arranque formal del proceso, la cuenta regresiva hacia junio de 2027 ya comenzó. Y, por lo expresado en la primera sesión, la principal batalla no será únicamente por los votos: será por conseguir que esos votos puedan obtenerse y emitirse en condiciones de libertad, seguridad y auténtica competencia.

En el Estado de México, donde se disputará una de las elecciones locales más grandes del país, el concepto de “piso parejo” dejó de ser una consigna política para convertirse en una de las principales pruebas que tendrá que superar el árbitro electoral.