El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este 17 de septiembre nuevas sanciones contra ocho entidades y tres individuos cubanos, como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para presionar al gobierno de Cuba por lo que Washington describe como actividades de represión y amenazas a la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

De acuerdo con la hoja informativa del Departamento de Estado, las medidas alcanzan tanto al complejo militar-industrial cubano como al sector del níquel, considerado por Estados Unidos una fuente importante de ingresos para el gobierno de la isla.

En el ámbito militar fueron sancionados el Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores (SIMPRO), el Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CIDNAV), el Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería (CIDAI) y el Centro de Investigación, Desarrollo y Producción “Grito de Baire” (GELCOM).

Washington sostiene que estas empresas desempeñan funciones vinculadas con el desarrollo de capacidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y con programas de investigación, fabricación, modernización y capacitación en áreas militares, navales, de armamento, electrónica y comunicaciones.

También fueron designados tres mandos militares cubanos: Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, coronel sénior de las FAR y director general de SIMPRO; Dioglis Pedrera Argüello, capitán de las FAR y director general de CIDNAV; y Julio Hurtado Betancourt, primer coronel de las FAR y director general de CIDAI.

En el sector minero, las sanciones alcanzan a SERCONI, empresa estatal que proporciona herramientas y servicios a la industria del níquel; CEPRONÍQUEL, dedicada a ingeniería y proyectos de esa industria; CEDINIQ, centro estatal de investigación e innovación relacionado con el níquel, y Pinares S.A., empresa minera estatal encargada, entre otras actividades, de evaluaciones geológicas de depósitos minerales.

El Departamento de Estado argumenta que el sector del níquel representa una fuente de divisas para el gobierno cubano y sostiene que los ingresos derivados de la explotación minera contribuyen al sostenimiento del régimen. Esta es la justificación expresada por el gobierno estadounidense para incorporar a las cuatro entidades a su régimen de sanciones.

Las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1 de mayo de 2026, que permite imponer sanciones a personas extranjeras que cumplan determinados criterios relacionados con la represión en Cuba y otras amenazas consideradas por Estados Unidos como asuntos de seguridad nacional y política exterior.

Entre las consecuencias inmediatas se encuentra el bloqueo de propiedades e intereses en propiedades de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. También quedan sujetas a restricciones determinadas operaciones comerciales y financieras con los sancionados.

La disposición establece además que las personas extranjeras que realicen determinadas operaciones con individuos o entidades designados, o que participen en actividades de sectores específicos de la economía cubana, pueden quedar expuestas a futuras sanciones estadounidenses.

El Departamento de Estado recordó que las restricciones también interactúan con las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, por lo que los bienes o intereses en bienes sujetos a dichas disposiciones permanecen bloqueados mientras no exista una autorización o exención aplicable.

Con esta nueva ronda de medidas, Washington amplía la presión económica sobre sectores estratégicos de Cuba y, al mismo tiempo, incorpora directamente a funcionarios vinculados con instituciones militares. El gobierno estadounidense sostiene que el propósito de su política de sanciones no es únicamente castigar a los involucrados, sino utilizar las restricciones económicas como mecanismo para provocar cambios en el comportamiento de las personas y entidades señaladas.