Ciudad de México. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, solicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, impulsar los acuerdos necesarios para que la iniciativa presidencial que plantea una nueva legislación contra el feminicidio sea analizada de manera conjunta por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

A través de una carta, el legislador planteó que el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio sea sometido a trabajos en conferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, debido al alcance nacional de la propuesta y a las implicaciones que tendrá para las instituciones encargadas de prevenir, investigar, sancionar y atender este delito.

Moreira Valdez consideró indispensable que el proceso legislativo se desarrolle mediante un análisis amplio, plural y técnicamente sólido, que permita a los integrantes del Congreso conocer oportunamente el contenido de la iniciativa, intercambiar observaciones y construir acuerdos sobre sus alcances.

El coordinador priista señaló que la propuesta presidencial contempla modificaciones relevantes en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio, además de disposiciones relacionadas con la atención integral de las víctimas y la reparación del daño.

Por ello, sostuvo que una legislación de esta magnitud no debe limitarse al análisis de una sola Cámara, sino involucrar a diputados y senadores en la construcción de un ordenamiento que pueda aplicarse de manera adecuada en todo el territorio nacional.

Moreira también solicitó la realización de un Parlamento Abierto, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, colectivas de mujeres, familiares de víctimas, especialistas, instituciones académicas, fiscalías y autoridades responsables de la atención a víctimas.

A esta discusión, planteó incorporar también a legisladoras y legisladores de las 32 entidades federativas, con el propósito de conocer las distintas realidades locales y las capacidades institucionales existentes para hacer frente a la violencia feminicida.

El diputado consideró que escuchar a quienes participan directamente en la prevención, investigación y atención de estos delitos permitirá identificar posibles implicaciones jurídicas y presupuestarias, así como las necesidades de las instituciones que deberán aplicar las nuevas disposiciones.

De igual manera, el Parlamento Abierto permitiría recoger experiencias de familiares de víctimas y organizaciones especializadas, quienes pueden aportar elementos sobre las dificultades que actualmente enfrentan las investigaciones, los procesos de procuración de justicia y la atención a las víctimas.

El exgobernador de Coahuila sostuvo que el proceso debe conducirse con apertura, responsabilidad y pluralidad, evitando que una legislación de esta trascendencia sea aprobada sin conocer plenamente sus consecuencias jurídicas, operativas y presupuestarias.

Moreira Valdez planteó que los trabajos en conferencia entre ambas Cámaras permitirían intercambiar propuestas técnicas y avanzar en la construcción de acuerdos antes de la eventual aprobación de la legislación.

El legislador priista subrayó que el objetivo debe ser contar con una ley integral y eficaz, capaz de fortalecer la prevención y persecución del feminicidio, reducir los espacios de impunidad y garantizar a las víctimas y sus familias mecanismos efectivos de acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

En su planteamiento, Moreira insistió en que una ley de esta naturaleza requiere el compromiso de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como un proceso legislativo profundo que incorpore la experiencia de especialistas, autoridades, organizaciones civiles y familias afectadas.

La propuesta coloca nuevamente en el centro del debate legislativo la necesidad de construir una legislación nacional contra el feminicidio con participación de los distintos sectores involucrados y con mecanismos que permitan llevar sus disposiciones de manera efectiva a las entidades federativas.