El senador oaxaqueño Antonino Morales Toledo anunció una iniciativa para reformar el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con el propósito de evitar que contratos bancarios o mercantiles obliguen a las personas deudoras a enfrentar juicios en tribunales ubicados lejos de su domicilio.

El legislador señaló que estas cláusulas pueden generar gastos adicionales por traslados, abogados y otros costos procesales, particularmente cuando se trata de contratos de adhesión cuyos términos no fueron negociados por el usuario. Por ello, plantea que los juicios derivados de pagarés y determinados contratos mercantiles se lleven ante autoridades judiciales cercanas al domicilio del deudor.

La propuesta retoma criterios judiciales que han establecido límites al llamado pacto de sumisión expresa cuando una cláusula contractual coloca al usuario en una situación que obstaculiza su derecho de acceso efectivo a la justicia. La Suprema Corte ha sostenido que, tratándose de contratos bancarios de adhesión, una cláusula que someta al usuario a tribunales distintos de los de su residencia puede resultar inaplicable cuando vulnera ese derecho.

Morales Toledo sostuvo que el problema adquiere mayor relevancia porque las instituciones financieras cuentan con presencia en distintas entidades, mientras que los usuarios pueden carecer de recursos para trasladarse a otra ciudad para atender una demanda. En ese sentido, afirmó que la reforma busca evitar situaciones de indefensión y facilitar que las personas puedan ejercer su derecho de defensa.

El senador vinculó además la propuesta con el proceso de construcción de la nueva Constitución de Oaxaca, al señalar que ambos planteamientos parten de la protección de la dignidad y los derechos de las personas, particularmente de quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a las instituciones.

La iniciativa será sometida al proceso legislativo correspondiente en el Congreso de la Unión. Su eventual aprobación implicaría modificar las reglas aplicables a la competencia territorial en determinados juicios mercantiles, un ámbito en el que actualmente la legislación permite la sumisión expresa bajo condiciones específicas.