Lo que hace apenas unos días fue presentado por las autoridades como uno de los mayores golpes contra el huachicol en México, con el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José de Iturbide, Guanajuato, ahora entró en una etapa bastante menos espectacular: la FGR reconoce que todavía está tratando de comprobar la legalidad, propiedad y trazabilidad del hidrocarburo.

La Fiscalía General de la República informó este sábado que las empresas relacionadas con el combustible aún no han acreditado de manera completa y fehaciente su origen, manejo y destino, por lo que la investigación continuará y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, asumirá el expediente por instrucción de la fiscal Ernestina Godoy.

Es decir, aquello que inicialmente fue difundido con la contundencia de un “decomiso histórico de huachicol” todavía no tiene una conclusión ministerial que permita afirmar que los 59 millones de litros sean combustible ilegal. Lo que existe, hasta ahora, es un aseguramiento sujeto a investigación y una autoridad que busca determinar precisamente qué combustible es, de quién es, de dónde provino y cuál era su destino.

La propia FGR señala que realiza entrevistas a directivos, revisa documentación y analiza la trazabilidad financiera y fiscal de las operaciones relacionadas con el hidrocarburo. La FEMDO deberá profundizar en esos elementos antes de que pueda establecerse si hubo delitos en materia de hidrocarburos, defraudación fiscal u otras conductas ilícitas.

Y aquí aparece el ingrediente que vuelve todavía más incómoda la historia. Grupo SIMSA, cuya filial Gas Natural del Noroeste opera la terminal, sostiene que la instalación cuenta con permisos federales, estatales y municipales y que su actividad consiste en recibir y almacenar petrolíferos propiedad de empresas usuarias. La compañía afirma que puso a disposición de las autoridades la documentación correspondiente para acreditar la legalidad de sus operaciones.

La secuencia resulta, por decir lo menos, peculiar: primero se anuncia un gigantesco aseguramiento de combustible; después se habla de un posible caso de huachicol; y ahora la autoridad explica que todavía necesita revisar documentos para determinar si el producto es efectivamente ilícito. La espectacularidad del anuncio inicial, por tanto, contrasta con la cautela obligada de una investigación que aún no termina.

El operativo comenzó a partir de una investigación iniciada en julio, después de la detención de una persona que transportaba diésel sin acreditar su trazabilidad. Posteriormente se realizaron diligencias en distintos puntos de Guanajuato hasta llegar a la terminal de San José de Iturbide, donde se localizó el enorme volumen de hidrocarburos.

La FGR detalló que el combustible localizado comprende aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.27 millones de gasolina Premium y 18.27 millones de litros de diésel. También fueron asegurados tanques de almacenamiento, unidades de transporte y documentación contable.

Ahora la investigación cambia de nivel. La FEMDO tendrá que determinar si detrás de esos millones de litros existe realmente una operación criminal, una estructura de contrabando o defraudación fiscal, o si la documentación que presenten las empresas logra acreditar la procedencia legal del producto.

Porque una cosa es asegurar combustible y otra, muy distinta, demostrar ante un juez que ese combustible es producto de un delito.

Por eso, el verdadero resultado de este caso no estará en el número espectacular de litros anunciado en conferencia o comunicado, sino en lo que finalmente pueda probar la autoridad con documentos, peritajes, trazabilidad financiera y evidencia judicial. Mientras tanto, el supuesto “golpe histórico” queda, por ahora, en calidad de investigación abierta.

Y sí: después del anuncio grandilocuente, a las autoridades les toca ahora hacer la parte menos vistosa, pero mucho más importante: probarlo.