La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales Magdaleno, expresó su rechazo a la redacción de la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que se analiza en Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera, al considerar que podría generar un margen de discrecionalidad para sancionar expresiones difundidas en redes sociales.

Antes de iniciar la reunión de las comisiones, Barrales señaló que el debate no debe perder de vista la diferencia entre combatir la piratería y establecer disposiciones que puedan afectar la libertad de expresión, particularmente cuando se trata de memes, sátira, parodias o contenidos de crítica política.

La senadora reconoció que existe coincidencia en la necesidad de combatir la piratería, a la que calificó como un problema real para la economía del país. Sin embargo, cuestionó que la propuesta pueda terminar alcanzando expresiones que forman parte de la comunicación cotidiana en redes sociales.

El proyecto que se discute contempla sanciones para determinadas conductas relacionadas con el uso, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de elementos de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o signos oficiales de los tres órdenes de gobierno, cuando tengan como finalidad inducir a error o engaño. La propuesta contempla penas de tres a siete años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA.

Barrales cuestionó particularmente que la redacción deje aspectos relevantes sujetos a la interpretación de la autoridad y advirtió que, desde su perspectiva, ello podría generar incertidumbre sobre qué contenidos quedarían dentro del supuesto sancionable.

La legisladora sostuvo que los memes, las parodias y otras expresiones satíricas se han convertido en formas de comunicación política y social, incluso cuando resultan incómodas para quienes ocupan cargos públicos. Por ello, consideró que debe existir una diferencia clara entre una conducta ilícita y una expresión crítica.

Frente al argumento de Morena de que el propósito de la reforma es combatir el uso indebido de contenido comercial y proteger la propiedad industrial, Barrales respondió que las buenas intenciones deben reflejarse de manera inequívoca en el texto legal.

La senadora también planteó que, si realmente existe coincidencia en combatir la piratería, las fuerzas políticas deberían trabajar conjuntamente para fortalecer esa parte de la legislación, pero sin incorporar disposiciones que puedan afectar la libertad de expresión.

En ese sentido, Barrales sostuvo que combatir la piratería y proteger la propiedad industrial no debe confundirse con censurar contenidos difundidos por medios de comunicación, ciudadanos o usuarios de redes sociales.

La controversia ocurre mientras las comisiones del Senado analizan el dictamen y distintos grupos parlamentarios han planteado interpretaciones encontradas sobre sus posibles alcances. Mientras la oposición advierte sobre un eventual impacto en memes y parodias, desde Morena se ha sostenido que la finalidad es combatir usos comerciales y engañosos de la identidad institucional.

Para Barrales, la discusión debe resolverse mediante una redacción que cierre cualquier posibilidad de afectar expresiones legítimas y, al mismo tiempo, permita contar con herramientas jurídicas eficaces para combatir la piratería y los fraudes asociados al uso indebido de elementos oficiales.