El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, demandó a las autoridades federales investigar los señalamientos relacionados con Amílcar Olán y evitar que la localización del empresario en Suiza sea utilizada como argumento para retrasar o impedir una eventual investigación.

Al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política, Castañeda señaló que la investigación periodística cumple una función relevante al documentar posibles irregularidades y ponerlas bajo escrutinio público. Luego de que un reportaje de Azteca Noticias ubicara a Olán en Lugano, Suiza, el senador consideró que corresponde a las autoridades determinar si existen responsabilidades y actuar conforme a derecho.

Castañeda sostuvo que existen diversos señalamientos, testimonios, llamadas y materiales periodísticos que han relacionado públicamente a Olán con integrantes de la clase política de Morena y con presuntos actos ilícitos. No obstante, puntualizó que Movimiento Ciudadano no pretende prejuzgar ni atribuir responsabilidades anticipadamente, por lo que corresponde a las autoridades realizar las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Sobre la Ley de Propiedad Industrial, el coordinador de Movimiento Ciudadano confirmó que su bancada votará en contra. Explicó que durante el proceso de dictaminación se plantearon modificaciones a uno de los artículos que, desde la perspectiva de su grupo parlamentario, presentaba ambigüedades, pero finalmente no se concretaron los cambios que consideraban necesarios.

Respecto a la reforma relacionada con la doble nacionalidad, Castañeda confirmó igualmente el voto en contra de su bancada, en línea con la posición que Movimiento Ciudadano sostuvo previamente en la Cámara de Diputados. Argumentó que la propuesta establece restricciones a derechos de personas con doble nacionalidad y consideró que varios de los aspectos que pretende regular ya se encuentran contemplados en el marco jurídico mexicano.

El senador sostuvo que el debate sobre la doble nacionalidad tiene además una dimensión política y electoral, y planteó que la defensa de la soberanía y la lealtad institucional debe reflejarse en la atención de los problemas que enfrenta el país.

En cuanto al calendario de comparecencias por la glosa del informe presidencial, Castañeda cuestionó el formato acordado por el Senado. Explicó que algunos funcionarios acudirán ante la Junta de Coordinación Política, mientras que en determinados casos se incorporarán las comisiones legislativas relacionadas con el tema. Mencionó como ejemplo la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ante la JUCOPO ampliada con las comisiones correspondientes.

El coordinador de Movimiento Ciudadano planteó que el problema no radica necesariamente en que un funcionario comparezca ante el Pleno, las comisiones o la JUCOPO, sino en la dinámica utilizada. A su juicio, las comparecencias suelen convertirse en exposiciones extensas sin un intercambio efectivo entre los integrantes del Poder Legislativo y los funcionarios.

Por ello, propuso modificar el modelo para establecer un esquema con preguntas, respuestas, réplicas y contrarréplicas, de manera que los legisladores puedan cuestionar directamente a los integrantes del gabinete y obtener respuestas sobre las políticas públicas y resultados de sus respectivas dependencias.

Castañeda sostuvo que un mecanismo de rendición de cuentas requiere diálogo y debate, y afirmó que esta práctica se ha reducido durante los últimos años. Consideró que una comparecencia sería más productiva si la ciudadanía pudiera conocer públicamente las preguntas de los legisladores y las respuestas de los funcionarios.

Finalmente, al ser cuestionado sobre las referencias de la presidenta Claudia Sheinbaum al injerencismo y a la defensa de la soberanía nacional, Castañeda señaló que, desde su perspectiva, estos conceptos no deben utilizarse para responder a cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción o irregularidades de funcionarios públicos.

El senador sostuvo que la soberanía nacional y el principio de no intervención constituyen elementos relevantes de la política exterior mexicana, pero cuestionó que sean utilizados como argumento frente a señalamientos que deben ser investigados por las autoridades. En ese sentido, insistió en que cualquier acusación debe someterse a los procedimientos institucionales correspondientes y que la rendición de cuentas debe prevalecer independientemente del partido político al que pertenezcan los funcionarios señalados.