Palacio Legislativo de San Lázaro.— El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, solicitó formalmente a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción abrir un proceso de parlamento abierto antes de dictaminar la iniciativa del Ejecutivo Federal que plantea expedir una nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.
A través de un oficio dirigido al presidente de dicha comisión, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, Moreira Valdez argumentó que, debido a la dimensión de los cambios propuestos y sus posibles efectos sobre la certeza jurídica de la propiedad inmobiliaria, el proyecto requiere un análisis amplio, plural y con participación de especialistas, autoridades locales y sectores directamente involucrados.
La iniciativa fue presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre y plantea una transformación del sistema catastral y registral mediante la creación de Planes Nacionales Catastral y Registral, la interoperabilidad de plataformas y la homologación de procedimientos y trámites en los distintos niveles de gobierno.
El coordinador priista cuestionó diversos aspectos de la propuesta y sostuvo que, desde la perspectiva de su bancada, podría existir una afectación a las competencias constitucionales de los municipios en materia catastral. Señaló que el artículo 115 de la Constitución establece atribuciones municipales relacionadas con esta materia, por lo que consideró necesario revisar cuidadosamente la distribución de facultades entre la Federación, los estados y los municipios.
Moreira Valdez advirtió particularmente sobre la participación que tendría la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a la que la iniciativa atribuye facultades para establecer estándares, modelos y plataformas de aplicación obligatoria para las entidades federativas y municipios.
De acuerdo con el planteamiento del legislador priista, este esquema podría generar una subordinación de las autoridades municipales a lineamientos técnicos de carácter federal. Por ello, consideró necesario que especialistas en derecho constitucional, federalismo, catastro, registro público, propiedad social, protección de datos personales y tecnologías de la información participen en el análisis antes de que la comisión emita un dictamen.
El coordinador del PRI también puso especial atención en las disposiciones relacionadas con la incorporación de información sobre propiedad social a una eventual Plataforma Nacional Catastral. En este punto, solicitó conocer si se realizó una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que pudieran resultar afectados por las modificaciones propuestas.
Moreira pidió que, en caso de que dicha consulta no se haya realizado, se lleve a cabo antes de avanzar en el proceso legislativo, de conformidad con las obligaciones constitucionales y los compromisos internacionales aplicables a México en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El legislador sostuvo que la discusión de la nueva legislación no debe limitarse al ámbito federal, debido a que su eventual aplicación tendría efectos directos sobre los catastros estatales y municipales, los registros de propiedad y los mecanismos mediante los cuales se otorga certeza jurídica sobre los bienes inmuebles.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI planteó que el parlamento abierto permita conocer las opiniones y posibles observaciones de gobiernos estatales y municipales, especialistas, académicos, comunidades indígenas y afromexicanas y sectores relacionados con la propiedad y el desarrollo tecnológico.
Moreira Valdez afirmó que su bancada mantiene disposición para participar en la construcción de una legislación técnicamente sólida, pero insistió en que cualquier modificación al sistema catastral y registral debe preservar las competencias establecidas constitucionalmente y garantizar certeza jurídica, protección de datos y respeto a los derechos de las comunidades.
La solicitud del PRI coloca el proceso de dictaminación de la iniciativa en el debate sobre federalismo, autonomía municipal, modernización tecnológica y derechos de propiedad, por lo que Moreira pidió que antes de una eventual votación se conozcan las implicaciones jurídicas, administrativas y sociales de la propuesta.
