El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que cualquier señalamiento relacionado con posibles delitos debe ser atendido conforme a la ley, luego de ser cuestionado sobre las sanciones anunciadas por autoridades de Estados Unidos contra personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas en Baja California. El senador reconoció que, al término de la sesión, todavía no contaba con información suficiente para fijar una postura específica sobre el caso.
“Si hay elementos de prueba para iniciar un procedimiento, pues se tiene que actuar conforme a la ley”, señaló Mier, quien explicó que durante la jornada estuvo concentrado en la aprobación de las reformas constitucionales en materia de doble nacionalidad y de bienestar animal, por lo que no había podido revisar los detalles de los señalamientos difundidos en Estados Unidos.
Ante las preguntas sobre las acusaciones que involucran al exesposo de la gobernadora de Baja California, así como a otros integrantes de su entorno, el coordinador parlamentario de Morena reiteró que primero debe conocer los elementos de prueba y revisar la información disponible. Incluso, ante el señalamiento de que también estaría mencionado un hermano como presunto lavador de dinero, respondió que necesitaba revisar esos datos antes de emitir una opinión y adelantó que podría pronunciarse posteriormente.
Mier también fue cuestionado sobre versiones difundidas en Estados Unidos respecto de una presunta investigación contra Andy López Beltrán por parte de agencias de ese país. Al respecto, pidió esperar a conocer los elementos de dichas versiones y evitar conclusiones anticipadas. “Hay que esperar”, respondió, al señalar que también debe determinarse si se trata de información sustentada en una investigación o de señalamientos que aún requieren ser comprobados.
En otro momento de la entrevista, el presidente de la JUCOPO defendió la reforma constitucional sobre doble nacionalidad que el Senado aprobó este día por mayoría calificada y que establece restricciones para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Mier rechazó los cuestionamientos de la oposición que, según su interpretación, plantearon la reforma como una afectación generalizada a los mexicanos que viven en el extranjero. Sostuvo que la modificación no elimina la doble nacionalidad para la población, sino que establece un requisito específico para quienes busquen ejercer determinados cargos públicos.
En ese sentido, argumentó que los mexicanos de ascendencia mexicana que viven en Estados Unidos y otros países podrán continuar participando en la vida pública y política de México, aunque quienes aspiren a los cargos contemplados por la reforma deberán cumplir con el requisito constitucional de nacionalidad única.
El senador incluso presentó una estimación sobre el número de personas que podrían estar sujetas a esta disposición durante las próximas décadas. Señaló que, tomando como referencia elecciones en las 32 entidades federativas y un determinado número de candidaturas por proceso, serían alrededor de mil 380 personas las que enfrentarían este requisito en los próximos 60 años, además de quienes aspiren a la Presidencia de la República.
Mier también respondió a las críticas expresadas por Larry Rubin, quien habría cuestionado la operatividad de la reforma ante la existencia de países que no reconocen de manera inmediata una renuncia a la nacionalidad. El legislador sostuvo que esas situaciones deberán analizarse a partir de los casos concretos y consideró que el número de personas directamente involucradas sería reducido frente al universo de mexicanos que viven en el extranjero.
Finalmente, explicó que durante la discusión de la reforma algunos senadores que inicialmente tenían dudas modificaron su posición al incorporarse una reserva al dictamen. Mier destacó que el Senado finalmente logró la mayoría calificada necesaria para aprobar la modificación constitucional, aunque el proyecto deberá continuar ahora con el proceso correspondiente en los congresos estatales.
