Por Daniel Lee

El Senado acaba de colocar una nueva frontera para los mexicanos: la de los derechos políticos. Con 86 votos a favor y 42 en contra, aprobó la reforma constitucional que impedirá a quienes posean otra nacionalidad aspirar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, salvo que renuncien previamente a ella. El proyecto fue enviado ya a los congresos estatales.
El argumento central de sus impulsores es la defensa de la soberanía. Pero detrás de esa justificación existe un problema que no puede resolverse con consignas patrióticas: tener otra nacionalidad no demuestra deslealtad hacia México.
La reforma introduce una condición que afecta particularmente a una comunidad que durante décadas ha mantenido vínculos con el país mientras construye su vida fuera de él. Millones de mexicanos adquirieron otra nacionalidad sin dejar de ser mexicanos. Trabajan, invierten, votan, envían recursos, participan en organizaciones y mantienen relaciones familiares, sociales y culturales con México.
El Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFOM) ha advertido precisamente sobre esta dimensión. Su posicionamiento sostiene que la defensa de la soberanía no debe traducirse en una restricción regresiva de los derechos políticos de los mexicanos residentes en el exterior. El colectivo cuestiona, además, que se confundan nacionalidad y ciudadanía, y plantea que cualquier riesgo de conflicto de intereses puede regularse de manera específica sin convertir la renuncia a una segunda nacionalidad en una barrera constitucional.
El debate legislativo dejó expuestas dos visiones.
Para Morena, PT y PVEM, la medida busca garantizar que quienes gobiernen México tengan una vinculación política exclusiva con el país y evitar posibles intereses externos. Para legisladores de oposición, en cambio, la disposición establece una diferenciación injustificada entre mexicanos y transmite la idea de que quienes poseen otra nacionalidad deben demostrar una lealtad que al resto no se les exige.
El punto de fondo está precisamente ahí.
La nacionalidad es una condición jurídica; la lealtad a un país no se acredita con un pasaporte. Si existe un conflicto de intereses, debe demostrarse. Si existe una amenaza de injerencia extranjera, debe identificarse y establecerse el mecanismo para impedirla. Pero convertir la segunda nacionalidad en una presunción de deslealtad requiere una justificación mucho más sólida.
La discusión también obliga a reconocer una realidad que México ya no puede ignorar: la comunidad mexicana en el exterior dejó de ser solamente una fuente de remesas. Es una población con patrimonio, organizaciones, capacidad económica, participación cívica y creciente presencia en la vida pública de ambos países.
Por eso resulta contradictorio ampliar los mecanismos de participación de los mexicanos en el exterior y, al mismo tiempo, establecer restricciones adicionales para una parte de ellos cuando se trata de acceder a los cargos de mayor responsabilidad ejecutiva.
@COLEFOMM ha planteado que los mexicanos que viven fuera no deben ser considerados mexicanos de menor categoría política por haber adquirido otra nacionalidad. Su posición coloca el debate en un terreno que merece mayor profundidad: cómo proteger la soberanía sin debilitar el principio de igualdad entre ciudadanos.
La reforma todavía debe pasar por los congresos estatales. Ahí existe una oportunidad para revisar sus alcances, escuchar a las #OrganizacionesMigrantes y determinar si la medida realmente resuelve un problema de seguridad y soberanía o si termina creando otro: una ciudadanía con derechos diferenciados según el lugar donde nació una persona o la nacionalidad adicional que decidió adquirir.
México tiene derecho a proteger sus intereses nacionales. Lo que debe evitar es que esa defensa termine convirtiendo la nacionalidad en una prueba de pureza política.
La mexicanidad no se mide por el número de pasaportes. Se demuestra en la relación que cada persona mantiene con su país, en sus actos y en el ejercicio de sus derechos. Una Constitución democrática debería proteger esa pertenencia, no ponerla bajo sospecha.

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