El senador del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar, manifestó su rechazo al dictamen que reforma la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, particularmente al artículo 403 Bis, al considerar que, aunque la disposición fue modificada en comisiones para reducir las sanciones e incorporar elementos que delimitan el delito, todavía existen aspectos que requieren mayor precisión cuando está en juego la libertad de las personas.

Melgar reconoció como un avance las modificaciones realizadas al artículo, pero sostuvo que la creación de un delito que puede implicar una pena de prisión exige una redacción clara que permita distinguir entre conductas fraudulentas y expresiones legítimas. Señaló que el combate al fraude y la suplantación debe mantenerse, pero advirtió que una legislación con espacios de interpretación puede generar incertidumbre para ciudadanos, periodistas, investigadores, caricaturistas y artistas.

El legislador planteó que la libertad de expresión también puede debilitarse cuando las normas penales son ambiguas y generan dudas sobre si una crítica, investigación, publicación, sátira o parodia podría derivar en consecuencias legales. Como referencia, mencionó el caso de Rusia y el uso de disposiciones relacionadas con la difusión de información considerada falsa o con la desacreditación del gobierno para señalar los riesgos que, a su juicio, implica ampliar los márgenes de interpretación del poder público.

Melgar aclaró que no equiparó la reforma mexicana con el modelo ruso, sino que llamó a evitar que México normalice herramientas jurídicas que puedan utilizarse posteriormente para restringir la expresión crítica. En ese sentido, cuestionó que la reforma no establezca de manera expresa salvaguardas para el periodismo, la investigación, la crítica, la sátira, la parodia y la expresión artística.

El senador sostuvo que debe existir una diferencia clara entre quien utiliza una identidad institucional falsa para obtener dinero o información y quien emplea elementos gráficos oficiales con fines legítimos de expresión. Bajo ese argumento, afirmó que el Estado debe definir con precisión qué conductas pueden ser sancionadas, mientras que los ciudadanos deben contar con garantías claras para ejercer sus libertades.

Por estas consideraciones, Melgar anunció su voto en contra del dictamen y llamó a mantener el combate al fraude y la suplantación, pero sin generar herramientas legales que, sostuvo, puedan ser utilizadas posteriormente para inhibir o sancionar la crítica.