Roberto Vizcaíno

En un desayuno con su fuente informativa -unos 70 reporteros, columnistas, fotógrafos y camarógrafos-, siempre amable, cercano, Ricardo Monreal bordeo, jugó, volvió a considerar irse pronto de la política y regresar de forma total a su tarea académica y ello, dijo, está en manos de la dirigencia de Morena a quienes entregó, puso a su disposición su posibilidad de ir a su reelección.
A partir de eso -indicó- él ya no decidirá si continua o no como diputado federal, o como coordinador de su bancada, o a ir alguna otra posición pública, o de plano se va a dar clases a la UNAM.
En este punto reveló que luego de conversaciones con sus compañeros de fracción compuesta por 260 diputados unos 130 a 150 de ellos le han expresado su intención de buscar su reelección en el proceso de 2027, que en los hechos será el último proceso que permitirá la reelección.
A partir de 2030 ya no habrá posibilidad de ninguna reelección, ni de diputados, ni de senadores ni de alcaldes como se había permitido en los últimos procesos.
La revelación surge de que Morena emitió su convocatoria a registro de aspirantes a participar por una de las 300 coordinaciones de defensa de la Transformación y la Soberanía en cada uno de los 300 distritos electorales en que se divide el país.
De esas coordinaciones saldrán luego las candidaturas formales para competir por las diputaciones e mayoría para la siguiente legislatura que iniciará en septiembre de 2027 y concluirá en agosto de 2030.
El registro de aspirantes a diputados de Morena concluirá el domingo 4 de este octubre.
«Yo estimo en un número muy aproximado, hasta ahora estimado, por la conversación que he tenido con diputados y diputadas, que tendremos una inscripción de aproximadamente entre 130 y 150 legisladores que se quieren reelegir», dijo.
En su convocatoria para aspirantes a diputados, Morena precisa que una vez concluido el registro se verificarán documentos para definir la elegibilidad y pasar a la valoración de su trayectoria política y social, antecedentes, reconocimiento territorial, atributos éticos, afinidad con los principios y valores del movimiento.
Se prohíben los gastos dispendiosos de promoción, anuncios espectaculares o, la erogación de recursos contraria a los principios de austeridad. Y el uso de recursos públicos en cualquier nivel o la intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes; la utilización de programas sociales; condicionamientos o coacción en favor o en contra de participantes o cualquier otro mecanismo que pretenda influir indebidamente en el desarrollo del proceso.
Ni que decir que estará super sancionado la participación de gobernadores, ni de sus gabinetes, menos alcaldes y colaboradores de primer nivel o coordinadores de bancadas legislativas federales y locales de Morena; directivos de cuerpos legislativos estatales y federales; y toda persona con un cargo directivo en el partido.
Un punto esencial será el de no hacer acusaciones públicas o en medios de comunicación contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes o protagonistas. Tampoco podrán cometer actos de violencia contra otros miembros o el patrimonio del partido.
La sanción máxima será, por supuesto, la cancelación del registro yy podría llegar hasta la expulsión del partido.
Cuando haya más de 6 aspirantes a un distrito, se podría a ir a encuestas o la Comisión de Elecciones podría optar por el más viable.
Está previsto además que, si el partido lo considera necesario, podría incluir a un peril no registrado por considerarlo necesario para la legislatura.
Queda pues abierto el proceso para el registro de candidatos a diputados federales dentro de Morena.
GRANDES AVANCES CONTRA EL FEMINICIDIO EN MÉXICO
Si algo sí ha avanzado en México, es en sus mecanismos contra el feminicidio. A nivel nacional se cuenta ya con la aprobación de la Ley “Mariana Lima Buendía” que es la primera que obliga a que, toda muerte violenta de mujeres sea investigada como asesinato por razón de género y crea, además, el delito de negación de la justicia por razones de género para encarcelar hasta por 10 años a ministerios públicos y funcionarios que se nieguen a recibir la denuncia correspondiente y no hagan investigaciones del caso.
Luego de 16 años de exigir justicia por el feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía, la señora Irinea Buendía Cortés logró un hecho sin precedentes en el país: que una lucha iniciada frente a la impunidad se haya traducido en una reforma legal en el Estado de México.
Así, la promulgación de la denominada Ley Mariana Lima Buendía, la cual fue impulsada por el abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, fortalece las obligaciones de las autoridades frente a las muertes violentas de mujeres y establece consecuencias para las personas servidoras públicas que, mediante actos u omisiones previstos en la legislación, obstaculicen la investigación o la administración de justicia.
Mariana Lima Buendía fue asesinada en 2010. Su muerte fue presentada inicialmente como un suicidio. Su madre cuestionó esa conclusión y emprendió una larga batalla jurídica que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dio lugar a un precedente fundamental para la investigación de las muertes violentas de mujeres en México: toda muerte violenta de una mujer debe investigarse bajo las reglas del feminicidio.
La lucha de Irinea Buendía puso de manifiesto que el acceso efectivo a la justicia no depende únicamente de investigar y sancionar a quien comete un feminicidio. También requiere que las personas servidoras públicas responsables de investigar actúen con debida diligencia y que existan consecuencias jurídicas cuando, en los supuestos previstos por la ley, sus actos u omisiones obstaculicen el esclarecimiento de los hechos.
La reforma aprobada por unanimidad por el Congreso del Estado de México, gracias a la intervención de la diputada Jennifer Nathalie González López, del partido Morena, modificó la legislación de la entidad para fortalecer la obligación de investigar con perspectiva de género y debida diligencia las muertes violentas de mujeres y niñas, conforme a los estándares aplicables a la investigación del feminicidio.
Durante un mitin informativo y de reconocimiento a los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México celebrada ayer, el abogado Navarrete Gutiérrez, dijo que la ley incorpora responsabilidades para las personas servidoras públicas que incurran en las conductas previstas por la legislación relacionadas con actos de corrupción, omisiones, negligencia u obstaculización de la investigación o de la administración de justicia. Estas conductas podrán alcanzar penas de cuatro a diez años de prisión, multa, destitución e inhabilitación, conforme a los supuestos y condiciones establecidos en la legislación.
La modificación legislativa representa un nuevo capítulo del precedente construido a partir del caso de Mariana Lima Buendía. La sentencia de la SCJN estableció estándares relevantes sobre la obligación de investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres. La reforma busca fortalecer esa obligación mediante responsabilidades concretas para quienes tienen encomendada la investigación y procuración de justicia.
La lucha de Irinea Buendía convirtió una exigencia de justicia en un precedente judicial y ese precedente contribuyó, años después, a una reforma legislativa. La Ley Mariana Lima Buendía ya forma parte del marco jurídico; el siguiente reto ahora será garantizar su cumplimiento efectivo.
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