El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 no contempla, a su juicio, un fortalecimiento suficiente de las instituciones encargadas de la seguridad y la impartición de justicia, y sostuvo que cualquier estrategia para reducir la delincuencia requiere invertir en policías, fiscalías, ministerios públicos y órganos jurisdiccionales.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, en el que analizó el paquete presupuestal acompañado por los especialistas en finanzas públicas Paco Lezama y Mario Di Costanzo, el coordinador parlamentario del PRI cuestionó las prioridades del gasto público y señaló que mientras se mantienen asignaciones importantes para proyectos de infraestructura considerados emblemáticos por el Gobierno federal, las instituciones responsables de investigar delitos, proteger a la población y administrar justicia enfrentan restricciones presupuestales.

Moreira Valdez puso particular énfasis en la situación de los policías municipales, quienes, de acuerdo con las cifras expuestas durante el programa, perciben en promedio alrededor de 8 mil 500 pesos mensuales. El legislador señaló que muchos de estos elementos tampoco cuentan con condiciones laborales suficientes en materia de seguridad social y sistemas pensionarios.

El diputado priista sostuvo que los policías realizan una actividad profesional y de alto riesgo, por lo que requieren salarios, prestaciones, capacitación y equipamiento acordes con las responsabilidades que tienen frente a la población. “No son apostolados”, planteó Moreira, al insistir en que la seguridad pública no puede depender únicamente de la vocación o del compromiso personal de los elementos.

El señalamiento se extiende también a las fiscalías y ministerios públicos, debido a que, según el legislador y los especialistas que participaron en el análisis, existen limitaciones de personal, infraestructura y recursos que afectan la capacidad para investigar los delitos y llevar los casos ante los tribunales.

Moreira sostuvo que el problema presupuestal termina teniendo una consecuencia directa en la impartición de justicia: menos personal especializado, menor infraestructura y mayores cargas de trabajo pueden traducirse en investigaciones más lentas y en dificultades para atender oportunamente las denuncias de la ciudadanía.

Lezama señala reducción presupuestal para justicia

Durante el análisis del PEF 2027, Paco Lezama presentó un comparativo de los recursos destinados al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República. De acuerdo con sus cálculos, al considerar los ramos 3, 17 y 49, el gasto pasaría de aproximadamente 132 mil 800 millones de pesos en 2018 a 93 mil 158 millones de pesos en la propuesta para 2027, una reducción cercana al 30 por ciento en términos reales, utilizando pesos de 2027 y el mismo deflactor empleado por la Secretaría de Hacienda.

El especialista sostuvo que, al acumular las diferencias presupuestales registradas a lo largo del periodo, la brecha alcanzaría aproximadamente 220 mil millones de pesos, cifra que, desde su perspectiva, ayuda a dimensionar el impacto de la reducción de recursos sobre las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia.

En el caso específico de la Fiscalía General de la República, Lezama señaló que su presupuesto pasaría de alrededor de 24 mil millones de pesos en 2018 a 20 mil millones para 2027, lo que representaría una reducción aproximada de 15 por ciento en términos reales, además de una pérdida acumulada estimada en 22 mil millones de pesos.

Estos datos fueron utilizados durante el programa para argumentar que el fortalecimiento de la seguridad no depende únicamente de incrementar el número de elementos operativos, sino también de contar con instituciones capaces de investigar los delitos, integrar carpetas de investigación, ejercer acciones penales y llevar los casos ante jueces.

Menos recursos para corporaciones locales

Otro de los puntos abordados fue el financiamiento de las policías estatales y municipales.

Lezama señaló que los recursos asociados al FORTASEG y a fondos destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública han disminuido de manera importante respecto de años anteriores. De acuerdo con el comparativo presentado durante el programa, los recursos considerados pasarían de alrededor de 7 mil 500 millones de pesos en 2018 a mil 200 millones para 2027, lo que representaría una reducción cercana al 84 por ciento.

El antecedente oficial muestra que FORTASEG fue un subsidio federal destinado precisamente al fortalecimiento de las instituciones municipales de seguridad, incluyendo profesionalización y certificación policial, infraestructura, equipamiento, tecnologías, sistemas de información y mecanismos relacionados con la justicia penal. En 2018, el fondo federal FORTASEG contó con 4 mil millones de pesos, mientras que en ejercicios anteriores llegó a alcanzar montos superiores.

La diferencia entre las cifras históricas de distintos fondos y las categorías presupuestales consideradas en el análisis de Lezama hace necesario precisar que los montos presentados durante el programa corresponden al comparativo utilizado por los especialistas y no necesariamente a un solo fondo presupuestario.

El argumento central, sin embargo, fue que las corporaciones locales requieren recursos para patrullas, cámaras, equipo de protección, municiones, capacitación, tecnología y profesionalización, debido a que buena parte de los delitos que afectan cotidianamente a la población son atendidos por autoridades estatales y municipales.

Moreira cuestiona prioridades del gasto

Rubén Moreira contrastó estas necesidades con los recursos que, de acuerdo con su análisis del proyecto presupuestal, se mantienen para diversos proyectos de infraestructura y empresas públicas.

El legislador señaló que alrededor de 152 mil millones de pesos estarían relacionados con proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Interoceánico y Mexicana de Aviación, mientras que las instituciones encargadas de seguridad y justicia enfrentarían restricciones presupuestales.

El planteamiento de Moreira no implica cuestionar únicamente el monto global del presupuesto, sino la distribución de los recursos y las prioridades establecidas dentro del gasto público. Su argumento es que la seguridad requiere una cadena institucional completa: policías capaces de prevenir y detener, ministerios públicos con capacidad para investigar, fiscalías con recursos suficientes y jueces e infraestructura judicial para resolver los casos.

Di Costanzo advierte contraste salarial

Mario Di Costanzo agregó otro elemento al debate al referirse a las condiciones económicas de los policías municipales.

El especialista señaló que, bajo las cifras expuestas durante el programa, un policía municipal puede percibir un ingreso inferior al apoyo mensual que recibe una persona incorporada al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de que el beneficiario de este último esquema cuenta con determinadas prestaciones asociadas al programa.

La comparación fue planteada por Di Costanzo como un ejemplo de la diferencia entre la responsabilidad que enfrentan los agentes de seguridad y las condiciones económicas con las que desempeñan su trabajo.

El punto central del señalamiento fue que un policía municipal no solamente enfrenta jornadas y riesgos particulares, sino que además debe contar con capacitación permanente, equipamiento adecuado y condiciones laborales que permitan reducir la rotación y fortalecer la profesionalización de las corporaciones.

Seguridad no depende sólo de policías

El debate planteado por Moreira, Lezama y Di Costanzo también puso sobre la mesa que la seguridad pública no puede medirse únicamente por el número de policías desplegados en las calles.

La respuesta institucional frente al delito requiere una cadena que comienza con la prevención y vigilancia, continúa con la investigación ministerial y concluye con la impartición de justicia. Si alguno de esos eslabones presenta insuficiencias, sostuvieron durante el análisis, la capacidad del Estado para responder a los delitos puede verse limitada.

Por ello, Moreira insistió en que fortalecer la seguridad implica invertir simultáneamente en policías, fiscalías, ministerios públicos y juzgados, además de infraestructura, tecnología, capacitación y condiciones laborales.

El diputado priista también cuestionó que la austeridad presupuestal pueda utilizarse como argumento para limitar recursos a instituciones cuya función está directamente relacionada con la seguridad de la población.

El debate sobre el PEF 2027 entra en una etapa decisiva

Las observaciones forman parte del debate que se desarrolla en torno al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, cuya discusión en la Cámara de Diputados permitirá a los grupos parlamentarios plantear modificaciones a las asignaciones propuestas por el Ejecutivo federal.

Desde la perspectiva expresada por Moreira y los especialistas que participaron en su programa, una de las discusiones centrales deberá ser determinar cuánto dinero se destina a las instituciones responsables de garantizar seguridad y justicia y si esos recursos son suficientes para atender las necesidades operativas de las corporaciones y órganos encargados de procurar e impartir justicia.

El señalamiento del diputado priista queda así concentrado en una premisa: la seguridad pública no sólo requiere estrategias, sino instituciones con personal suficiente, infraestructura, tecnología, capacitación y condiciones laborales adecuadas.

Mientras el Congreso analiza el presupuesto del próximo año, el debate sobre estas asignaciones tendrá como uno de sus principales puntos de confrontación la manera en que se distribuyen los recursos públicos entre infraestructura, programas sociales, seguridad, procuración de justicia y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

Para Moreira, si el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y garantizar acceso efectivo a la justicia, el presupuesto debe considerar como prioridad el fortalecimiento de quienes tienen la responsabilidad cotidiana de prevenir los delitos, investigar a los responsables y resolver los casos conforme a la ley.