Por Daniel Lee

Hay una nueva dimensión en la política migratoria estadounidense que ya no se mide solamente en detenciones, deportaciones o separaciones familiares. Ahora también se mide en deudas de cientos de miles —y hasta millones— de dólares.
Y lo pongo en contexto. El juez federal George O’Toole Jr., de Massachusetts, acaba de poner un freno al mecanismo utilizado por el gobierno de Donald Trump para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a personas que permanecen en Estados Unidos después de recibir una orden final de salida. La medida suspende la regla impugnada y las multas emitidas bajo ese procedimiento mientras continúa el litigio.
El dato más difícil de ignorar es otro: en julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que había emitido más de 103 mil multas por aproximadamente 84 mil millones de dólares desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Es una cifra que revela la dimensión que alcanzó el mecanismo y que obliga a preguntar si estamos ante una herramienta de cumplimiento migratorio o ante un sistema de presión económica de una magnitud extraordinaria.
El gobierno sostiene que las sanciones se apoyan en una disposición de la legislación migratoria de 1996 que permite imponer penalizaciones civiles a determinadas personas que, después de una orden final de remoción, no abandonan el país voluntariamente. El problema que ahora examina la justicia federal no es simplemente si existe esa facultad legal, sino cómo fue utilizada y bajo qué garantías.
Y ahí está el punto central.
La administración modificó en 2025 el procedimiento para hacer más rápida la imposición de las multas. Entre otros cambios, redujo las oportunidades para impugnarlas y trasladó el proceso de apelación. Los demandantes sostienen que las autoridades utilizaron formularios estandarizados sin establecer adecuadamente las circunstancias particulares de cada caso. El juez consideró que existen argumentos sólidos para concluir que la administración violó la Ley de Procedimiento Administrativo al modificar el sistema sin cumplir con los requisitos correspondientes.
La diferencia no es menor.
Una orden de deportación no convierte automáticamente cada día de permanencia en una conducta idéntica en todos los casos. Hay personas que buscan un recurso legal, que mantienen contacto con ICE, que esperan una resolución migratoria, que enfrentan dificultades para obtener documentos de viaje o que sostienen que regresar a su país representa un peligro. Precisamente por eso, una sanción que puede acumular casi 1.8 millones de dólares cuando se aplica retroactivamente durante cinco años requiere algo más que una casilla marcada en un formulario.
El caso de las dos demandantes que originaron el litigio exhibe la dimensión humana del problema. Ambas recibieron sanciones de cientos de miles de dólares y una de ellas llegó a enfrentar una multa cercana a 1.8 millones de dólares. Una de las demandantes posteriormente obtuvo una visa de inmigrante y fue admitida como residente permanente.
Aquí aparece una contradicción que merece atención: ¿cómo puede una persona considerada merecedora de una sanción económica de semejante magnitud terminar posteriormente obteniendo autorización para residir legalmente en Estados Unidos?
La respuesta jurídica corresponde a los tribunales, pero la pregunta política y humana es inevitable.
Una multa de 998 dólares por día puede ser una sanción para alguien con capacidad económica. Para una familia migrante de bajos ingresos puede transformarse en una sentencia financiera. El propio O’Toole advirtió que el cobro podría llevar a los demandantes a la insolvencia y abrir la puerta al embargo de salarios y cuentas bancarias, la incautación de bienes y viviendas, demandas federales de cobro y otras consecuencias económicas.
Eso modifica radicalmente la naturaleza del castigo.
La política migratoria ya no se limita a decirle a una persona: “debe abandonar el país”. Puede terminar diciéndole: “si no puede hacerlo, deberá enfrentar una deuda que quizá nunca podrá pagar”.
Y una deuda impagable no es una herramienta menor. Puede afectar el patrimonio familiar durante años, comprometer viviendas, vehículos, cuentas bancarias y salarios y trasladar las consecuencias a familias enteras.
Hay además otro dato revelador. DHS informó en julio que había emitido más de 103 mil multas por unos 84 mil millones de dólares, pero los montos realmente cobrados eran muy inferiores. El Congressional Research Service reportó que, a julio de 2026, se habían recaudado apenas alrededor de 1.2 millones de dólares.
Esto demuestra que los 84 mil millones no representan dinero ingresado a las arcas públicas. Son sanciones impuestas o reclamadas. La cifra funciona, sobre todo, como la dimensión de una deuda potencial colocada sobre miles de personas.
Por eso el fallo de Massachusetts trasciende a las dos demandantes.
Y así pues,esa discusión apenas comienza.

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