La actuación de la policía capitalina contra trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes fueron retirados de bloqueos y plantones en distintos puntos de la Ciudad de México, coloca nuevamente bajo cuestionamiento los criterios utilizados por el gobierno de Clara Brugada Molina para garantizar el derecho a la libre manifestación y aplicar la ley sin distinciones entre organizaciones sociales.

Este viernes 9 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron para retirar a trabajadores del IMSS que mantenían bloqueos en importantes vialidades de la capital, entre ellas Paseo de la Reforma y Viaducto Río de la Piedad. Los manifestantes denunciaron que fueron encapsulados y obligados a replegarse mediante el uso de la fuerza, cuando exigían mejores condiciones laborales, incrementos salariales y cambios en su representación sindical.

La intervención policial contrasta con la tolerancia que las autoridades capitalinas han mostrado ante prolongados plantones de organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes han ocupado durante varios días avenidas y espacios públicos, provocando afectaciones a la movilidad, las actividades comerciales y la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

Durante las movilizaciones magisteriales de este año, integrantes de la CNTE instalaron campamentos en el Centro Histórico y realizaron bloqueos en distintas vialidades. Aunque también se registraron intervenciones policiales contra algunos contingentes docentes, la permanencia de sus plantones plantea una pregunta que el gobierno capitalino debería responder con absoluta claridad: ¿qué criterios determinan cuándo una manifestación puede continuar y cuándo debe intervenir la fuerza pública para retirarla?

El cuestionamiento resulta particularmente relevante porque los trabajadores del Seguro Social no solamente reclaman mejoras económicas. También han denunciado falta de personal, insuficiencia de insumos médicos, sobrecarga laboral y decisiones de su dirigencia sindical que consideran contrarias a sus intereses.

Entre sus principales demandas se encuentran un incremento salarial superior al 2.9 por ciento planteado en las negociaciones sindicales, la celebración de un Congreso Nacional Extraordinario y la revisión de acuerdos internos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La inconformidad adquiere mayor dimensión al considerar que médicos, enfermeras, personal administrativo y trabajadores de distintas especialidades forman parte de una institución fundamental para la atención médica de millones de mexicanos.

Sin embargo, la respuesta que recibieron en distintos puntos de la capital fue la presencia de numerosos elementos policiacos para liberar las vialidades, mientras los inconformes insistían en que sus demandas laborales permanecían sin resolverse.

El problema no consiste en cuestionar el derecho de los maestros de la CNTE a manifestarse, sino en exigir que ese mismo derecho sea respetado para todos los trabajadores, independientemente de su organización sindical, sus demandas o su relación con las autoridades.

La Constitución reconoce la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica. Ninguna organización debería gozar de privilegios especiales, pero tampoco enfrentar restricciones arbitrarias por ejercer esos derechos.

Es cierto que las autoridades tienen la obligación de proteger la movilidad, la seguridad de terceros y el funcionamiento de los servicios públicos. También deben intervenir cuando existan actos de violencia o daños al patrimonio. No obstante, esas responsabilidades deben ejercerse mediante criterios objetivos, proporcionales y transparentes.

En ese sentido, corresponde al gobierno de Clara Brugada explicar por qué se determinó retirar a los trabajadores del IMSS, qué protocolos se aplicaron, si existieron actos de fuerza injustificados y cuáles son las diferencias operativas respecto de otras manifestaciones que han permanecido durante días en las calles de la capital.

La falta de explicaciones suficientes alimenta la percepción de que algunas organizaciones reciben mayor tolerancia que otras, una situación que, de confirmarse, resultaría incompatible con el principio de igualdad ante la ley.

La autoridad no puede permitir que la aplicación de las normas dependa de la identidad de los manifestantes, de su cercanía política o de la conveniencia del gobierno en turno. La legalidad debe ser la misma para trabajadores de la salud, maestros, estudiantes, organizaciones campesinas y cualquier ciudadano que decida ejercer su derecho a protestar.

El gobierno capitalino también tiene la responsabilidad de garantizar que la fuerza pública no se convierta en un instrumento para resolver mediante presión policial conflictos laborales que requieren negociación, diálogo y respuestas institucionales.

La controversia ocurre, además, cuando México se aproxima al proceso electoral de 2027, en el que estarán en juego la renovación de la Cámara de Diputados y diversos cargos de elección popular.

En ese contexto, las actuaciones de los gobiernos, incluidos los encabezados por Morena, estarán sujetas al escrutinio ciudadano, particularmente en asuntos relacionados con la libertad de manifestación, los derechos laborales y la igualdad en la aplicación de la ley.

Los acontecimientos de este viernes constituyen un motivo legítimo para que la ciudadanía examine si las autoridades capitalinas están cumpliendo con su obligación de gobernar sin favoritismos y respetar los derechos de todos los sectores sociales.

Finalmente, el gobierno de Clara Brugada enfrenta una exigencia elemental: demostrar que en la Ciudad de México no existen manifestantes de primera y de segunda categoría, y que las decisiones de seguridad pública responden exclusivamente a la legalidad y no a consideraciones políticas.

Porque una ciudad verdaderamente democrática no se distingue por la tolerancia que concede a las organizaciones más influyentes, sino por la igualdad con la que protege los derechos de todos sus ciudadanos.