Representantes del transporte organizado, agentes de carga y organizaciones vinculadas al sector advirtieron que la propuesta de reducir los beneficios fiscales al autotransporte, contemplada en la Ley de Ingresos 2027, podría incrementar los costos de operación y generar nuevas presiones inflacionarias que terminarían afectando a los consumidores.
La Cámara de Diputados tiene previsto discutir este lunes, a partir de las 14:00 horas, una modificación que reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales de las empresas que pueden acceder al estímulo fiscal por el pago de peajes en autopistas de cuota.
Actualmente, este mecanismo permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50 por ciento de los gastos realizados en casetas. Aunque el porcentaje del beneficio permanecería sin cambios, la reducción del límite dejaría fuera a empresas que hoy cumplen los requisitos.
Los representantes del sector señalaron que la medida llegaría en un momento complicado para el transporte de pasajeros y mercancías, debido al incremento de los combustibles, las tarifas de peaje, los seguros y los costos asociados a la inseguridad carretera.
De acuerdo con las cifras expuestas por las organizaciones transportistas, durante 2026 las tarifas de peaje aumentaron en promedio 9.7 por ciento, mientras que el precio del diésel pasó de 26.12 a 26.99 pesos por litro, con un impacto económico estimado en 39 mil 400 millones de pesos para el sector.
Asimismo, destacaron que durante 2025 la actividad transportista generó pagos por 49 mil 285 millones de pesos en autopistas y puentes de cuota, además de mil 154.2 millones por concepto de derechos, productos y aprovechamientos federales.
La principal preocupación es que el incremento de los costos logísticos termine trasladándose al precio de los productos de consumo, debido a que el transporte de mercancías representa, según las estimaciones presentadas, entre el 10 y el 25 por ciento del costo total de venta de diversos bienes.
Los transportistas advirtieron que restringir el acceso al estímulo fiscal reduciría la capacidad de las empresas para absorber nuevos incrementos operativos, con posibles repercusiones en las cadenas productivas, la competitividad y el poder adquisitivo de las familias.
Finalmente, solicitaron a los legisladores evaluar las consecuencias económicas de la propuesta antes de su aprobación, al considerar que una mayor carga fiscal para el autotransporte podría convertirse en un nuevo factor de presión sobre la inflación, en momentos en que se busca mantener la estabilidad de los precios en México.
