Por: Rosemarie Valdebenito / CCO Noticias

TOLUCA, Estado de México.— La lucha contra el feminicidio exige mucho más que discursos y modificaciones legales: requiere instituciones capaces de investigar con rigor, autoridades comprometidas con las víctimas y mecanismos que garanticen que los responsables enfrenten la justicia. Bajo esta premisa se desarrolló el foro Ley contra el Feminicidio en México, en el que la senadora Cristina Ruiz Sandoval, representante del Estado de México en la LXVI Legislatura, impulsa una propuesta legislativa para enfrentar uno de los problemas más graves de violencia contra las mujeres en el país.

El encuentro, realizado en Toluca, reunió a representantes públicos, especialistas en materia de género, colectivos y familiares de víctimas de feminicidio. La participación de Ruiz Sandoval se enmarca en la discusión sobre la necesidad de reformar las leyes y fortalecer la respuesta institucional ante los asesinatos de mujeres, en una entidad donde, de acuerdo con lo expuesto durante el foro, diversos municipios enfrentan alertas por feminicidio y desaparición.

La iniciativa promovida por la legisladora priista coloca en la agenda pública la discusión sobre el alcance de las herramientas jurídicas para combatir la violencia feminicida. Sin embargo, el desafío no se limita a la aprobación de nuevas disposiciones: también implica garantizar que las normas existentes se cumplan y que las instituciones responsables de investigar y atender estos delitos actúen con profesionalismo, sensibilidad y perspectiva de género.

La justicia, más allá de las reformas legales

Uno de los momentos más significativos del foro fue el testimonio de Verónica Manjarres, madre de Luisa Fernanda, conocida como Lili, quien denunció irregularidades en la atención institucional de su caso y reclamó justicia por la muerte de su hija.

Durante su intervención, Manjarres señaló que Lili, de 20 años, perdió la vida en un hecho en el que, según su testimonio, estuvo involucrado un policía municipal de Toluca. También denunció deficiencias en los procedimientos de investigación, presuntas omisiones de las autoridades y obstáculos para obtener la reparación del daño.

La madre de la joven relató que tuvo que reunir evidencias, revisar videos y buscar respuestas ante distintas instancias, mientras enfrentaba el duelo por la pérdida de su hija.

El testimonio también evidenció la importancia de que las víctimas indirectas reciban atención integral, que sus derechos sean respetados y que los procedimientos de reparación del daño consideren las circunstancias particulares de cada caso.

Al cerrar su participación, Manjarres planteó una exigencia contundente: ninguna ley contra el feminicidio será efectiva si los funcionarios que incurren en omisiones o incumplimientos no enfrentan consecuencias penales o administrativas cuando corresponda. Su mensaje colocó en el centro del debate la responsabilidad de las instituciones y la necesidad de evitar que la impunidad se convierta en un obstáculo permanente para las familias.

El reto de traducir las leyes en resultados

La discusión también abordó la distancia entre contar con instrumentos jurídicos y lograr que estos se traduzcan en justicia efectiva. Patricia Velázquez Alba, ex titular de la Fiscalía de Feminicidios del Estado de México, coincidió en la importancia del compromiso social y de la actuación profesional de los servidores públicos.

Velázquez sostuvo que las víctimas no deben reducirse a números de expedientes y subrayó la importancia de reconocerlas por sus nombres y sus historias. Asimismo, destacó que las normas y las sanciones, por sí solas, no bastan si no existe una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad para prevenir y atender la violencia.

Este planteamiento resulta central para dimensionar el desafío que enfrenta la propuesta impulsada por Cristina Ruiz Sandoval. Una reforma contra el feminicidio debe discutirse no solamente por sus alcances legales, sino también por su capacidad para responder a las deficiencias que las familias denuncian durante los procesos de investigación y atención institucional.

En ese sentido, la coordinación entre fiscalías, organismos de atención a víctimas, autoridades municipales y demás instancias competentes constituye un elemento indispensable para evitar omisiones, proteger las evidencias y garantizar que las denuncias sean atendidas de manera oportuna.

Una causa que trasciende los partidos

Durante la apertura del foro, la octava regidora de Toluca, Shantall Zepeda Escobar, enfatizó que la lucha contra el feminicidio no debe entenderse como una causa partidista, sino como una responsabilidad colectiva. También destacó la presencia de hombres, organizaciones civiles y colectivos, al considerar que la prevención de la violencia requiere la participación de toda la sociedad.

Este llamado acompaña el contexto político en el que Ruiz Sandoval impulsa su iniciativa desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La discusión legislativa, por tanto, representa una oportunidad para que las distintas fuerzas políticas coloquen la protección de las mujeres por encima de sus diferencias y examinen las medidas necesarias para mejorar la prevención, la investigación y el acceso a la justicia.

La participación de familiares de víctimas y especialistas también subraya la importancia de que las propuestas legislativas incorporen las experiencias de quienes enfrentan directamente las consecuencias de la violencia y las deficiencias institucionales.

El desafío de convertir la propuesta en justicia

El foro dejó una pregunta fundamental para las autoridades y los legisladores: ¿cómo garantizar que una ley contra el feminicidio produzca cambios concretos en la vida de las mujeres y sus familias?

Para que una reforma tenga resultados, será necesario evaluar sus disposiciones, los mecanismos para exigir responsabilidades, la coordinación institucional y las condiciones para que las víctimas reciban una atención digna. También será indispensable que las investigaciones se conduzcan con rigor y que las autoridades rindan cuentas por sus actuaciones conforme a la ley.

En el caso de Cristina Ruiz Sandoval, el impulso de una legislación específica coloca su propuesta en el debate sobre las respuestas que México necesita frente a la violencia feminicida. El alcance de la iniciativa deberá valorarse a partir de su contenido definitivo y de los resultados que pueda generar en materia de prevención, investigación y sanción.

La exigencia que atravesó el encuentro fue clara: las leyes deben traducirse en justicia, y la atención institucional no puede convertirse en una segunda fuente de sufrimiento para las familias.

La lucha contra el feminicidio no termina con la presentación de una iniciativa ni con la realización de un foro. Su verdadera dimensión se medirá en la capacidad de las instituciones para proteger a las mujeres, investigar cada caso con responsabilidad y evitar que otras familias tengan que emprender una búsqueda prolongada de respuestas.

Para las madres que exigen justicia, como Verónica Manjarres, el compromiso de las autoridades no es una concesión. Es una obligación. Y para la propuesta que impulsa Cristina Ruiz, el reto será contribuir a que esa exigencia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad verificable.