Alejandro Lelo de Larrea

No se equivoquen: en este momento, la llave real sobre el posible aumento del impuesto predial no está en la cancha de la consulta sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM). Antes de llegar a esa instancia, falta que el Senado de la República avale la minuta de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada por la Cámara de Diputados con 299 votos a favor y 92 en contra.

Esa nueva legislación no plantea la creación de un nuevo impuesto, ni aumentar el predial de manera inmediata. Lo que hace es actualizar –al alza– los valores catastrales, y que ahora se cobre tal impuesto con referencia al valor comercial del inmueble. Por tratarse de una Ley General, los Congresos Estatales están obligados a armonizar sus leyes locales, por lo que tendrían que crear una legislación prácticamente idéntica para su entidad.

En la Ciudad de México, según información oficial, el valor catastral varía según la zona donde se encuentre la vivienda. Según datos oficiales, en colonias de baja plusvalía, equivale entre el 60% y el 70% del valor comercial; en mediana plusvalía, por ejemplo colonias Narvarte, Portales, Lindavista, ronda entre el 40% y el 60%, y en alta plusvalía, como Santa Fe, Polanco, Condesa, es de entre el 30% y el 40% del valor comercial.

Esto hace evidente que un predialazo le pegaría mucho más a los inmuebles de alta plusvalía. Sin embargo, sus propietarios tendrían recursos para pagarlo, recortando algunos gastos. Pero en el caso de los sectores de baja plusvalía, un aumento al impuesto predial puede impactar en la economía familiar de manera contundente. Así que el predialazo de ninguna manera va a cumplir el cometido de la 4T, aquello de primero los pobres.

Todo esto va a provocar mayor gentrificación en esas colonias, contrario al proyecto de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, e incluso de la federación. También va a provocar el alza de las viviendas, tanto en renta como en venta, en contraposición de la política gubernamental de hacer vivienda asequible.

Esa Ley General impactará a todo el país, pues no hay que olvidar que hay tres tipos de Leyes que elabora el Congreso de la Unión. Las federales regulan las atribuciones de las autoridades y personas en el ámbito federal. Por ejemplo, el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal del Trabajo.

Las Leyes Nacionales son aplicables de manera obligatoria en cualquier rincón del país, porque sustituyen a todas las leyes locales y por lo tanto todas las autoridades deben aplicarlas en su respetiva materia. Ejemplos: Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Ley Nacional de Ejecución Penal.

Como la minuta que acaba de llegar a discusión al Senado se trata de Ley General, en el caso que nos ocupa de la CDMX, el Congreso capitalino estaría obligado a elaborar la Ley local al respecto. Eso explica que el titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque haya dicho que –de aprobarse en el Senado– “no tendrá efectos inmediatos en el incremento del predial”.

Por eso es la Cámara de Senadores la cancha donde se debe presionar, donde se debe de cabildear para hacer notar las consecuencias de un predialazo, la afectación que podría tener para la economía de millones de mexicanos.

Hay dos posiciones de autoridades en la capital que no van a permitir un predialazo. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo el sábado: “Seré breve: La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar”.

La coordinadora de Morena en el Congreso CDMX, Xóchitl Bravo, aseveró: “Por ninguna razón ni circunstancia, estaremos en alguna posibilidad de que suba el predial. No subirá, lo digo categóricamente. El tema es que hay partidos políticos que no estudian, que no leen y generan información incorrecta hacia la gente”.

Por eso es que los panistas de la CDMX se equivocan, por ahora, de ventanilla. Donde tienen que dar el debate y presionar para evitar el predialazo es en el Senado, y quizás les haga caso y actúen con mayor responsabilidad para echar atrás este y otros artículos lesivos en esa nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

Pero para eso, queda una pregunta: ¿Morena y el Gobierno Federal darán marcha atrás, previo al año electoral o es más la urgencia de dinero para sus programas sociales? Lo veremos.