Toluca, Estado de México.— El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó al Gobierno del Estado de México a informar sobre la estrategia de seguridad electoral que implementará rumbo a los comicios de 2027, con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la gobernabilidad y generar condiciones para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos en libertad.

Durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, el diputado Eduardo Zarzosa fijó el posicionamiento de la bancada priista y cuestionó las acciones que contempla la administración estatal para anticiparse a posibles conflictos políticos, mantener la estabilidad y evitar que la inseguridad afecte el desarrollo del próximo proceso electoral.

El legislador sostuvo que la gobernabilidad debe traducirse en garantías concretas para quienes participen en las elecciones, tanto candidatas y candidatos como partidos políticos y ciudadanos. Señaló que la libertad del voto requiere condiciones de seguridad que permitan competir, expresar preferencias y participar en la vida pública sin amenazas ni intimidaciones.

Zarzosa también advirtió sobre la importancia de mantener a las instituciones públicas al margen de posibles vínculos con estructuras criminales. Como parte de sus argumentos, hizo referencia a la Operación Enjambre, al señalar que este operativo evidenció relaciones entre servidores públicos municipales y grupos delictivos, incluidos mandos de seguridad.

Ante este panorama, el PRI reiteró su propuesta de instalar de inmediato una Mesa Estatal de Seguridad Electoral, concebida como un mecanismo de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la gobernabilidad. Entre sus objetivos estarían identificar riesgos, intercambiar información, establecer medidas preventivas y definir protocolos para atender oportunamente posibles incidentes durante el proceso electoral.

El diputado enfatizó que las autoridades deben actuar antes de que se registren agresiones que puedan inhibir candidaturas, limitar la participación política o generar temor entre el electorado. Advirtió que las amenazas contra aspirantes, partidos o ciudadanos pueden afectar las condiciones necesarias para una competencia democrática.

Asimismo, insistió en que la seguridad electoral no debe abordarse únicamente como respuesta a hechos violentos consumados, sino mediante una estrategia anticipada que contemple información oportuna, coordinación permanente y mecanismos eficaces de prevención y reacción.