El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandó a la Secretaría de las Mujeres del Estado de México presentar resultados verificables en el combate a los feminicidios, así como transparentar las acciones implementadas para prevenir la violencia de género, proteger a las víctimas y ampliar la cobertura de los programas de apoyo dirigidos a las mexiquenses.

Durante la comparecencia de María Esther Rodríguez Hernández, titular de la dependencia, la diputada local Lety Mejía cuestionó la necesidad de analizar con rigor las cifras oficiales de feminicidios y contrastarlas con los registros de muertes violentas de mujeres, a fin de determinar si la reducción reportada por el Gobierno estatal corresponde a una disminución efectiva de la violencia feminicida.

La legisladora señaló que las estadísticas deben examinarse con cautela y responsabilidad, debido a que detrás de cada caso existe una mujer cuya vida fue arrebatada y una familia que enfrenta una pérdida irreparable. Por ello, sostuvo que la evaluación de las políticas públicas no puede limitarse a los números, sino que debe considerar la capacidad de las instituciones para prevenir las agresiones y actuar oportunamente ante situaciones de riesgo.

En este contexto, Mejía pidió a la secretaria de las Mujeres explicar qué mecanismos se utilizan para verificar los resultados de las estrategias gubernamentales, así como las acciones emprendidas para garantizar que las medidas de protección lleguen a tiempo a las mujeres que enfrentan amenazas o violencia.

“El reto, no consiste únicamente en reducir las cifras, sino en garantizar que esa disminución refleje una disminución real de la violencia, porque mientras las mujeres continúen siendo víctimas de violencia feminicida, no hay margen para la complacencia ni para dar por resuelto el problema”, enfatizó la diputada.

Medidas de protección y atención a víctimas, entre los temas prioritarios

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la representante priista se centró en la efectividad de las medidas de protección que implementa el Gobierno estatal para salvaguardar la integridad de las mujeres en situación de riesgo.

Mejía consideró necesario conocer cómo se da seguimiento a las medidas otorgadas, qué acciones se realizan para evitar que las víctimas vuelvan a quedar expuestas a sus agresores y cuáles son los mecanismos institucionales para responder ante posibles incumplimientos o situaciones de emergencia.

La exigencia, expuesta durante la comparecencia, coloca en el centro del debate la necesidad de evaluar no solamente la existencia de protocolos y programas, sino también su aplicación y sus resultados concretos en la prevención de nuevas agresiones.

Asimismo, la legisladora solicitó información sobre las prioridades de la Secretaría para ampliar los servicios de atención a las mujeres, particularmente en las zonas donde se requiere fortalecer la presencia institucional y garantizar el acceso a mecanismos de orientación, acompañamiento y protección.

PRI pide ampliar los programas sociales y atender las causas de la vulnerabilidad

Otro de los temas abordados fue el alcance de los programas sociales dirigidos a las mujeres, así como las estrategias para contribuir a que las mexiquenses superen las condiciones de pobreza que pueden incrementar su vulnerabilidad.

La diputada pidió claridad sobre las políticas que acompañan los apoyos económicos, al considerar que estos deben complementarse con medidas capaces de atender las causas estructurales que limitan la autonomía y las oportunidades de las mujeres.

En ese sentido, señaló que resulta necesario revisar periódicamente el número de beneficiarias, identificar las regiones con mayores necesidades y establecer prioridades de atención para que los recursos y servicios lleguen a quienes más los requieren.

“En el PRI reconocemos la continuidad de acciones y estrategias de apoyo a las mujeres que históricamente han sido exitosas, sin importar el cambio de nombre, sin embargo, consideramos que deben redoblar los esfuerzos, para incrementar el número de beneficiarias cuando sea necesario y de manera relevante, para identificar zonas prioritarias de atención”, puntualizó Mejía.

Con esta postura, la legisladora planteó la importancia de que los programas sociales sean evaluados por su cobertura y por los beneficios que generan, además de que exista información suficiente para conocer su alcance y determinar si responden a las necesidades de las mujeres en los distintos municipios mexiquenses.

Ciudad Mujeres en Huehuetoca, bajo cuestionamiento

Durante la comparecencia, Lety Mejía también solicitó precisar cuándo comenzará a operar la cuarta sede de Ciudad Mujeres, proyecto sobre el cual pidió explicaciones respecto a la decisión de instalarla en Huehuetoca.

La diputada cuestionó los criterios utilizados para elegir ese municipio, particularmente frente a la posibilidad de establecer el centro de atención en alguna demarcación que cuenta con Alerta de Violencia de Género.

El planteamiento busca conocer qué factores territoriales, sociales y de atención fueron considerados para definir la ubicación de la nueva sede, así como los elementos que sustentan la decisión y los beneficios que se espera generar para las mujeres de la región.

La apertura de estos espacios representa un tema relevante dentro de la discusión sobre la cobertura de los servicios especializados, pues su ubicación puede influir en las posibilidades de acceso de las usuarias a la atención institucional. En consecuencia, la petición de la legisladora se enfocó en obtener claridad sobre los plazos de apertura y las razones que orientaron la selección de Huehuetoca.

Prevención de la violencia dentro de las instituciones

Finalmente, la diputada priista pidió que la Secretaría de las Mujeres informe sobre las medidas adoptadas para prevenir el acoso laboral, el abuso de autoridad y la violencia institucional dentro de la propia dependencia.

La solicitud amplió el alcance de los cuestionamientos, al señalar la importancia de que las instituciones responsables de promover y proteger los derechos de las mujeres también cuenten con mecanismos para prevenir conductas que vulneren la dignidad y los derechos de su personal.

En este rubro, la legisladora demandó acciones que permitan atender posibles situaciones de abuso y fortalecer las condiciones para que las trabajadoras desempeñen sus funciones en un entorno libre de violencia.

La comparecencia de María Esther Rodríguez Hernández abrió así una serie de interrogantes sobre la evaluación de las políticas públicas, la protección de las víctimas, la cobertura de los apoyos sociales y la expansión de los servicios especializados.