Legisladores federales del Partido del Trabajo (PT) denunciaron presuntos actos de persecución política, intimidación y represión contra militantes y dirigentes de su organización en el estado de Hidalgo, por lo que solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para garantizar el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y las libertades políticas de las personas involucradas.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados manifestaron su preocupación por la situación que enfrentan diversos liderazgos de su partido en la entidad, algunos de los cuales se encuentran privados de su libertad y sujetos a procedimientos judiciales que, de acuerdo con sus señalamientos, podrían estar relacionados con motivaciones políticas.

Los legisladores responsabilizaron al gobierno estatal, encabezado por Julio Menchaca Salazar, y a funcionarios de su administración por las presuntas irregularidades denunciadas, al tiempo que cuestionaron que estas situaciones ocurran en una entidad gobernada por Morena, partido con el que mantienen una alianza política a nivel nacional.

El diputado Javier Vázquez Calixto recordó que, desde antes del inicio del proceso electoral de 2024, presentó una denuncia por presunta persecución política en Hidalgo y sostuvo que, lejos de detenerse, estas prácticas habrían continuado contra integrantes del Partido del Trabajo.

Entre los casos mencionados se encuentran los del exdiputado local Edgar Hernández Dañu y del expresidente municipal de Tlaxcoapan, Miguel Ángel López Hernández, quienes, según expuso, permanecen privados de su libertad.

Vázquez Calixto expresó especial preocupación por las condiciones de salud de Miguel Ángel López Hernández, quien, de acuerdo con la información presentada durante la conferencia, cumplió una semana en huelga de hambre.

El legislador señaló directamente al gobernador Julio Menchaca y al secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reina, como responsables políticos de la situación que denuncian los militantes petistas.

Ante este escenario, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la Secretaría de Gobernación para que revisen los acontecimientos y contribuyan a garantizar que los procedimientos judiciales se desarrollen con apego a la legalidad.

“Le pedimos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que puedan atender estos temas. No se vale que un gobierno emanado de la Cuarta Transformación esté peor que los gobiernos que antes estaban”, expresó.

Por su parte, la diputada Margarita García García consideró preocupante que se denuncien actos de represión e intimidación dentro de un gobierno identificado con la Cuarta Transformación, cuyo proyecto político, recordó, ha planteado entre sus principales compromisos el combate a los abusos de poder y la garantía de justicia para todos los ciudadanos.

La legisladora sostuvo que las instituciones responsables de procurar justicia deben actuar con independencia, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales, sin convertirse en instrumentos de presión contra personas o grupos por sus posiciones políticas.

En ese sentido, manifestó su solidaridad con los militantes detenidos y aseguró que continuará acompañando sus demandas de justicia, incluso mediante la posibilidad de acudir a instancias internacionales para dar a conocer los casos denunciados.

A su vez, el diputado Amadeo Espinosa Ramos expresó la inconformidad de integrantes del Partido del Trabajo por los acontecimientos registrados en Hidalgo, particularmente porque su organización ha participado activamente en la construcción y consolidación de la alianza política que mantiene con Morena y el Partido Verde Ecologista de México.

El legislador señaló que esa colaboración partidista debería reflejarse en prácticas de gobierno distintas a las de administraciones anteriores, especialmente en materia de respeto a los derechos políticos y garantías individuales.

“Esperamos que esa alianza se traduzca en una política diferente a los sexenios anteriores y, por lo tanto, nos indigna que nuestros compañeros estén sufriendo represión en el estado de Hidalgo, cuando hemos sido parte de un mismo proyecto”, manifestó.

Espinosa Ramos consideró necesario que las diferencias políticas no deriven en acciones que puedan interpretarse como represalias contra militantes de organizaciones que forman parte del mismo proyecto de transformación nacional.

En su intervención, la diputada Magdalena Núñez Monreal cuestionó la actuación de las autoridades estatales y advirtió que las prácticas denunciadas contradicen los principios de legalidad, justicia y respeto a las libertades que, aseguró, deben distinguir a los gobiernos surgidos de la Cuarta Transformación.

La legisladora destacó que el Partido del Trabajo mantiene una presencia política importante en Hidalgo, por lo que consideró indispensable garantizar que sus militantes puedan ejercer sus derechos sin enfrentar actos de intimidación o presiones indebidas.

Asimismo, solicitó que las autoridades competentes revisen los expedientes de las personas mencionadas durante la conferencia y verifiquen que las actuaciones ministeriales y judiciales se hayan realizado conforme a derecho, respetando en todo momento la presunción de inocencia y las garantías procesales.

“Reiteramos a nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y a la secretaria de Gobernación que deben ponerle atención a Hidalgo, ya que su gobierno ha fallado a los preceptos de un gobierno de la 4T”, afirmó.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincidieron en que la intervención de las autoridades federales debe contribuir a esclarecer las denuncias, garantizar el respeto a los derechos de las personas involucradas y evitar que las instituciones de procuración de justicia sean utilizadas con fines de confrontación política.

Finalmente, reiteraron su exigencia de que se investiguen los presuntos actos de persecución denunciados y se garantice que los procesos judiciales contra militantes y exfuncionarios vinculados al PT en Hidalgo se desarrollen con transparencia, imparcialidad y pleno respeto al Estado de derecho.