La transparencia en el uso de los recursos públicos y la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión gubernamental son los ejes de la investigación que llevó a Diana Harumi Lozano Lino, estudiante del tercer semestre de la Maestría en Contraloría Gubernamental de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a obtener el segundo lugar en el Premio Estatal de Contraloría Social 2026, en la categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”.

La propuesta de la universitaria busca atender una necesidad concreta en la administración pública mexiquense: facilitar que la sociedad conozca y evalúe los motivos por los cuales las instituciones gubernamentales recurren al arrendamiento de inmuebles, así como la pertinencia de estas operaciones en relación con el gasto público.

Para ello, Lozano Lino planteó la creación de un sistema de consultas de arrendamientos mexiquenses, una herramienta que permitiría a la ciudadanía acceder a información sobre estos contratos y contar con elementos para analizar si responden a criterios de eficiencia, economía y eficacia.

La investigación pone sobre la mesa la importancia de que los datos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos no sólo estén disponibles, sino que también puedan consultarse y comprenderse de manera accesible. Bajo esta perspectiva, la transparencia adquiere mayor alcance cuando la información puede ser utilizada por la población para examinar las decisiones de las instituciones y dar seguimiento a los asuntos de interés colectivo.

Transparencia para evaluar el gasto público

El arrendamiento de inmuebles constituye una de las operaciones que pueden formar parte de las necesidades administrativas de las instituciones públicas. Sin embargo, conocer las condiciones y razones que sustentan estas decisiones resulta relevante para evaluar cómo se utilizan los recursos gubernamentales.

En este contexto, la propuesta de Lozano Lino busca abrir una vía para que la ciudadanía tenga mayores posibilidades de conocer por qué un ente público renta determinado inmueble y valore la pertinencia de esa decisión a partir de criterios relacionados con el buen uso del presupuesto.

El planteamiento también destaca la importancia de fortalecer la vigilancia social sobre las decisiones administrativas. Al facilitar la consulta de información, un sistema de estas características podría contribuir a que la población cuente con mejores herramientas para formular preguntas, identificar aspectos que requieran mayor claridad y promover el seguimiento de los recursos públicos.

La iniciativa coloca así a la ciudadanía como un actor relevante en la supervisión de la gestión gubernamental, al considerar que el acceso a información comprensible puede favorecer una participación más informada en los asuntos públicos.

Aunque el reconocimiento obtenido corresponde a una propuesta de investigación, su planteamiento apunta hacia una cuestión fundamental para las administraciones públicas: la necesidad de que las decisiones relacionadas con el gasto puedan ser conocidas, explicadas y evaluadas por la sociedad.

La formación académica como punto de partida

Para Diana Harumi Lozano Lino, su preparación en la UAEMéx fue determinante para transformar una inquietud académica en una investigación sustentada en datos y orientada a proponer una alternativa de aplicación en el ámbito gubernamental.

La estudiante destacó que la Maestría en Contraloría Gubernamental le permitió fortalecer sus conocimientos y comprender con mayor profundidad el funcionamiento de las instituciones y los entes públicos, elementos que contribuyeron al desarrollo de su proyecto.

Desde su perspectiva, la formación universitaria no se limita a proporcionar conocimientos especializados para el ejercicio profesional, sino que también ofrece herramientas para identificar problemas del entorno, investigar sus causas y formular alternativas de solución.

Esta visión vincula el aprendizaje de posgrado con la atención de necesidades sociales y administrativas. En el caso de su investigación, los conocimientos adquiridos en materia de contraloría gubernamental se orientaron al análisis de una práctica concreta de la gestión pública y a la búsqueda de mecanismos para ampliar las posibilidades de vigilancia ciudadana.

El resultado obtenido en el Premio Estatal de Contraloría Social 2026 representa, en ese sentido, un reconocimiento al trabajo académico de la universitaria y a la relevancia de desarrollar propuestas que relacionen la investigación con los desafíos de la vida pública.

La participación ciudadana va más allá de los espacios formales

Otro de los aspectos destacados por Lozano Lino es que la participación ciudadana no debe entenderse únicamente como la intervención en convocatorias institucionales, concursos o mecanismos formales de vigilancia.

Por el contrario, consideró que puede construirse desde las comunidades y los espacios cotidianos mediante acciones como involucrarse en los asuntos colectivos, presentar propuestas y dar seguimiento a las decisiones que afectan a la sociedad.

Esta perspectiva resulta relevante para la contraloría social, entendida como una vía para que las personas participen en la vigilancia de la gestión pública y contribuyan a promover un ejercicio responsable de los recursos.

La posibilidad de consultar información sobre los arrendamientos gubernamentales se relaciona precisamente con esa idea: contar con datos accesibles puede facilitar que más personas se interesen en conocer cómo se toman determinadas decisiones administrativas y qué criterios se utilizan para justificar el gasto.

De esta manera, la propuesta universitaria vincula el acceso a la información con una participación ciudadana que no se agota en la consulta, sino que puede extenderse al análisis y al seguimiento de los asuntos de interés público.

Un reconocimiento con responsabilidad social

Para la estudiante de la UAEMéx, obtener el segundo lugar en el Premio Estatal de Contraloría Social 2026 representa tanto una responsabilidad como una oportunidad para demostrar que la formación de posgrado puede trascender las aulas y generar aportaciones relacionadas con la vida pública.

Su investigación aborda un tema específico, pero con implicaciones para la transparencia y la rendición de cuentas: la necesidad de que los contratos de arrendamiento celebrados por las instituciones públicas puedan ser conocidos y analizados por la ciudadanía.

La eventual implementación de un sistema de consulta como el propuesto requeriría traducir el planteamiento académico en una herramienta accesible, con información suficiente y organizada que permita examinar las operaciones de arrendamiento y comprender sus fundamentos. De concretarse, una iniciativa de esta naturaleza podría contribuir a fortalecer las condiciones para una vigilancia social más informada.

El reconocimiento obtenido por Lozano Lino también pone de relieve el papel que pueden desempeñar las universidades públicas en la formación de profesionales capaces de investigar problemas concretos y proponer alternativas para mejorar la relación entre las instituciones y la sociedad.