En el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, compareció ante el Pleno del Senado de la República para informar sobre las acciones y prioridades de la política exterior del Gobierno Federal, en una sesión en la que legisladores de las distintas fuerzas políticas expusieron sus preocupaciones sobre la relación con Estados Unidos, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la protección consular y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Durante el ejercicio de rendición de cuentas, las intervenciones de los senadores evidenciaron coincidencias y diferencias respecto al rumbo de la diplomacia mexicana, particularmente ante los desafíos comerciales, migratorios y de seguridad que enfrenta el país en su relación con la Unión Americana.

Al abrir el debate, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, destacó que este tipo de comparecencias contribuye a fortalecer una política exterior que defienda la soberanía nacional, proteja los derechos de los connacionales, impulse la cooperación internacional y preserve el papel de México como una nación comprometida con la paz, la justicia y el respeto entre los Estados.

“El ejercicio democrático permite que las coincidencias contribuyan a construir acuerdos, mientras que las diferencias permiten examinar las decisiones públicas desde distintas perspectivas; ambas indispensables en un Estado democrático”, expresó.

T-MEC y relación con Estados Unidos concentran las diferencias

Uno de los principales temas de discusión fue la revisión del T-MEC y su relación con las decisiones políticas y de seguridad entre México y Estados Unidos.

El senador de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, sostuvo que la política exterior ya no puede entenderse únicamente como una labor de representación diplomática, pues también constituye una herramienta para proteger el empleo, fortalecer la economía, atender los desafíos migratorios y defender la soberanía frente a presiones externas.

Desde una posición crítica, el senador del PAN, Marko Cortés Mendoza, cuestionó si la negativa de México a detener a políticos para su extradición, a solicitud de Estados Unidos, pudo influir en la decisión de ese país de no extender la vigencia del T-MEC hasta 2042. Asimismo, reprochó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la falta de una estrategia de acercamiento con gobernadores y congresistas estadounidenses para promover la continuidad del acuerdo comercial.

En respuesta a estos cuestionamientos, Roberto Velasco afirmó que el Gobierno de México busca mantener separados los asuntos políticos y de seguridad del proceso de revisión del tratado comercial, al considerar que se trata de negociaciones distintas.

El canciller rechazó que los casos de extradición y seguridad deban vincularse directamente con la continuidad del acuerdo y recordó que el T-MEC es un instrumento trilateral. También señaló que las decisiones arancelarias adoptadas por Washington responden a modificaciones en su política comercial global.

Velasco precisó que las mesas formales de revisión del tratado continúan, al igual que las negociaciones relacionadas con los aranceles impuestos por Estados Unidos a diferentes sectores económicos.

Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, sostuvo que la política exterior no debe ser responsabilidad exclusiva del Gobierno Federal ni de un solo partido político. En ese sentido, solicitó al canciller establecer un mecanismo de información que permita a las comisiones del Senado conocer oportunamente los avances y las negociaciones relacionadas con el T-MEC.

La propuesta busca fortalecer la participación del Poder Legislativo en un proceso que tiene implicaciones directas para el comercio, la inversión, el empleo y la competitividad de México.

Seguridad compartida y protección de los connacionales

La cooperación bilateral en materia de seguridad también ocupó un lugar relevante en la comparecencia.

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, señaló que la relación entre México y Estados Unidos debe sustentarse en responsabilidades compartidas, particularmente en el combate al tráfico de armas. Además, planteó la necesidad de modernizar los servicios consulares para simplificar trámites y garantizar respuestas oportunas cuando algún mexicano residente en territorio estadounidense requiera asistencia o protección.

En la misma línea, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Yeidckol Polevnsky Gurwitz, destacó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de exigir a Estados Unidos una mayor participación en el combate al tráfico de armas, drogas y otras amenazas transnacionales.

Polevnsky también reconoció la labor de los consulados mexicanos en la defensa de los derechos de quienes residen en ese país, una tarea que adquiere especial importancia ante las dificultades migratorias y los desafíos que enfrentan las comunidades mexicanas en el extranjero.

Sobre este tema, Velasco informó que el proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año contempla un incremento de casi 10 por ciento para la Secretaría de Relaciones Exteriores. No obstante, advirtió que una partida vinculada con los recursos de la red consular presenta una ligera disminución.

Ante ese escenario, explicó que la dependencia realiza gestiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados para evitar recortes a los recursos destinados a la atención y protección consular.

El funcionario aseguró que existe disposición para reasignar recursos de otras áreas de la Cancillería, con el propósito de mantener el presupuesto destinado a la asistencia de los mexicanos en el extranjero.

Desapariciones y participación internacional

En materia de derechos humanos, el secretario de Relaciones Exteriores informó que México mantiene una estrecha cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras agencias internacionales para atender la problemática de las desapariciones forzadas.

Explicó que el Gobierno mexicano trabaja en el seguimiento de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La participación de México en los mecanismos multilaterales también fue objeto de críticas por parte de la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, quien cuestionó la ausencia de representantes del Ejecutivo Federal en las asambleas generales de la ONU durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.

La legisladora consideró que la presencia del Ejecutivo mexicano en estos espacios resulta especialmente oportuna ante las tensiones con Estados Unidos, la crisis del multilateralismo y los conflictos bélicos que afectan a distintas regiones del mundo.

Su planteamiento puso sobre la mesa la importancia de mantener una participación activa en los organismos internacionales, tanto para defender los intereses nacionales como para contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos globales.

Un desafío de coordinación y rendición de cuentas

La comparecencia de Roberto Velasco ante el Senado dejó de manifiesto que la política exterior mexicana enfrenta retos que van más allá de la representación diplomática. La revisión del T-MEC, las diferencias comerciales con Estados Unidos, la cooperación en seguridad, la protección de los connacionales y el cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos humanos forman parte de una agenda que exige coordinación entre los poderes públicos.

Mientras el Gobierno Federal sostiene que las negociaciones comerciales deben mantenerse separadas de los asuntos políticos y de seguridad, legisladores de oposición han insistido en la necesidad de ampliar la interlocución con actores estadounidenses y fortalecer la participación del Senado en las decisiones estratégicas.

Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre los recursos consulares y la atención a las desapariciones forzadas subrayan la importancia de traducir los compromisos diplomáticos en acciones concretas para la población.