Estados Unidos sancionó el jueves al Banco Internacional de Comercio S.A., un banco estatal cubano, alegando que ha mantenido relaciones comerciales con un banco iraní, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.
De acuerdo con la declaración de Rubio, el banco, conocido por sus siglas, BICSA, ha mantenido relaciones comerciales con el Banco Karafarin de Irán —banco sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2020— desde al menos 2022.
El Departamento de Estado invocó una orden ejecutiva de mayo que permite imponer sanciones a empresas que operan en sectores clave de la economía cubana, incluido el bancario, para añadir a BICSA a la lista negra del Departamento del Tesoro de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. Varios grupos financieros iraníes también se añadieron a la lista el jueves.
«Que quede claro: la Administración Trump no tolerará que un Estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles a menos de 160 kilómetros del territorio estadounidense», declaró Rubio en un comunicado. «Seguiremos identificando y eliminando enérgicamente las interconexiones financieras y de seguridad del régimen cubano con Irán y otros estados y actores peligrosos y hostiles».
Rubio afirmó que durante demasiado tiempo se le permitió a Cuba operar como «un puesto avanzado para actores malintencionados y grupos terroristas», incluido Irán, al que calificó como «el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo».
Las sanciones contra BICSA complican el comercio y la inversión extranjera en Cuba, ya que algunas empresas estadounidenses con licencia para exportar alimentos y bienes a Cuba, junto con varias empresas extranjeras y negocios privados cubanos, tienen cuentas en BICSA. El banco se volvió crucial para las empresas extranjeras después de que la primera administración Trump sancionara a Fincimex, una institución financiera cubana controlada por el conglomerado militar cubano GAESA. Las empresas extranjeras que utilizaban Fincimex trasladaron sus cuentas en dólares a BICSA.
«Esta medida va a afectar a mucha gente», dijo un cubanoamericano que exporta a Cuba y que pidió no ser identificado. La persona afirma que la medida contra BICSA «contradice» la política del gobierno de Trump de impulsar a Cuba a abrir más su economía al sector privado y a los inversionistas extranjeros.
BICSA fue fundada en 1993 y tiene sus oficinas en Miramar, La Habana.
Debido a las sanciones, cualquier dinero o propiedad que BICSA tenga en Estados Unidos, o que esté en manos de estadounidenses, queda congelado y debe ser reportado a la OFAC. Las empresas extranjeras que hacen negocios con BICSA, o que operan en los sectores de energía, defensa, metales y minería, banca o seguridad de Cuba, podrían enfrentar sanciones, advirtió el Departamento de Estado.
Cortar vínculos
En la guía publicada junto con las sanciones, el Departamento del Tesoro indicó que las empresas y los bancos extranjeros no serán sancionados por cortar sus vínculos con BICSA siempre y cuando lo hagan antes del 14 de noviembre de 2026.
El Departamento del Tesoro instó a las empresas extranjeras a actuar con cautela. Advirtió que enviar dinero o activos de vuelta a BICSA, o trasladarlos a otro país donde el banco pudiera utilizarlos, podría exponerlos a un grave riesgo de sanciones.
Los ciudadanos y las empresas estadounidenses tienen prohibido desde hace tiempo hacer negocios con BICSA debido a que el gobierno cubano es su propietario, y dicha prohibición se mantiene vigente a menos que las empresas obtengan una licencia del Tesoro que autorice las transacciones. El Tesoro indicó que dicho permiso podría abarcar actividades humanitarias y diplomáticas permitidas por las regulaciones estadounidenses vigentes sobre Cuba.
Las sanciones contra BICSA son el último paso en la campaña del gobierno de Donald Trump para presionar al gobierno cubano a que cambie. Desde que el presidente Trump firmó la orden ejecutiva 14404 en mayo, Washington ha sancionado al conglomerado militar GAESA, a varias empresas mineras y energéticas, al Ministerio de la Construcción, al Banco Exterior de Cuba, a miembros de la familia Castro y a familiares del presidente electo del país, Miguel Díaz-Canel.
