El programa de capacitación política y administrativa impulsado por Morena para sus presidentes municipales quedó bajo cuestionamiento después de que Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán y participante de la primera generación de la llamada Escuela Municipalista, fuera incluido en una acusación federal de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, armas y vínculos con la organización criminal conocida como Los Chapitos.

La acusación fue anunciada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia estadounidense. En el mismo expediente aparecen el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, señalados por su presunta colaboración con integrantes del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y protección política.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los imputados habrían participado en una estructura que facilitó el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos y permitió a la organización criminal mantener influencia sobre instituciones de seguridad y gobierno en Sinaloa. La acusación también comprende delitos relacionados con armas de fuego y dispositivos destructivos.

El Departamento de Justicia sostiene que algunos funcionarios habrían recibido pagos periódicos para proteger a integrantes de Los Chapitos, evitar detenciones y proporcionar información sobre operativos de seguridad. En el caso de Gámez Mendívil, los señalamientos forman parte de una acusación judicial que deberá probarse ante los tribunales estadounidenses; hasta ahora, su inclusión en el expediente no equivale a una declaración de culpabilidad.

La controversia alcanza a Morena porque Gámez Mendívil participó en la primera edición de su Escuela Municipalista, realizada del 23 al 25 de enero en Oaxtepec, Morelos. El programa fue promovido como un instrumento para fortalecer la administración de los gobiernos locales mediante capacitación en austeridad, manejo presupuestal, servicios públicos, seguridad y cercanía con la ciudadanía.

La iniciativa, impulsada durante la dirigencia nacional de Luisa María Alcalde Luján, pretendía fortalecer a más de 800 gobiernos municipales vinculados con Morena. Sin embargo, la aparición de uno de sus participantes en un expediente federal por presuntos vínculos con el crimen organizado abre interrogantes sobre los mecanismos de evaluación y supervisión de los perfiles que representan al partido en los gobiernos locales.

La Escuela Municipalista realizó dos jornadas de capacitación, ambas en Oaxtepec, con actividades de tres días cada una. De acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de transparencia y difundida en medios nacionales, Morena reportó gastos por 813 mil 662 pesos en la primera edición y 963 mil 686 pesos en la segunda, para un total de un millón 777 mil 348 pesos, destinados a salones, alimentos, mobiliario, papelería e impresos. A ello se sumaron gastos de promoción digital, por lo que el desembolso global reportado superó los dos millones de pesos.

El contraste entre la formación política ofrecida por Morena, basada en principios de honestidad y austeridad, y la acusación contra el alcalde de Culiacán coloca bajo escrutinio la efectividad de esos mecanismos de capacitación. No obstante, la asistencia a la escuela partidista no constituye evidencia de participación de Morena en los delitos investigados.

La gravedad del expediente estadounidense radica en sus alcances. La Fiscalía Federal de Nueva York atribuye a los acusados una presunta conspiración para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas a territorio estadounidense, además de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos relacionados con actividades de narcotráfico.

En el caso de Gámez Mendívil, el Departamento de Justicia identifica tres cargos y señala que, de acreditarse las acusaciones, podría enfrentar una pena de cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión. Las sanciones corresponden a los delitos imputados y no representan una condena anticipada.

La investigación también expone presuntas irregularidades en las corporaciones de seguridad de Culiacán. Según la acusación, Juan Valenzuela Millán, exmando de la Policía Municipal, habría recibido pagos de Los Chapitos para facilitar operaciones criminales y utilizar elementos policiales en beneficio de esa organización. Además, se le atribuye participación en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y un familiar, posteriormente asesinados.

El fiscal federal Jay Clayton sostuvo que las organizaciones dedicadas al narcotráfico dependen de la protección de funcionarios corruptos para mantener sus operaciones. Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, advirtió que la corrupción institucional permite a los cárteles ampliar sus actividades y representa una amenaza para la seguridad de ambos países.

La situación de Gámez Mendívil adquiere especial relevancia por tratarse de un presidente municipal que recibió capacitación partidista mientras encabezaba una de las ciudades más afectadas por la disputa entre organizaciones criminales. Su posterior solicitud de licencia y las imputaciones estadounidenses colocan en el centro del debate la responsabilidad de las autoridades para prevenir la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas.

El caso también plantea una exigencia de transparencia para Morena: explicar los resultados de su Escuela Municipalista, los criterios de selección de participantes y el destino de los recursos empleados en un programa cuyo propósito declarado era mejorar la calidad de los gobiernos municipales.

Más allá del costo de la capacitación, el desafío para el partido gobernante es demostrar que sus principios de honestidad, austeridad y servicio público se traducen en mecanismos efectivos de vigilancia y rendición de cuentas. Mientras tanto, corresponderá a los tribunales estadounidenses determinar la responsabilidad penal de Gámez Mendívil y de los demás imputados, quienes conservan su presunción de inocencia.