En el marco del 73 aniversario del reconocimiento del voto femenino en México, especialistas, legisladoras, juzgadoras y representantes de partidos políticos y organismos internacionales plantearon ante el Instituto Nacional Electoral (INE) fortalecer los mecanismos de protección, capacitación, financiamiento y acceso a la justicia para garantizar la participación efectiva de las mujeres en la vida política del país.

Durante el Encuentro Nacional por los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres y la Democracia Paritaria, las participantes coincidieron en la necesidad de superar las barreras que todavía enfrentan las mujeres para acceder a cargos públicos y ejercerlos en condiciones de igualdad, así como combatir las prácticas de simulación en el cumplimiento de la paridad de género y las acciones afirmativas.

Entre las principales propuestas destacaron la creación de redes institucionales de acompañamiento jurídico para mujeres que desempeñan cargos de elección popular, el fortalecimiento de defensorías especializadas, mayores recursos para su formación política y mecanismos efectivos para prevenir y sancionar la violencia política en razón de género.

En el encuentro, organizado por el INE, participaron figuras como Olga Sánchez Cordero, Amalia García Medina, Beatriz Paredes Rangel, Kenia López Rabadán y Patricia Mercado Castro, quienes, junto con especialistas y representantes de organismos internacionales, analizaron los avances y desafíos de los derechos políticos de las mexicanas.

Durante el panel dedicado a los avances en materia de derechos políticos y electorales, moderado por la consejera Carla Humphrey Jordan, se propuso impulsar un pacto nacional para fortalecer la protección y el acceso a la justicia de las mujeres, además de consolidar la participación de la Secretaría de las Mujeres en el diseño de políticas públicas.

También se planteó que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, con el respaldo de ONU Mujeres, desarrollen programas permanentes de capacitación para candidatas de todas las fuerzas políticas, con el propósito de fortalecer sus capacidades de liderazgo y participación electoral.

En la mesa sobre igualdad sustantiva, las participantes señalaron la importancia de dotar de recursos permanentes a las instancias de defensa jurídica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente aquellas encargadas de atender a mujeres indígenas y a quienes enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos políticos.

Asimismo, propusieron reconstruir alianzas entre legisladoras de distintas fuerzas políticas, establecer mecanismos de alternancia de género y promover programas de mentoría que permitan formar nuevas generaciones de liderazgos femeninos.

Uno de los temas centrales fue el financiamiento que los partidos políticos deben destinar a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, equivalente al tres por ciento de su financiamiento público ordinario.

En este apartado, moderado por el consejero Arturo Castillo Loza, se planteó establecer consecuencias efectivas por irregularidades en el ejercicio de esos recursos, así como separar el presupuesto destinado a la formación política del utilizado para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres.

Las participantes también consideraron indispensable incorporar criterios de inclusión e interseccionalidad en la distribución del financiamiento, a fin de ampliar las oportunidades de participación para mujeres indígenas, jóvenes y pertenecientes a otros grupos históricamente discriminados.

En el último panel se abordó la necesidad de impedir que las acciones afirmativas sean utilizadas mediante mecanismos de simulación para registrar candidaturas que no correspondan a los grupos que buscan representar.

Para ello, se propuso establecer protocolos de acreditación, fortalecer la fiscalización de los recursos destinados a estas candidaturas y crear estructuras permanentes de inclusión dentro de los partidos políticos.

También se planteó la creación de una defensoría pública especializada que permita atender de manera preventiva los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, antes de que las agresiones comprometan sus derechos o el ejercicio de sus funciones.

Las propuestas presentadas durante el encuentro buscan contribuir al fortalecimiento de la democracia paritaria, bajo el principio de que la igualdad no debe limitarse al número de candidaturas o cargos ocupados por mujeres, sino traducirse en condiciones reales de participación, representación, seguridad y ejercicio del poder.

A 73 años del reconocimiento constitucional del derecho de las mexicanas a votar y ser votadas, el encuentro puso de manifiesto que uno de los principales desafíos de las instituciones electorales y los partidos políticos es garantizar que los avances legales se reflejen en una igualdad sustantiva y en el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.