La presunta intervención irregular de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara derivó en la detención del exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien enfrenta acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, afirmó que ninguna operación contra el crimen organizado, por exitosa que resulte, puede realizarse al margen de la legislación mexicana, al explicar las razones que llevaron a la detención de su antecesor, César Gustavo Jáuregui Moreno.

El exfiscal fue detenido este sábado 17 de octubre, en la ciudad de Chihuahua, mediante una orden de aprehensión autorizada por un juez, como parte de las investigaciones relacionadas con un operativo contra un presunto laboratorio clandestino de drogas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara.

La investigación se centra en posibles irregularidades en la participación de personal extranjero, así como en las decisiones adoptadas por los responsables del despliegue policial y el cumplimiento de los protocolos legales correspondientes.

Loya Chávez sostuvo que el combate a las organizaciones criminales debe desarrollarse con estricto apego al marco jurídico, particularmente cuando las operaciones involucran mecanismos de cooperación con autoridades de otros países.

“Un buen resultado no justifica violar la ley”, expresó el funcionario, al dejar claro que los resultados obtenidos durante una intervención policial no eximen a los servidores públicos de responder por posibles conductas contrarias a la legislación.

El encargado de la Fiscalía explicó que las indagatorias fueron desarrolladas por una unidad especial encargada de esclarecer lo ocurrido durante el operativo y determinar si existieron omisiones o decisiones irregulares dentro de la cadena de mando.

La detención de Jáuregui Moreno representa uno de los acontecimientos más relevantes para las instituciones de seguridad de Chihuahua, debido a que el exfuncionario encabezó precisamente la dependencia responsable de investigar y perseguir los delitos en la entidad.

Gilberto Loya detalló que el 24 de abril se constituyó una unidad especial de investigación para revisar los acontecimientos registrados entre el 17 y el 19 de ese mes en El Pinal. Posteriormente, el 12 de mayo, las autoridades estatales informaron sobre la probable participación de ciudadanos extranjeros en el despliegue.

El caso adquirió especial gravedad después de que, el 19 de abril, dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y dos integrantes de las instituciones de seguridad de Chihuahua perdieran la vida en un accidente automovilístico relacionado con los acontecimientos posteriores al operativo.

La presencia de personal estadounidense abrió cuestionamientos sobre las autorizaciones necesarias para su intervención, la coordinación entre las autoridades estatales y federales, así como las responsabilidades de los funcionarios que permitieron o supervisaron su participación.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones aportaron elementos para que un juez de control autorizara la aprehensión de Jáuregui Moreno por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, contemplados en los artículos 253 y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

El funcionario aclaró que las acciones judiciales no representan un desconocimiento del trabajo realizado por la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía estatal y las Fuerzas Armadas durante el desmantelamiento del laboratorio clandestino.

Sin embargo, insistió en que los resultados obtenidos no pueden utilizarse para justificar irregularidades en los procedimientos ni posibles violaciones a las disposiciones que regulan la actuación de los servidores públicos.

“El crimen no puede combatirse al margen de la ley y nadie, sin importar su cargo, puede torcerla en nombre de un buen fin”, advirtió.

En otro de los pronunciamientos más contundentes de su mensaje, Loya Chávez sostuvo que cualquier servidor público, independientemente de su trayectoria o jerarquía, deberá responder ante las autoridades cuando existan elementos que acrediten su probable participación en hechos delictivos.

“Quien trabaje o haya trabajado en esta Fiscalía y cometa un delito será puesto a disposición de la autoridad”, manifestó al confirmar el cumplimiento de la orden judicial.

La detención también provocó reacciones políticas. La defensa del exfiscal, encabezada por el abogado Luis Villegas, aseguró que se trata de una maniobra para impedir que Jáuregui Moreno compita por la candidatura del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Chihuahua.

El abogado cuestionó las condiciones de la captura y anunció que buscará que su representado enfrente el procedimiento en libertad. Por su parte, militantes panistas se concentraron en las inmediaciones de la Ciudad Judicial para expresar su respaldo al exfuncionario.

No obstante, la Fiscalía estatal mantiene que la investigación tiene su origen en las presuntas irregularidades detectadas durante el operativo de abril y que corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades penales.

César Jáuregui Moreno deberá comparecer ante un juez de control para conocer formalmente las imputaciones y ejercer su derecho de defensa. Su detención no constituye una declaración de culpabilidad, por lo que deberá respetarse la presunción de inocencia durante todo el procedimiento.

Gilberto Loya aseguró que la Fiscalía continuará informando sobre los avances del caso y reiteró que el combate a la delincuencia organizada debe desarrollarse mediante instituciones que actúen dentro de la legalidad, sin excepciones para quienes hayan ocupado los más altos cargos de procuración de justicia en Chihuahua.