La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra Mena, advirtió sobre la grave sobrepoblación que enfrentan los centros penitenciarios de Morelos, donde 4 mil 345 personas privadas de la libertad ocupan instalaciones con capacidad para apenas 2 mil 47, lo que representa un hacinamiento del 112 por ciento.
Ante esta situación, la legisladora presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, a fortalecer las acciones destinadas a mejorar las condiciones de internamiento, particularmente en infraestructura, servicios médicos, higiene, seguridad, alimentación, suministro de agua potable y programas de reinserción social.
Guerra Mena señaló que las cifras, provenientes del Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria del Gobierno Federal, evidencian una situación que requiere atención institucional, debido a que la población penitenciaria supera en más del doble la capacidad disponible.
La senadora recordó que, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo de Morelos 2025-2030, el sistema penitenciario está integrado por un Centro de Reinserción Social Femenil, cinco centros varoniles y un Centro Especializado de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
Explicó que la sobrepoblación, sumada a una infraestructura obsoleta e insuficiente, genera presiones sobre los servicios básicos, dificulta la atención médica y reduce los espacios destinados a actividades educativas, laborales y de reintegración social.
En este sentido, sostuvo que la privación de la libertad no significa la pérdida de los derechos humanos, por lo que las autoridades están obligadas a garantizar condiciones dignas y seguras para las personas recluidas.
“Garantizar condiciones dignas de internamiento no constituye únicamente una obligación administrativa, sino una responsabilidad constitucional vinculada directamente con la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales”, enfatizó.
La legisladora del PVEM consideró indispensable realizar evaluaciones permanentes sobre la capacidad instalada, las necesidades de personal penitenciario y las condiciones reales de operación de cada centro, a fin de establecer medidas que permitan reducir el hacinamiento y mejorar los servicios.
Advirtió que mantener instalaciones saturadas no solamente afecta la dignidad de las personas privadas de la libertad, sino que también representa un desafío para la seguridad, la convivencia interna y el cumplimiento de los objetivos del sistema penitenciario.
Juanita Guerra subrayó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los centros de reclusión funcionen bajo los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos, trabajo, capacitación, educación, salud y deporte como medios para lograr la reinserción social.
“El objetivo no debe limitarse a mantener los centros en funcionamiento, sino a garantizar que estos cumplan efectivamente con la finalidad constitucional de la reinserción social”, puntualizó.
Finalmente, la senadora insistió en que el Gobierno de Morelos debe fortalecer sus políticas penitenciarias para atender la sobrepoblación, modernizar la infraestructura y asegurar condiciones de internamiento compatibles con la dignidad humana y el respeto a la ley.
