Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
La contabilidad política suele ser sumamente flexible cuando se cruza con las urnas. Durante un mitin en Highland Heights, Kentucky, el presidente estadounidense Donald Trump revivió un viejo fantasma de su arsenal retórico: asegurar que México “sí pagó” el muro fronterizo y que lo ha hecho “muchas, muchas veces” a través de los aranceles impuestos a las mercancías nacionales. La afirmación, lanzada en plena recta final hacia las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre, no solo desafía la lógica aduanera elemental, sino que vuelve a colocar al gobierno mexicano en una posición incómoda: responder con el riesgo de escalar el conflicto, o callar con el costo de permitir que la mentira se asiente como verdad consumada.
Lo que no queda claro es cómo un gravamen cobrado jurídicamente a los importadores en Estados Unidos puede traducirse en una transferencia fiscal del erario mexicano para financiar infraestructura en el país vecino. Los datos presupuestales del Congressional Research Service y los informes de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) estadounidense son incontrovertibles: las obras de la barrera fronteriza se han pagado con fondos federales de Estados Unidos, principalmente mediante asignaciones al Departamento de Seguridad Nacional y reasignaciones millonarias del Departamento de Defensa. De las más de 3,200 kilómetros que Trump afirma haber construido —una cifra que por sí sola excede la extensión total de la frontera terrestre—, los registros oficiales muestran que la mayoría de los trabajos correspondieron al reemplazo o reforzamiento de vallas previas, mientras que la expansión neta en tramos donde no existía barrera apenas superó las 85 millas.
Frente a esta construcción narrativa, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sido la contención técnica. En comparecientes recientes, la postura oficial se ha centrado en destacar que entre el 80 y el 85% del comercio bilateral se mantiene libre de aranceles y en defender el T-MEC bajo una premisa de “sangre fría y perseverancia”. Sin embargo, el momento genera severos cuestionamientos. Al evitar una confrontación directa ante las frases estridenciales del mandatario estadounidense, el Ejecutivo mexicano preserva la mesa de negociación, pero deja sin réplica formal un discurso que vulnera la soberanía fiscal y mercantil del país.
La pregunta es si la cautela diplomática se traducirá en la defensa efectiva de los intereses comerciales o si terminará por validar los costos implícitos del proteccionismo estadounidense. Es verdad que los aranceles merman la competitividad y presionan los márgenes de exportadores mexicanos, pero presentar esa distorsión de mercado como una “contribución patriótica” al muro de Trump forma parte de una escenografía electoral orientada a movilizar bases conservadoras en estados clave. Mientras tanto, en México, la narrativa oficial prefiere encuadrar la relación en términos de estabilidad macroeconómica, omitiendo que la presión fiscal y las amenazas comerciales siguen erosionando la certidumbre para la inversión.
El escenario merece una lectura más cuidadosa. Aceptar que la política exterior mexicana se reduzca a la administración de daños frente a los exabruptos de Washington implica asumir que el país está dispuesto a pagar —ya no el muro, sino el costo de la ambigüedad— con tal de mantener una paz diplomática frágil. Las implicaciones no son menores: si los datos duros desmienten el discurso de Trump, la pasividad comunicacional del gobierno mexicano arriesga la percepción de firmeza en un momento en que la revisión del tratado comercial exige posturas claras y sin concesiones simbólicas.
Las deudas en política rara vez se pagan con facturas de aduana; se pagan con concesiones. Pretender que los impuestos pagados por consumidores e importadores estadounidenses constituyen un financiamiento mexicano al muro es una pirueta contable insostenible. Pero en el juego del poder, cuando los hechos estorban al discurso, la verdad suele ser la primera en pagar el arancel.
APUNTES CLAVE:
AZCAPOTZALCO: La diputada de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, anunció su registro para contender por la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Azcapotzalco. Durante una asamblea, refrendó su respaldo a Claudia Sheinbaum y llamó a fortalecer el trabajo territorial, atender las demandas ciudadanas y garantizar la rendición de cuentas en temas como seguridad, salud, vivienda y servicios públicos. //SALUD: El diputado del PRI, Rubén Moreira, criticó la política de salud del gobierno federal y señaló que 44.5 millones de personas no tenían acceso a servicios médicos en 2024, según cifras del INEGI citadas en el comunicado. También denunció la falta de medicamentos, el deterioro de equipos hospitalarios, las agresiones contra personal sanitario y el retraso en la publicación de una reforma para mejorar los salarios de trabajadores de la salud. //LIBRE EXPRESIÓN: El diputado del PAN, Daniel Chimal, pidió al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentar cifras sobre los resultados de los aranceles a productos importados, su impacto en los precios y la creación de empleos. También cuestionó las reformas sobre derechos de autor y propiedad industrial por posibles restricciones a la libertad de expresión en internet. Ebrard afirmó que México registra 240 mil empleos formales más y sostuvo que las medidas buscan proteger la industria nacional y combatir fraudes con símbolos oficiales.
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