Con 72 votos a favor y 34 en contra, el Senado de la República aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una legislación que busca modernizar las transacciones comerciales y los trámites gubernamentales, pero que también abrió un intenso debate sobre sus posibles consecuencias para millones de mexicanos que utilizan efectivo, carecen de servicios bancarios o enfrentan dificultades para acceder a internet.

La reforma, remitida al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, contempla la incorporación de herramientas tecnológicas como códigos QR, transferencias electrónicas, tarjetas bancarias y sistemas de comunicación de campo cercano (NFC), además de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de identificación para facilitar la contratación de servicios financieros.

Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá determinar sectores estratégicos en los que únicamente se acepten pagos digitales, disposición que generó cuestionamientos sobre la libertad de los consumidores para elegir cómo pagar y los costos que deberán asumir los pequeños negocios.

Aunque los legisladores de Morena aseguraron que la nueva legislación no pretende eliminar el dinero en efectivo, representantes de la oposición advirtieron que permitir operaciones exclusivamente electrónicas en determinadas actividades podría excluir a personas sin cuentas bancarias, teléfonos inteligentes o conectividad.

La aprobación tampoco estuvo exenta de diferencias legislativas. En la discusión particular, senadores del PAN, PRI y Morena presentaron reservas para modificar distintas disposiciones, pero fueron rechazadas. Finalmente, los artículos reservados se aprobaron con 72 votos a favor y 37 en contra.

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, defendió la reforma al señalar que la digitalización representa una oportunidad para fortalecer el sistema financiero, ampliar la inclusión económica y facilitar que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan a servicios bancarios y financiamiento.

Entre los beneficios potenciales destacan la reducción del uso de efectivo en determinadas operaciones, una mayor rapidez en los pagos, la simplificación de trámites públicos y la posibilidad de generar historiales de transacciones que faciliten el acceso al crédito formal.

Asimismo, los pagos electrónicos pueden contribuir a mejorar la trazabilidad de las operaciones comerciales, disminuir algunos riesgos asociados con el manejo de grandes cantidades de efectivo y facilitar la supervisión financiera, siempre que existan mecanismos adecuados de protección de datos personales y ciberseguridad.

La legislación también otorga al Banco de México facultades para impulsar herramientas tecnológicas que faciliten las transferencias electrónicas, promover la interoperabilidad entre aplicaciones financieras y desarrollar infraestructura que amplíe el acceso de la población a estos servicios.

Por su parte, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones participará en la homologación de trámites relacionados con el desarrollo económico, con el propósito de simplificar procedimientos y reducir diferencias operativas entre instituciones gubernamentales.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aclaró que la implementación será gradual y que la ley contempla excepciones para permitir pagos en efectivo o mediante cheque cuando se presenten contingencias que afecten temporalmente los sistemas electrónicos.

No obstante, la existencia de excepciones por fallas tecnológicas no resuelve necesariamente las dificultades permanentes de quienes carecen de conectividad, dispositivos electrónicos o acceso a servicios financieros, uno de los principales cuestionamientos expresados durante el debate.

La senadora priista Karla Guadalupe Toledo Zamora advirtió que la modernización podría representar una carga económica adicional para pequeños comerciantes, quienes tendrían que contratar servicios de internet, adquirir terminales bancarias y absorber comisiones por las operaciones.

La legisladora sostuvo que exigir nuevas inversiones tecnológicas a negocios con márgenes reducidos de ganancia podría afectar su rentabilidad y trasladar parte de esos costos a los consumidores.

En el mismo sentido, el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que la digitalización pueda convertirse en una condición para acceder a determinados bienes y servicios.

Advirtió que quienes no dispongan de cuentas bancarias, aplicaciones móviles o conocimientos tecnológicos podrían quedar excluidos de operaciones cotidianas.

“Si no tienes una cuenta de banco, internet, una aplicación o si no sabes usar estos sistemas, entonces quedas fuera y eso no es inclusión”, señaló.

Desde el PAN, José Máximo García López cuestionó las motivaciones fiscales de la legislación y acusó al Gobierno federal de pretender ampliar los mecanismos de supervisión sobre las operaciones económicas de los ciudadanos.

En contraste, el senador morenista Heriberto Marcelo Aguilar Castillo sostuvo que la reforma busca ampliar las opciones de pago y facilitar las actividades económicas, particularmente para pequeños comerciantes y familias que actualmente enfrentan barreras para utilizar servicios financieros.

La senadora del Partido Verde, Juanita Guerra Mena, también respaldó la legislación al considerar que la innovación tecnológica puede impulsar la inclusión financiera, modernizar los servicios públicos y generar nuevas oportunidades económicas.

La discusión también plantea desafíos para el sector bancario y los inversionistas. Una mayor utilización de medios electrónicos puede incrementar el volumen de operaciones, favorecer la innovación financiera y abrir oportunidades para bancos, empresas tecnológicas y proveedores de infraestructura de pagos.

Sin embargo, para que esos beneficios se materialicen será necesario garantizar sistemas seguros, reglas claras, interoperabilidad entre instituciones y costos accesibles para los usuarios. De lo contrario, la digitalización podría favorecer principalmente a las empresas con mayor capacidad tecnológica y financiera, mientras los pequeños establecimientos enfrentan dificultades para competir.

En este contexto, la Asociación de Bancos de México (ABM) representa a uno de los sectores directamente involucrados en la implementación de los nuevos mecanismos de pago. Aunque la banca ha respaldado iniciativas para ampliar la digitalización financiera, no se identificó un pronunciamiento específico de la ABM sobre la ley recién aprobada que permita atribuirle advertencias concretas, por lo que resulta indispensable distinguir entre los riesgos potenciales de la reforma y las posiciones expresadas oficialmente por el sector.

Entre las preocupaciones que deberán atenderse durante su implementación destacan la protección de la información personal, la prevención de fraudes electrónicos, la responsabilidad de las instituciones ante operaciones no reconocidas y la continuidad de los servicios cuando existan fallas de conectividad.

Para los inversionistas, otro elemento relevante será la certidumbre regulatoria. La facultad otorgada a Hacienda para determinar las actividades sujetas exclusivamente a pagos digitales podría modificar los costos operativos y las condiciones comerciales de distintos sectores, dependiendo de las disposiciones que emita la autoridad.

Incluso dentro de Morena surgieron cuestionamientos. El senador Ricardo Sheffield Padilla planteó revisar las facultades previstas para Hacienda en los artículos 13 y 14, al considerar conveniente la participación del Banco de México para evitar que decisiones de amplio impacto económico dependan exclusivamente de una autoridad administrativa.

La controversia también alcanza a la población que utiliza principalmente efectivo para sus operaciones cotidianas. Por ello, el PAN propuso establecer comisiones cero para microempresas, crear un fondo público de conectividad y garantizar que el dinero físico continúe siendo una alternativa de pago.

El principal desafío de la nueva legislación será evitar que la modernización financiera se convierta en una barrera económica y tecnológica para los sectores más vulnerables. La expansión de los pagos digitales puede generar beneficios importantes, pero su éxito dependerá de que las autoridades garanticen accesibilidad, seguridad, competencia y condiciones equitativas para consumidores y comerciantes.

Con el proyecto remitido al Ejecutivo Federal, la atención se concentrará en su promulgación y en las disposiciones que definan los sectores donde podrán establecerse pagos exclusivamente electrónicos.

La nueva Ley de Economía Digital abre así una etapa de transformación del sistema de pagos mexicano, pero también un debate sobre los límites de la intervención gubernamental, la libertad de elección de los consumidores y la responsabilidad de evitar que millones de personas queden al margen de la economía formal por carecer de herramientas digitales.