La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó ante la Cámara de Diputados que 42.8 millones de mexicanos reciben apoyos de los programas sociales del Gobierno Federal, con una inversión superior al billón de pesos durante 2026. Mientras legisladores oficialistas destacaron los avances en materia de política social, representantes de la oposición exigieron mayor transparencia, fiscalización y garantías sobre la sostenibilidad financiera de estos beneficios.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Bienestar, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria destacó que el número de beneficiarios aumentó en 10.7 millones respecto de 2025, consolidando, afirmó, una política social basada en la entrega directa de recursos, sin intermediarios ni condicionamientos.
Ramírez Amaya aseguró que los programas cuentan con un padrón único, público y auditable, actualizado trimestralmente mediante mecanismos de verificación con el Registro Nacional de Población (RENAPO) y la Clave Única de Registro de Población (CURP), con el propósito de evitar duplicidades e irregularidades.
“No hay nada que ocultar”, sostuvo al informar que actualmente se atienden dos auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y que las solicitudes de información están siendo desahogadas conforme a los procedimientos establecidos.
Respecto de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2024, precisó que se determinaron seis acciones por aproximadamente cinco millones de pesos, de los cuales 1.5 millones ya fueron solventados. Añadió que el 98.55 por ciento del presupuesto se destina directamente a los apoyos sociales y alrededor del 1.4 por ciento a gastos operativos.
La secretaria rechazó que los programas sean utilizados con fines electorales y aseguró que los Servidores de la Nación reciben capacitación permanente para garantizar su actuación imparcial. Advirtió que cualquier irregularidad será atendida mediante los mecanismos institucionales correspondientes y en coordinación con las autoridades electorales.
En materia de resultados, destacó que más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza durante los últimos seis años, avance que atribuyó al incremento del salario mínimo, la inversión pública y privada y la ampliación de los programas sociales.
Detalló que cerca de 14 millones de adultos mayores reciben una pensión, con una inversión anual aproximada de 527 mil millones de pesos, mientras que el programa Mujeres Bienestar beneficia a 2.8 millones de mexicanas de entre 60 y 64 años, mediante recursos por 57 mil millones de pesos.
Asimismo, informó que 1.8 millones de personas con discapacidad reciben apoyos económicos, con un presupuesto superior a 36 mil millones de pesos, mientras que el programa Salud Casa por Casa acumula 27 millones de visitas domiciliarias para acercar servicios médicos a la población.
En educación, señaló que 19.5 millones de estudiantes reciben becas desde el nivel básico hasta la universidad, en tanto que Sembrando Vida cuenta con aproximadamente 423 mil productores incorporados y más de mil 200 millones de plantas y árboles cultivados en diversas regiones del país.
La funcionaria también destacó la asignación de 13 mil 500 millones de pesos para infraestructura social destinada a comunidades indígenas y afromexicanas, así como los apoyos otorgados a personas repatriadas mediante la estrategia México Te Abraza.
Durante la comparecencia, la presidenta de la Comisión de Bienestar, Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, sostuvo que los programas sociales representan derechos que deben garantizarse mediante presupuestos suficientes y mecanismos institucionales permanentes.
“El dinero público no pertenece a ningún partido político, los recursos públicos son del pueblo de México y deben servirle”, enfatizó.
Por Morena, legisladores reconocieron la ampliación de la cobertura social y destacaron los resultados de las pensiones, becas y programas dirigidos al campo y a las personas con discapacidad.
En contraste, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó la transparencia en el ejercicio de los recursos y solicitó garantías para impedir que la estructura de los Servidores de la Nación intervenga en las elecciones de 2027.
Su compañera de bancada, María Isabel Rodríguez Heredia, advirtió sobre los desafíos financieros que representa el envejecimiento de la población y preguntó cómo se sostendrá el crecimiento de las pensiones sin comprometer otros servicios públicos ni incrementar el endeudamiento.
Desde el PRI, Christian Mishel Castro Bello señaló que el presupuesto previsto para 2027, estimado en un billón 25 mil millones de pesos, exige objetivos verificables y resultados concretos. Consideró indispensable conocer cuántas personas cumplen los requisitos para recibir apoyos, cuántas son atendidas y cuántas permanecen en espera.
Por su parte, el diputado priista Víctor Samuel Palma César planteó evaluar con mayor precisión la contribución de los programas sociales a la reducción de la pobreza, frente al impacto del incremento de los ingresos laborales.
Legisladores del PVEM destacaron la importancia de medir los resultados ambientales y productivos de Sembrando Vida, mientras que representantes del PT propusieron fortalecer el marco jurídico de los programas y ampliar su cobertura en comunidades alejadas.
Movimiento Ciudadano, por conducto de sus legisladores, demandó que la política social trascienda las transferencias económicas y garantice derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, empleo y accesibilidad para las personas con discapacidad.
Ante los cuestionamientos, Leticia Ramírez Amaya ofreció establecer mesas de trabajo con diputadas y diputados para revisar la información presupuestaria, los padrones y los mecanismos de evaluación de los programas.
La secretaria reiteró que la administración federal mantiene el compromiso de garantizar la entrega directa de los recursos y atender las observaciones de los órganos fiscalizadores.
La comparecencia dejó de manifiesto las diferencias entre las bancadas respecto de los resultados, la transparencia y la viabilidad financiera de la política social, particularmente ante el crecimiento del presupuesto destinado a los programas de bienestar y la necesidad de garantizar su continuidad sin comprometer las finanzas públicas.
