La senadora del PRI, Carla Toledo, exigió la comparecencia ante el Senado de la República y la renuncia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, al responsabilizarlo del deterioro de los servicios médicos, el desabasto de medicamentos y las deficientes condiciones laborales del personal sanitario. Asimismo, acusó al gobierno de Morena de incumplir compromisos con trabajadores del Poder Judicial y cuestionó el manejo de los recursos públicos.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, la legisladora priista sostuvo que la crisis del sistema nacional de salud ha alcanzado niveles insostenibles, debido a la falta de medicamentos, equipo médico fuera de servicio, quirófanos inoperantes y retrasos de varios meses en la programación de intervenciones quirúrgicas.

Toledo afirmó que, pese a los anuncios gubernamentales sobre inversiones millonarias para la adquisición de medicamentos, persisten las dificultades para surtir recetas y garantizar atención oportuna a los derechohabientes.

Señaló que existen hospitales donde los pacientes deben esperar entre tres y cuatro meses para una cirugía, mientras que equipos de rayos X, mastógrafos y ultrasonidos presentan fallas que impiden ofrecer servicios adecuados.

Ante este panorama, exigió que Zoé Robledo comparezca ante el Senado para explicar los resultados de su administración y responder por las deficiencias que, aseguró, afectan tanto a pacientes como a trabajadores.

“Esto ya es insostenible, así que por eso exigimos en el Grupo Parlamentario del PRI la comparecencia de Zoé Robledo”, manifestó.

La senadora acusó al funcionario de sentirse protegido por el gobierno federal y consideró que debería separarse voluntariamente del cargo ante los cuestionamientos sobre su desempeño.

También denunció el incumplimiento de los compromisos de basificación del personal médico contratado durante la pandemia de COVID-19, cuyos integrantes, aseguró, continúan sin obtener estabilidad laboral pese a las promesas de las autoridades.

En este contexto, cuestionó la contratación de médicos cubanos mientras profesionales mexicanos permanecen sin una plaza definitiva, por lo que demandó atender prioritariamente las condiciones laborales del personal nacional.

La legisladora responsabilizó también a funcionarios de la Secretaría de Salud, Birmex y las áreas encargadas de adquirir y distribuir medicamentos, al considerar que las deficiencias administrativas terminan afectando directamente a quienes necesitan atención médica.

Criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum realice recorridos por hospitales sin que, a su juicio, se resuelvan los problemas estructurales del sistema sanitario.

Toledo sostuvo que las manifestaciones de trabajadores y derechohabientes reflejan una realidad distinta de la presentada oficialmente, por lo que pidió al Ejecutivo federal escuchar las inconformidades y adoptar medidas efectivas.

Asimismo, planteó revisar el destino de los recursos destinados a grandes proyectos de infraestructura, entre ellos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, al considerar que sus costos deberían contrastarse con las necesidades urgentes de los hospitales públicos.

Afirmó que el gobierno federal tendría que privilegiar la inversión en infraestructura hospitalaria, equipamiento, medicamentos y contratación de personal médico.

La senadora también responsabilizó políticamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a exfuncionarios como Hugo López-Gatell y Juan Ferrer del deterioro que, desde su perspectiva, experimentó el sistema de salud durante las administraciones de Morena.

Consideró necesario que quienes participaron en las decisiones relacionadas con la transformación de los servicios sanitarios rindan cuentas sobre sus resultados.

En otro tema, Carla Toledo cuestionó el incumplimiento de las obligaciones laborales con exempleados del Poder Judicial de la Federación, particularmente respecto de prestaciones y compromisos derivados de la reforma judicial.

Acusó a Morena de haber impulsado dicha reforma con el propósito de controlar al Poder Judicial, sin garantizar previamente los derechos de quienes durante años desempeñaron funciones jurisdiccionales y administrativas.

Sostuvo que los legisladores oficialistas aprobaron modificaciones sin analizar suficientemente sus consecuencias y señaló que ahora corresponde a quienes respaldaron la reforma responder por las afectaciones denunciadas.

“Es un cinismo total el que tiene Morena, porque prometen muchas cosas, pero la realidad es que no cumplen”, expresó.

La legisladora también se pronunció sobre los señalamientos de presuntas irregularidades relacionados con Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y exigió su renuncia, al considerar que los cuestionamientos sobre su actuación deben esclarecerse y no quedar sujetos a protección política.

En materia de pensiones y jubilaciones, manifestó su preocupación por posibles modificaciones legales que pudieran afectar derechos adquiridos o aplicarse retroactivamente en perjuicio de los trabajadores.

Advirtió que cualquier propuesta en esta materia debe revisarse cuidadosamente para evitar afectaciones a quienes han realizado aportaciones durante su vida laboral.

Finalmente, cuestionó que los trabajadores continúen pagando cuotas al IMSS cuando, según denunció, numerosos derechohabientes deben adquirir medicamentos con recursos propios o acudir a hospitales privados ante la falta de atención.

Por ello, planteó analizar mecanismos de compensación, reembolso o revisión de cuotas cuando las instituciones públicas incumplan con la prestación de servicios médicos.

Respecto de la situación en Jalisco, la senadora también expresó su preocupación por las denuncias de contaminación del agua y el trato a manifestantes que exigen acceso al líquido, al advertir que este problema representa un riesgo adicional para la salud pública.

Carla Toledo insistió en que el gobierno federal debe reconocer las deficiencias de los servicios públicos, atender las demandas laborales y garantizar que los recursos presupuestales se traduzcan en beneficios efectivos para la población.

La legisladora concluyó que la rendición de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones institucionales deben prevalecer sobre cualquier interés partidista, particularmente cuando están en juego la salud, los derechos laborales y el bienestar de millones de mexicanos.