FRANCISCO RODRÍGUEZ

En pocas palabras, el todavía director general del IMSS, Zoé Robledo, pasó en pocos años de defensor a ultranza de la transparencia gubernamental…

… al gasto desbordado, oscuro, de negocios personales y familiares con las cuotas que obligadamente pagan trabajadores y patrones sin que nadie reciba la atención que por ello se merece.

¿Cómo llegó Robledo a esa posición estratégica del sistema público de salud?

Se lo cuento, a partir de la narración que en su trabajo de investigación llevaron a cabo empleados de confianza del IMSS, médicos y funcionarios, de la que le he dado aquí apenas unas pinceladas:

Corrían los albores de la administración que prometía transformar para siempre la vida pública mexicana. López Obrador estaba por ocupar Palacio Nacional y una nueva generación de políticos se preparaba para recibir las responsabilidades, los nombramientos y las oportunidades que acompañaban el nacimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Zoé Robledo Aburto era diputado federal. Había transitado por el Senado, construido relaciones, defendido iniciativas y acumulado suficientes credenciales políticas como para aspirar a algo más que una curul. La vida parlamentaria tiene sus satisfacciones, desde luego, pero ninguna comparable con la posibilidad de ingresar al círculo de quienes ejercen directamente el poder… y los recursos provenientes del erario.

Tacos de rib eye

La escena, reconstruida literariamente, transcurre en El Cuerno, uno de esos restaurantes aspiracionales donde el precio de un taco de rib eye con tuétano podría provocar una indigestión ideológica a cualquier predicador de la austeridad republicana. Un establecimiento suficientemente elegante para celebrar el ascenso social y suficientemente discreto para conversar sobre el ascenso político.

Frente a Zoé se encontraba Rabindranath Salazar Solorio, quien, entre un bocado y otro, asumía el papel de paloma mensajera del nuevo poder: “¡Ya estuvo! Mañana vas a la Subsecretaría de Gobernación”, le habría anunciado en esta recreación de aquel momento.

El semblante de Zoé se iluminó, la sonrisa se extendió de oreja a oreja y sus ojos parecieron anunciar una alegría imposible de disimular. Por fin llegaba el reconocimiento a una trayectoria construida entre tribunas legislativas, declaraciones de principios y una cercanía cada vez mayor con el Movimiento que había conquistado la Presidencia.

El personaje no era precisamente un recién llegado a la política. Era hijo de Eduardo Robledo Rincón, senador de la República y gobernador de Chiapas durante un periodo tan breve que casi podría medirse en semanas. Había crecido, pues, en un ambiente donde el poder no era una abstracción estudiada en los libros, sino una realidad conocida desde la mesa familiar.

Pero Zoé también había cultivado sus propias credenciales. Formado en el ITAM, institución frecuentemente asociada con las élites tecnocráticas mexicanas, y con estudios de posgrado en la UNAM, había encontrado una combinación particularmente conveniente entre preparación académica y afinidad política con el nuevo gobierno.

Durante su paso por el Senado, entre 2012 y 2018, destacó por su participación en la agenda de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas vinculada con la iniciativa ciudadana Ley 3de3. Declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales; vigilancia ciudadana y responsabilidad de los servidores públicos.

Una causa prácticamente irreprochable y extraordinariamente compatible con el discurso del hombre que estaba por instalarse en Palacio Nacional. La ironía de esta historia apenas comenzaba: quien había exigido que los demás explicaran sus decisiones pronto tendría que responder por algunas de las contrataciones públicas más grandes y complejas del país.

Mientras tanto, el rib eye se enfriaba. La transformación calentaba motores.

Denuncias de Germán

El destino todavía reservaba a Zoé una oportunidad mucho mayor. En mayo de 2019, Germán Martínez Cázares presentó su renuncia a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no se marchó discretamente, con la habitual carta de agradecimiento, los buenos deseos al entonces Presidente y la promesa de continuar trabajando por México desde cualquier trinchera. Se fue denunciando. Y lo hizo con una expresión particularmente incómoda para los nuevos tiempos: no estaba dispuesto a convertirse en un florero de decisiones tomadas fuera del IMSS.

La disputa tenía antecedentes. En enero de 2019 había ocurrido un singular enroque administrativo. Pedro Centeno Santaella, entonces director de Administración del IMSS, fue trasladado a responsabilidades equivalentes en el ISSSTE, mientras Flavio Cienfuegos Valencia realizó el recorrido inverso. El intercambio involucró también a colaboradores y equipos administrativos, y fue relacionado por la prensa con diferencias sobre nombramientos, autoridad efectiva y control institucional. El movimiento no resolvió completamente las tensiones y Germán Martínez terminó por marcharse en mayo.

López Obrador anunció entonces a Zoé Robledo como su sustituto. El antiguo paladín de la transparencia recibía una institución que atendía a millones de derechohabientes, administraba un presupuesto gigantesco y realizaba contrataciones cuya complejidad superaba ampliamente la experiencia de una subsecretaría, así fuera la de Gobernación.

No era cualquier nombramiento; era la Dirección General del Seguro Social. Y, a diferencia de la tribuna legislativa, desde donde resulta relativamente sencillo exigir rendición de cuentas, ahora correspondía demostrarla.

Llegada de $ Pedrero $

Su primer movimiento en el tablero ocurrió en agosto de 2019, cuando Zoé Robledo tomó protesta a su alfil, Humberto Pedrero Moreno como director de Administración del IMSS. El nombramiento tenía una característica interesante: Pedrero no provenía de la operación hospitalaria ni de una trayectoria particularmente vinculada con la prestación de servicios médicos. Había sido secretario de Hacienda del gobierno de Manuel Velasco Coello en Chiapas y diputado federal electo por el Partido Verde Ecologista de México, antes de incorporarse a la bancada de Morena.

Conocía los presupuestos, los mecanismos de administración pública y las complejidades de la política chiapaneca. En aquellos tiempos, cambiar del Verde a Morena no parecía representar una contradicción ideológica insuperable. La transformación también tenía sus propios mecanismos de reciclaje político, aunque naturalmente se presentaban bajo la terminología más elegante de coincidencia de principios.

La llegada de Pedrero planteaba una pregunta inevitable: ¿qué había ocurrido con aquel control administrativo que Germán Martínez había denunciado pocos meses antes? ¿Habían cambiado las reglas, se había fortalecido la autonomía institucional o simplemente habían cambiado las personas que ocupaban las posiciones estratégicas?

La respuesta no podía encontrarse exclusivamente en los organigramas. En una institución como el IMSS, el poder administrativo no reside solamente en quien firma una adjudicación. También puede encontrarse en quien calcula la demanda, determina las necesidades, establece los calendarios, administra los inventarios y autoriza los mecanismos extraordinarios de adquisición. En ocasiones, la decisión más importante de una compra pública se toma mucho antes de que aparezca el nombre del proveedor ganador.

Compras regionales

Y entonces apareció una de las grandes paradojas ese nuevo modelo de abastecimiento. El gobierno había prometido acabar con los grandes intermediarios farmacéuticos, consolidar la demanda nacional, aprovechar su poder de compra y obtener mejores precios. Una aspiración económicamente razonable.

Pero mientras los discursos celebraban las economías de escala, los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS, las antiguas delegaciones estatales, en lo obscurito, a la vieja usanza poco transparente de las compras regionales, comprando a 5 o 10 veces su precio en el mercado. Y no solamente para adquirir pequeñas cantidades destinadas a resolver faltantes inmediatos.

La información proporcionada para esta investigación plantea que algunas adquisiciones extraordinarias involucraban volúmenes considerables y precios muy superiores a las referencias institucionales disponibles ejercidos en favor de muchas razones sociales pero muy pocos dueños reales de todas esas empresas.

El mecanismo que se investiga resulta especialmente inquietante. Según testimonios sectoriales e información de inteligencia, determinados pedidos centralizados habrían concentrado cantidades excepcionalmente grandes, en ocasiones cercanas al 80% de la demanda anual de una clave, con plazos de entrega inferiores a veinte días.

Cualquier persona familiarizada con la industria farmacéutica comprende la dificultad. Los laboratorios necesitan adquirir principios activos, importar materias primas, programar líneas de fabricación, realizar controles de calidad y organizar la distribución. Un pedido extraordinario puede exceder ampliamente la capacidad de respuesta inmediata de una empresa, incluso cuando ésta dispone de capacidad suficiente para atender el consumo anual bajo un calendario razonable.

Si se exige entregar en quince días aquello que normalmente requiere varios meses de programación, el incumplimiento puede convertirse en una consecuencia previsible. Investigaciones buscan determinar si ciertas órdenes fueron formuladas de esa manera deliberadamente y si, posteriormente, ante las dificultades de entrega del proveedor originalmente adjudicado, se utilizaron para justificar adquisiciones regionales extraordinarias.

De eso le seguiré platicando mañana. Así que…

(Continuará)