El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, pidió investigar las presuntas irregularidades en contratos y proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció mayores controles de seguridad para impedir el ingreso de personas armadas al Palacio Legislativo de San Lázaro y adelantó que Morena analiza posibles reformas legales relacionadas con la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, el también coordinador de Morena sostuvo que corresponde al Órgano Interno de Control del INE investigar las denuncias sobre posibles conflictos de interés en contrataciones y determinar si existen responsabilidades administrativas.

Aunque expresó una opinión favorable sobre la presidenta del organismo electoral, subrayó que ningún servidor público debe quedar exento del escrutinio institucional.

“No tengo por qué ni exculparla ni culparla, sino que sean los órganos de control los que determinen el grado de responsabilidad que pueda existir”, puntualizó.

Monreal consideró que las denuncias no necesariamente afectan la credibilidad del INE, siempre que se investiguen con transparencia y, en caso de comprobarse irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes.

En otro tema, advirtió que está estrictamente prohibido ingresar con armas de fuego al recinto legislativo, incluso cuando se trate de elementos de seguridad privada que acompañen a diputados.

Explicó que se reforzaron los protocolos de acceso para evitar que legisladores, escoltas, trabajadores o visitantes introduzcan armamento a las instalaciones de la Cámara de Diputados.

El legislador alertó que la presencia de armas representa un riesgo para la integridad de quienes acuden al Congreso, particularmente ante posibles confrontaciones o discusiones que pudieran salirse de control.

“Si tienen seguridad personal, no entren con armas, aunque tengan permiso, no pueden entrar con armas al recinto legislativo”, enfatizó.

Aseguró que en la bancada de Morena ningún diputado cuenta con escoltas armados y reiteró que las disposiciones de seguridad deben cumplirse sin excepciones.

Respecto de las versiones sobre una supuesta investigación contra Santiago Nieto Castillo y su esposa, la consejera electoral Carla Humphrey, Monreal afirmó desconocer la existencia de indagatorias oficiales y sostuvo que cualquier señalamiento debe ser atendido por las autoridades competentes.

Defendió la trayectoria de ambos y consideró que las acusaciones podrían formar parte de una estrategia de descalificación política ante el proceso electoral de 2027, particularmente por las aspiraciones de Nieto en Querétaro.

“Para mí es guerra sucia. Tengo muy buena opinión de Santiago Nieto y su comportamiento al frente de la UIF”, expresó, aunque reconoció que corresponde a las instancias ministeriales esclarecer cualquier denuncia.

Sobre la controversia relacionada con la Modalidad 40 del IMSS, Monreal respaldó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y el acuerdo alcanzado entre las autoridades del Seguro Social y representantes sindicales.

Señaló que deben investigarse los presuntos fraudes o irregularidades detectados, sin responsabilizar de manera generalizada a los trabajadores ni vulnerar sus derechos adquiridos.

El coordinador parlamentario adelantó que Morena estudia la posibilidad de impulsar modificaciones legislativas para otorgar mayor certeza jurídica a las disposiciones relacionadas con esta modalidad de cotización.

“Los derechos de los trabajadores son irrenunciables y las conquistas laborales que logran a través de la historia también”, sostuvo.

Precisó que, si bien el Ejecutivo cuenta con facultades para emitir decretos, una regulación de carácter general podría requerir su incorporación al marco legal vigente.

“Estamos revisándolo desde ayer”, confirmó al señalar que cualquier diputado podría presentar una iniciativa para armonizar las disposiciones correspondientes.

Finalmente, Monreal insistió en que las investigaciones sobre posibles irregularidades en el Seguro Social deben profundizarse y acompañarse de medidas jurídicas que garanticen transparencia, legalidad y protección de los derechos laborales.