Con base en las iniciativas de las bancadas de morena y MC y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Congreso mexiquense aprobó expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la cual actualizará los modelos de representación y elección de autoridades, eliminará progresivamente los cobros de cuotas y creará un Sistema de Ética y Justicia Universitaria.

El dictamen integró propuestas de los diputados Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, ambos de morena; de la bancada de MC, coordinada por el legislador Juan Manuel Zepeda Hernández; y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya iniciativa recogió una propuesta de la propia universidad, resultado de un proceso interno de consulta a estudiantes y personal académico y administrativo.

En la sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por el congresista Vladimir Hernández Villegas (morena), presidente de la Directiva —quien aseguró que con la reforma inicia la transformación de la UAEMéx—, se avaló el documento que establece la creación de un Órgano Electoral Universitario, un régimen disciplinario y de responsabilidad universitaria, así como un sistema de bienestar y cuidado universitario.

Al dar lectura al dictamen, la parlamentaria Brenda Colette Miranda Vargas (morena) aseguró que se trata de un acto histórico, pues, después de más de tres décadas, se expide una nueva ley para la máxima casa de estudios de la entidad, acorde con los retos y necesidades de la comunidad universitaria.

Puntualizó que la propuesta surgió de un proceso de consulta en el que participaron estudiantes, personal académico y administrativo, y que fue aprobada por unanimidad por el Consejo Universitario. Añadió que su presentación ante el Pleno se realizó con pleno respeto a la autonomía universitaria.

Al respecto, Octavio Martínez destacó que, después de 34 años de vigencia de la legislación anterior, se impulsó la renovación del marco normativo de la universidad, que contempla la gratuidad progresiva, la democratización de la institución, la ampliación del Consejo Universitario, su vinculación con los sectores público y privado y con la sociedad, así como la realización de una consulta cada 10 años para actualizar sus disposiciones.

Ante Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la UAEMéx, Gerardo Pliego aseguró que la reforma ofrece la oportunidad de fortalecer una institución que forme profesionistas, que produzca conocimiento, que impulse la movilidad social y contribuya a construir ciudadanía.

La parlamentaria Paola Jiménez Hernández (morena) reconoció el reto de ampliar la matrícula universitaria y señaló que la nueva integración del Consejo Universitario debe traducirse en una transición democrática y responsable. También destacó el fortalecimiento de la capacidad de autogobierno, los mecanismos internos de responsabilidad, la participación en las decisiones institucionales y la actualización de los objetivos de la universidad.

El dictamen, señala que, en cuanto a la actualización de los modelos de representación y elección de autoridades, la persona titular de la rectoría será elegida para un periodo ordinario por mayoría de votos, mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada integrante de la comunidad universitaria, y que los votos se contabilizarán por sector —alumnado, personal académico y administrativo—, conforme a la ponderación establecida en el Estatuto Universitario.

Además, establece que el nombramiento será otorgado por el Consejo Universitario, con base en el informe de resultados que presente el Órgano Electoral Universitario. En estos términos también se elegirán las personas directoras de los espacios académicos.

Como requisitos para ocupar la rectoría, quien aspire demostrará no haber recibido sanciones por responsabilidad universitaria, disciplinaria o administrativa; no haber sido condenada, mediante sentencia firme, por un delito doloso que amerite pena privativa de la libertad; no estar inhabilitada para el servicio público ni inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, así como presentar una propuesta de plan de trabajo universitario. Estos requisitos también serán aplicables a quienes aspiren a dirigir los espacios académicos.

Igualmente prevé supuestos para la remoción y destitución del cargo de la persona titular de la rectoría, ausencias o licencias, la elección o designación de la persona rectora sustituta, así como el nombramiento de una persona encargada.

En cuanto al Consejo Universitario, máxima autoridad de la institución, la nueva ley establece que su integración deberá garantizar la paridad en la representación del alumnado y del personal académico. Estará conformado por la persona titular de la rectoría; las personas directoras de facultades, centros universitarios, preparatorias, escuelas, unidades académicas profesionales e institutos; representantes de la asociación sindical del personal académico y administrativo titular del contrato colectivo; una persona representante del personal académico y dos del alumnado por cada espacio académico.

De acuerdo con esta distribución, el consejo estará integrado por 223 personas consejeras elegidas por mayoría de votos mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada persona integrante del sector de la comunidad.

Además, dentro de las atribuciones del consejo, estará la de diseñar e implementar políticas y acciones encaminadas a la gratuidad progresiva y a procurar, en todo momento, la sostenibilidad financiera de la universidad.

Respecto a la gratuidad de los servicios educativos, la nueva ley prevé la eliminación progresiva de los cobros por inscripción y reinscripción, conforme a la Ley General de Educación Superior. Para ello, la UAEMéx deberá aprobar y publicar, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, un plan de acción anual para avanzar gradualmente hacia la gratuidad, sin afectar el cumplimiento de sus fines ni poner en riesgo sus finanzas.

Dicho plan contendrá diagnóstico financiero, metas anuales de disminución de cobros, fuentes de financiamiento y mecanismos de seguimiento. Además, la rectoría gestionará los recursos ante las autoridades competentes y presentará anualmente un informe de resultados y, en su caso, justificación de limitaciones.

La reducción de los cobros no podrá compensarse mediante conceptos equivalentes que desvirtúen la gratuidad.

Asimismo, la universidad expedirá, en un término no mayor a 365 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley, un programa de accesibilidad física y digital, así como una estrategia universitaria de gobierno digital, ambos instrumentos deberán incorporar una perspectiva de derechos humanos e inclusión.

El Sistema de Ética y Justicia Universitaria, por otra parte, tendrá como funciones prevenir, conocer, resolver y sancionar, de forma integral y bajo un marco de ética, mediación, conciliación y justicia restaurativa, las faltas a la responsabilidad universitaria y las faltas disciplinarias cometidas por quienes integran la comunidad universitaria, para lo cual contará con independencia en su actuación.

De igual manera, el sistema empleará la mediación y la conciliación como mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre que la naturaleza de las conductas, la legislación aplicable y la protección de los derechos de las personas involucradas permitan su utilización.

Sobre el Órgano Electoral Universitario, garante de la democracia institucional, tendrá a su cargo la organización, conducción, vigilancia y validación de la legalidad del proceso electoral en la elección de la persona titular de la rectoría, de las personas titulares de las direcciones de los espacios académicos y de las personas consejeras. Asimismo, podrá encargarse de cualquier otro proceso de elección que el consejo determine.

El régimen disciplinario y de responsabilidades será aplicable al alumnado, al personal académico y administrativo, así como a quienes integran los órganos de gobierno de la universidad y el Órgano Electoral Universitario, conforme a lo establecido en la nueva ley y demás disposiciones normativas aplicables.

Lo anterior será aplicable siempre que las conductas no constituyan faltas de responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en cuyo caso se atenderá a lo previsto en dicha ley y las disposiciones aplicables.

Entre las atribuciones de la universidad estará la de establecer convenios de colaboración con los sectores público, social y privado, con el fin de impulsar la vinculación laboral de sus egresadas y egresados, facilitar su inserción profesional y promover el desarrollo de prácticas profesionales, servicio social y programas de empleabilidad.

Por otro lado, la universidad, a través de la vinculación social y extensión, pondrá al alcance de la sociedad su conocimiento, ciencia, humanismo, artes, cultura, innovación, deporte y capacidades, así como la prestación de servicios, por medio de alianzas con los sectores público, privado y social nacionales e internacionales, con la finalidad de atender problemáticas sociales y fortalecer el desarrollo local, regional y nacional, en apego a los principios de responsabilidad social universitaria.

El sistema de bienestar contempla la promoción de la salud física y mental; la seguridad y protección ante riesgos y violencias; el fomento de la cultura física y el deporte; la alimentación saludable; la disponibilidad de espacios universitarios adecuados y accesibles; el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, así como la promoción de una convivencia respetuosa, inclusiva y libre de violencias.

Finalmente, con la aprobación de la nueva legislación, que abroga la ley vigente desde 1992, se establece un proceso de transición para garantizar la continuidad de las autoridades universitarias, avanzar hacia la gratuidad de los servicios educativos, expedir el nuevo Estatuto Universitario e implementar gradualmente los sistemas, programas y servicios previstos, conforme a la disponibilidad presupuestal de la institución.